Las entidades financieras han decidido paralizar los desahucios «en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad». La decisión, hecha pública por la Asociación Española de Banca (AEB) y posteriormente por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) llega a la espera de que el Gobierno y el PSOE decidan cómo hacer frente a la presión social para paliar el problema de los desahucios en una reunión que tiene lugar este lunes en Madrid.
La patronal bancaria ha hecho pública su decisión en un comunicado donde sus entidades miembras se han comprometido a «paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años» en aquellos casos extremos. Según explica AEB, la iniciativa se ha tomado tras un intenso debate entre los bancos asociados «por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social».
Queda por ver cuáles son las causas que definirán las situaciones de «extrema necesidad» hasta que no entre en vigor la reforma normativa anunciada por los líderes políticos. En ella se prevé también que se amplien este y otros conceptos como el de «colectivos especialmente vulnerables», utilizados por la CECA, que según entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca serían «todos los que se encuentran en este tipo de procesos».
De todos modos, la banca se ha mostrado preocupada por los posibles cambios que el Gobierno quiera aportar a la ley hipotecaria y ha advertido de que algunas medidas podrían provocar un contagio de impagos e inseguridad jurídica, lo que aseguran que alejaría a los inversores extranjeros del sistema financiero español. Además, se correría el riesgo de que se estreche el mercado del crédito en un momento en que muchos españoles ya no pueden acceder a comprar una vivienda. La banca también asegura que si se estableciera la dación en pago o se modificaran seriamente las garantías, esto podría afectar a la cédulas hipotecarias de créditos hipotecarios que ya están vendidos por todo el mundo.
En relación con la moratoria de dos años, el Diputado de la Junta de Gobierno del ICAB y responsable de la comisión de normativa, Jesús Sánchez, ha valorado positivamente la iniciativa de las entidades de crédito pero asegura que lo que verdaderamente necesita España es una ley global de sobreendeudamiento para las personas físicas consumidoras y no regulaciones parciales o «parches legislativos» que se puedan hacer en momentos puntuales.
Sánchez recuerda que el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad una proposición de ley de sobreendeudamiento «muy bien elaborada» que está remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación, junto con otras propuestas relativas a esta cuestión.
Según el diputado de la junta de gobierno del ICAB, los bancos deberían adjudicarse las viviendas por un mínimo del 80% de su valor de tasación y no por el 60% actual. Además, las personas afectadas deberían poder pasar, según el abogado, primero por una Comisión Administrativa donde pudiesen pactar con los acreedores y en caso de no llegar a ningún acuerdo, que un juez analizara caso por caso las situaciones familiares de insolvencia y aturara los desahucios o execuciones si fuese necesario.
Sánchez califica de dramático que el artículo 1911 del Código Civil prevea que una persona deba responder a todos sus bienes presentes y futuros y asegura que España debe que regular el derecho a la segunda oportunidad, tal y como se prevee en la mayor parte de países europeos, para hacer frente al drama social de los procedimientos hipotecarios, que ya rozan los 400.000 en todo el país.
Los desahucios se frenarían ellos solos si los pisos vacíos, que no se utilizan, tuvieran que pagar una tasa, mensualmente, por la mitad de lo que,a precio de mercado, pagaría por él alguien que quisiera alquilarlo.
Los pisos vacíos no producen nada. Además ayudaría a llevar los pisos a los precios que les correspondería sin la sinrazón de especulación que nos ha llevado a las circunstancias que vivimos.Además acercaría las consecuencias de la crisis a quienes la provocaron, lo que es más de justicia.