El Consejo General de la Abogacía Española pedirá a partidos políticos, Defensor del Pueblo, jueces y organizaciones de consumidores que formulen recursos y cuestiones de inconstitucionalidad por vulneración de derechos si el Gobierno aprueba la Ley de Tasas, que esta tarde se votará en la Comisión de Justicia del Senado.

Así lo ha asegurado este lunes el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, durante la concentración celebrada ante los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en protesta por la tramitación de este tributo, bajo el lema “Los abogados, en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales”.

En la concentración, en la que han participado unas 300 personas, Carnicer ha estado acompañado del juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, junto a representantes de todas las candidaturas en el proceso electoral al Colegio de Madrid.

“Los abogados estamos defendiendo las libertades civiles de la ciudadanía. No es de recibo que, si se aprueba esta ley, la inmensa mayoría de los españoles tengan que pedir un préstamo para poder pagar las tasas judiciales”, ha asegurado Carnicer, quien añadió que la institución que preside impulsará los recursos de amparo que pueden plantearse cuando los ciudadanos dejen de pagar las tasas por “abusivas”.

El presidente de la Abogacía ha añadido que si el Gobierno mantiene esta ley es “porque no conoce la realidad social del país o porque la conoce y deja a la mayoría de los españoles sin acceso a la justicia”.

Carnicer ha recordado que un ciudadano tendría que abonar 19.500 euros en concepto de tasas, incluido el recurso ante el Tribunal Supremo, por un juicio de accidente de tráfico. Del mismo modo, en un procedimiento de divorcio con reclamación de pensión compensatoria de 200 euros mensuales, los ciudadanos tendrían que abonar 812 euros en tasas hasta ejercitar el recurso de apelación.

Esta concentración coincide con las que se han realizado de forma simultánea en todas las sedes judiciales o colegiales de España para reclamar la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas que se encuentra en tramitación en el Senado.

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L.Yúfera, ha lamentado que la justicia haya sido “siempre la gran olvidada por los Gobiernos” y ha reiterado que a pesar de la crisis económica ahora “más que nunca” se necesitan propuestas dirigidas a desbloquear “un colapso cada vez más grave”. Además, Yúfera ha dicho que la aprobación de la ley de tasas supone una doble imposición en Cataluña, lo que supone un agravio comparativo.

Otros colectivos como el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) también han protestado en contra de unas tasas que consideran atentatorias a la tutela judicial efectiva. El ICPB asegura que desde que tuvo conocimiento del proyecto de ley, presentó un total de 17 enmiendas que finalmente no se han tenido en cuenta. También declara que una vez la ley entre en vigor pedirá la revisión de aquellos procesos que ahora ya están grabados con la tasa autonómica para evitar la doble imposición. Los procuradores se muestran conscientes de la grave situación financiera de la Administración Pública pero no aceptan “que la actividad jurisdiccional sirva para recaudar tributos sin sentido ni coherencia y en detrimento de los ciudadanos”.

Las concentraciones representan el colofón a todas las acciones realizadas en los últimos meses y responden al rechazo del Consejo General de la Abogacía, los diferentes Consejos Autonómicos y los 83 Colegios de Abogados de España de la imposición de tasas judiciales para que los ciudadanos puedan pedir justicia ante los tribunales.