Por Jesús M. de Alfonso, presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona.
Que los conflictos dirimidos a través del arbitraje se acaban antes que los que se ventilan en los Tribunales es cosa sabida, que la inexistencia de formalidades evita mucho coste derivado del proceso también. Ahora se trata de que el arbitraje llegue a más personas y empresas y no sea un privilegio de una minoría selecta que lo conoce y sabe moverse bien en él.
Para alcanzar este objetivo el Tribunal Arbitral de Barcelona que este año ha cumplido su vigésimo aniversario, ha dado un paso verdaderamente innovador: Reunirse con sus homólogos de Catalunya y del resto del Estado para hacer futuro. Prestigiosos juristas e instituciones arbitrales semejantes van a trabajar para mejorar la recepción, uso y entendimiento de esta institución privada que permite obtener decisiones arbitrales –laudos- que la ley equipara a una sentencia firme.
La Justicia siempre ha sido privilegio de Soberanos que la han impartido a través de los jueces. La institución del arbitraje es un privilegio que se da al ciudadano para que a través de los árbitros que pacte o designe una institución arbitral previamente encargada de ello, obtenga una “justicia privada” de igual rango que la Justicia del Rey.
Tan importante privilegio debe extenderse y hacerse accesible a todos por sus beneficios que internacionalmente ya nadie duda.
La Carta del Arbitraje aprobada inicialmente por el Tribunal Arbitral de Barcelona es el inicio del “renacimiento” del arbitraje que se ofrecerá para su adhesión a todas las instituciones españolas que sientan recogidas en ella un significativo número de preocupaciones y acciones para lograr un mayor eco del arbitraje.
Entre las preocupaciones y por tanto líneas de actuación para hacer del arbitraje una herramienta al alcance de todos, destaca la formación de abogados y de empresarios ya desde las facultades de derecho hasta los estudios de postgrado y de formación continua de profesionales y en escuelas de negocio. Nadie puede recomendar aquello que desconoce y mucho menos tomar una decisión al respecto. Muchas instituciones arbitrales y la generación de asociaciones pro-arbitraje que difunden su estudio, son buena prueba de ello.
Los poderes públicos tienen un papel importante. El ciudadano debe poder saber que tiene una o varias opciones a los Tribunales. No difundir el arbitraje equivale a esconderlo. Hay Consejerías de Comunidades Autónomas que promueven el arbitraje en las sociedades mixtas sujetas a derecho privado. La difusión institucional del arbitraje es un deber hacia el ciudadano si queremos que haga una decisión informada.
La Carta del Arbitraje va a constituir un verdadero mapa de ruta para todos los que se relacionan con él.
