El proyecto procura reforzar los mecanismos de prevención para que el sistema financiero español no sea utilizado para estas dos prácticas delictivas.
En el informe, de 80 páginas, el CGPJ se muestra favorable al nuevo reglamento que incorpora a la normativa española la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre prevención del blanqueo de capitales.
Entre otros cambios legislativos, el máximo órgano de los jueces analiza positivamente que el Anteproyecto de Ley deje sin efecto la obligación de informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos personales en los ficheros de investigación.
El CGPJ apoya la propuesta de aumentar la cooperación entre los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal, así como el derecho de los abogados y procuradores a quedar excluidos del deber de informar sobre un cliente cuando obtienen datos de éste con la finalidad de fijar una posición jurídica o su representación en procesos judiciales.
El derecho al secreto profesional de los letrados no se mantendrá en caso de que se demuestra que el cliente les contrata expresamente para actividades de blanqueo de capitales.
El CGPJ aprueba la obligación de información, que pretenden favorecer la transparencia de las operaciones empresariales entre los directivos, empleados y agentes para que éstos puedan denunciar cualquier indicio de infracción ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Empresas u organizaciones tendrán la obligación de guardar los documentos referentes a las distintas operaciones durante un periodo mínimo de diez años y de designar a un representante encargado de los documentos y de las relaciones con el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
El CGPJ admite también la relación entre los derechos sancionadores administrativo y penal, que establecerá la nueva normativa.
