El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha valorado de forma «muy negativa» el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) a través de un informe aprovado el pasado 29 de mayo -disponible al pie de este artículo- en el que asegura que la normativa «no está justificada» y que restringe la competencia de forma «desproporcionada» e «innecesaria».
Dicha reforma prevé que, entre otras cuestiones, el ciudadano pueda elegir que sea el procurador, bajo la dirección del secretario judicial, el que se ocupe de practicar los actos de comunicación, embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso. Ello «robustece», según la CNC, el marco «innecesario y desproporcionadamente restrictivo de la competencia» en la prestación de los servicios de representación procesal, al otorgar determinadas funciones correspondientes a la esfera del Secretario Judicial en exclusiva a los procuradores.
Asimismo, la CNC expone que «no se aprecia justificación en aras de razón de interés general alguna, más allá de la explicitada voluntad de que la figura del Procurador de los Tribunales ‘adquiera un papel más relevante en su función de auxilio a la Administración de Justicia’, ni una vinculación de las medidas a la mejora de un posible interés general». La Comisión también afirma que existen vías «menos restrictivas de la competencia» para potenciar el funcionamiento de la Administración de Justicia en los ámbitos que el Anteproyecto ahora reserva a los procuradores, como la posibilidad de que otros profesionales técnicamente competentes, y no solo los procuradores, puedan realizar las funciones de representación.
Asimismo, la Comisión recomienda que el órgano proponente indique la razón por la cual los ciudadanos y empresas «con plena capacidad jurídica ante la práctica totalidad de las administraciones de la Unión Europea», no pueden representarse a sí mismos ante la Administración española de Justicia. Competencia asegura que la posibilidad de representarse sin intermediarios permitiría reducir costes y favorecería la competencia e afirma que esta situación supone una singularidad en Europa que «por derecho comparado se muestra innecesaria». Por ello, insta a modificar el marco actual «urgentemente, procediendo a la liberalización del servicio de procura”, lo que implica eliminar la “obligatoriedad” de la representación procesal, analizar el sometimiento de dicha actividad a colegiación, facilitar el acceso académico-formativo a la profesión y eliminar el arancel como mecanismo de retribución.
En su opinión, la posibilidad de representarse sin intermediarios “permitiría reducir costes y favorecería la competencia”, así como reducir cargas administrativas de particulares y empresas, fomentar la competencia y la creación de empleo y evitar fragmentaciones del mercado”. “Se debería eliminar la representación procesal obligatoria”, señala.
Por último, Competencia también solicita la supresión de la incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de ambas profesiones, abogado y procurador, prevista en el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Servicios Profesionales.
Informe de la CNC sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
