CNMVLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aplaudido la nueva regulación del sector legal prevista en el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales aunque sostiene que todavía no es suficiente. Uno de los elementos más criticados en el informe hecho público la pasada semana y disponible al pie del artículo es la atribución en exclusiva de la representación procesal a los procuradores en aquellos casos que ostentan la condición de agentes de la autoridad.

La Comisión considera que, en primer lugar, no existe razón imperiosa de interés general para el mantenimiento de la obligación de representación procesal en España. Y añade: “Tampoco existe ninguna razón para conceder la exclusividad a los procuradores cuando ostentan la condición de agentes de la autoridad. Existen en España otros colectivos profesionales técnicamente capacitados para desarrollar tales tareas, incluidas la recepción y práctica de actos de comunicación procesal y notificaciones”.

El órgano de protección de la competencia recuerda que la razón explícitamente argumentada es incrementar la relevancia del papel de los procuradores en los procedimientos judiciales, lo que la Comisión define de “tautología que confunde objetivo y resultado, que no recoge ninguna razón de interés general y que no puede considerarse aceptable”.

A pesar de ello, la CNMC sostiene que el anteproyecto de ley presenta dos avances significativos en régimen de los procuradores: la supresión de la retribución mediante aranceles y la compatibilidad simultánea por la misma persona del ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. “Ambas modificaciones permiten una mayor tensión competitiva con efectos sobre la calidad de los servicios y los precios pagados por los usuarios. No obstante, su alcance es limitado, puesto que no afecta a las funciones en las que el procurador actúa como agente de la autoridad”, precisa.

En este sentido, la Comisión considera “excesiva” la atribución del carácter de autoridad pública a unos profesionales liberales, en actividades sujetas al control y las directrices de los Secretarios Judiciales y sostiene que constituye “un modo de reservar actividades de forma insuficientemente justificada por innecesaria” por lo que solicita la supresión de esta reserva de actividad en la reforma de la normativa.

Ejercicio simultáneo de profesiones

En cuanto al ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador, la CNMC considera que la propuesta es “una mejora regulatoria de relevancia que favorece la competencia” aunque insiste en que con la redacción actual del anteproyecto persisten las restricciones de acceso al ejercicio simultáneo al exigirse estar colegiado en ambos colegios para simultanear las profesiones. “Así, las posibilidades reales de que exista una simultaneidad en el ejercicio se reducen y los costes para el prestador, y en consecuencia para el usuario final, se incrementan innecesariamente” asegura el organismo.

Por ello solicita que se modifique la redacción de manera que sea suficiente para poder ejercer ambas profesiones simultáneamente la obtención de cualquiera de los títulos necesarios en la legislación vigente y estar colegiado en cualquiera de los colegios profesionales, cuando la colegiación fuese obligatoria.

Cuota colegial

El artículo 26.3 del anteproyecto de LSP regula la cuota de inscripción o colegiación, señalando que no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Por su parte, la disposición adicional décimo primera establece un límite máximo de la misma en 40 euros, siendo esta cuantía revisable por el Gobierno. Además, el artículo 48 regula las cuotas de los colegiados adscritos a colegiación obligatoria, y la disposición adicional décimo segunda establece un tope de 250 euros anuales, también revisable por el Gobierno.

En este sentido, la Comisión propone que se prohiba el cobro de cuotas de inscripción o de pagos de efecto equivalente, “al menos con relación a los colegios de colegiación obligatoria”, precisa. Según la CNMC, la determinación de dichos precios máximos conllevaría un “riesgo de precios de referencia o precios focales que, convirtiéndose de hecho en un precio único, limiten la posible competencia, directa o referencial, entre Colegios para reducir eficientemente los costes a sus colegiados”.

Sofía Fernández Peña, abogada de Sevilla y Presidenta de la Asociación Cuota Colegial Mínima, asegura que más de 30 de los 80 colegios de abogados de España están cobrando cuotas de incorporación superiores al Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 645,30 euros. Por ello lamenta que las cuotas colegiales no estén limitadas por ley y explica que la asociación que preside está recogiendo firmas para pedir al Ministerio de Justicia que incluya dicha limitación en la regulación de los Servicios Profesionales.

Informe de la CNMC sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales

2 Comentarios

  1. Una más de la CNMC, antigua CNMV. Una más que muestra el desconocimiento total de lo que es la realidad judicial en España. Una más en la que, amparándose en la libertad de mercado pretende una desregulación total de las profesiones jurídicas. Una más en la que sólo argumenta vaguedades como cuando dice que “Existen en España otros colectivos profesionales técnicamente capacitados para desarrollar tales tareas, incluidas la recepción y práctica de actos de comunicación procesal y notificaciones”. ¿Qué colectivos son esos?. Al menos que los nombre y sabremos a quiénes se refiere.
    Señores de la CNMC, ignoro su cualificación profesional o si la esposa de alguno de ustedes se fugó con un procurador, pero lo que sí tengo claro es que ustedes no tienen ni idea de lo que es un Juzgado ni de lo que es un procedimiento judicial, ni de lo difícil, por no decir imposible, que es compatibilizar las profesiones de abogado y de procurador, ya no sólo materialmente si no deontológicamente.
    Desregulen, desregulen que, a la postre, el que saldrá perjudicado será el ciudadano que no sabrá a quién acudir cuando el profesional que le defendió-representó incurra en responsabilidad profesional.

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