María LujánPor María Luján, abogada

La recurribilidad de ciertas resoluciones judiciales se nos presenta en ciertas oportunidades como inimaginable. Tal es el caso de los autos de sobreseimiento libre, que aparecen a simple vista como un blindaje contra cualquier posibilidad de recurso, aun cuando el sentido de dicha resolución se nos revele poco consistente.

Se debaten las partes y ante la disyuntiva entre hacer prevalecer el sentido común y la palabra del órgano jurisdiccional, pueden encontrarse en un callejón sin salida.

Pues bien, en el caso que nos convoca, hemos de decir, que, pese a la dificultad que presenta la posibilidad de revocación de tal clase de resoluciones de sobreseimiento libre, sobre todo de cara a la infranqueable barrera del principio de bis in idem, la doctrina del TS y del TC se ha enfrentado ya a recursos de casación y queja, (en el caso del Tribunal Supremo) y de amparo (en el caso del Tribunal Constitucional), en que el sobreseimiento definitivo no resulta admisible. Todo depende, en definitiva, del respeto por el principio de inmediación en fase de instrucción, que no puede pasarse por alto.

Un escollo que se nos presenta ante la necesidad de un recurso que permita acceso a la vía casacional en casos de sobreseimiento libre y archivo, viene representado por los requisitos impuestos por el Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno del TS.

Según dicho acuerdo de fecha 9 de febrero de 2.005, los autos de sobreseimiento dictados en apelación en un procedimiento abreviado sólo son recurribles en casación cuando concurran estas tres condiciones:

1ª) Se trate de un auto de sobreseimiento libre

2ª) Haya recaído imputación judicial equivalente a procesamiento, entendiéndose por tal la resolución judicial en que se describe el hecho, se consigne el derecho aplicable y se indiquen las personas responsables

3ª) El auto haya sido dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación. Por lo que, en base a tal doctrina, aplicada en numerosas resoluciones como, entre otras, el ATS.

No obstante, hemos de tener presente que, esta práctica, si bien ortodoxa, no está exenta de críticas, dado que, el primer escollo con que tropieza es el carácter precisamente, no jurisdiccional de dichos acuerdos, que al no integrarse en el cuerpo de jurisprudencia consolidada del TS, no puede ser aplicado directamente a cada caso concreto de forma automática.

Por tanto, en caso de no verificarse alguno de los requisitos que el Acuerdo exige, cosa que requiere de un examen previo, que debe ejercer la propia Sala de lo Penal en sede de Casación, y que no puede rehusar, la vía para acceder a éste recurso extraordinario queda expedita.

De lo contrario, quedan violados el artículo 24 y 120 CE, dado que la aplicación mecanicista de un Acuerdo de orden no jurisdiccional sin mayor fundamento, redunda en perjuicio del recurrente y en falta de motivación, sin olvidar toda la doctrina sobre la tutela efectiva y teniendo presente que, el derecho de acceso a los recursos en sede penal (máxime el recurso del que aquí tratamos), es contemplado con carácter sumamente restrictivo.

El fundamento de este acuerdo, no es otro que el derecho a la segunda instancia, que se juzga atendido cuando un fallo de instancia accede por fin al examen de la audiencia, considerándose satisfecho el derecho de las partes al acceso a los recursos y a una segunda instancia con todas las garantías, en casos en que se sobresee libremente a un imputado.

En este sentido consideramos que el auto que inadmite a trámite la preparación del Recurso de Casación, no se encuentra suficientemente motivado si opone exclusivamente el contenido del Acuerdo citado sin brindar mayores fundamentos, limitándose a reproducir el contenido del Acuerdo del Pleno por el que se enumeran los requisitos de procedibilidad de recursos de casación contra autos de sobreseimiento libre, sin adecuar su examen y aplicación a las circunstancias del supuesto de hecho.

Puede considerarse en estos casos que existe incongruencia omisiva respecto de la que también se configura el motivo de quebrantamiento de forma.

En apoyo de nuestra posición, cabe invocar el artículo 264 LOPJ, por el cual, es posible inferir, que, dichos acuerdos no tienen valor enteramente jurisdiccional, y la Sala Segunda del TS podría inclusive apartarse del mismo en la medida en que el auto recurrido, resulta ausente de motivación respecto de los motivos de apelación siempre que estos hayan sido oportunamente denunciados, todo lo cual abre la vía casacional y en caso de inadmisión aún podrá acudirse al recurso de queja, una vez cumplidos los requisitos que le son propios.

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