Por José Maria Davó Fernández. Miembro de la Comisión Disciplinaria de Apelación de la Corte Penal Internacional.  

Nuestros parámetros de Justicia ya no se ciñen solo a los problemas s domésticos, de los que solo afectan a los ciudadanos de una nación en concreto. El ideal es más trascendente y no solo porque ahora tengamos conocimiento de atrocidades cometidas en regiones del mundo que, de entrada, ni sabríamos localizar geográficamente con exactitud.

La Justicia, que en el ámbito nacional se circunscribe a pacificar las relaciones entre particulares, o entre estos y las Administraciones de la nación, en el plano internacional encuentra una componente política –el tradicional principio de soberanía- con el que se justifica el rechazo a los deseos de interferencia de otro país, en lo que un Estado consideran son sus asuntos internos.

Razonamiento que ha propiciado la inoperancia que, durante muchos años, ha tenido la Justicia para evitar situaciones de impunidad de actos brutalmente lesivos, cometidos contra los derechos más elementales de indefensos ciudadanos por dictadores, reyezuelos o militares de alta graduación y baja estofa y quienes a su amparo ejecutan sanguinariamente aquellos delitos.

Siniestros sujetos que gozaban de impunidad en el propio país de donde son nacionales los criminales y las víctimas, sin que tampoco a ninguna nación extranjera se le permitiera tomar acción de justicia contra quienes no estaban bajo su jurisdicción. Una situación la descrita, que lamentablemente no pertenece al  pasado, sino que se da en la actualidad, y al menos en cuatro de los cinco Continentes.

Tamaña situación de impunidad hoy en día repugna socialmente,  gracias a una cada vez más creciente demanda de Justicia con mayúsculas; proscripción de impunidad que resulta más patente  especialmente frente a los llamados “crímenes de lesa humanidad”. Es ese clamor de Justicia Universal la que ha propiciado la apertura de una nueva vía en la escalada hacia la protección integral de los derechos humanos. Lo que empezó, bajo los auspicios de la Cruz Roja Internacional, siendo un instrumento de protección para situaciones bélicas y de postconflicto, el llamado Derecho Internacional Humanitario, luego se extendió a la protección integral del ser humano en toda circunstancia; y se ha visto acompañado de la creación de Tribunales Internacionales de Justicia, fundamentalmente los referidos al ámbito penal y al de protección de los derechos humanos.

De ahí que hace apenas un decenio fuera difícilmente imaginable que un Tribunal no adscrito a una determinada nación, y legítimamente constituido por jueces procedentes de todo el mundo, seleccionados con  criterios precisos de proporcionalidad, dictara una orden de detención contra un Jefe de Estado en el ejercicio del poder. Hoy en día, sin embargo, ese Tribunal existe, y ha emitido sendas requisitorias pendientes de ejecutar: una, contra el presidente de la Republica de Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir;  y la  más reciente, contra Muammar Gaddafi, presidente del Estado Libio.

Todo gracias a que un 17 de julio de hace ya –o tan solo- trece años, ciento veinte Estados, auspiciados por la ONU, adoptaron el Estatuto de Roma, Tratado fundador de la CortePenalInternacional. Una Corte, ubicada en la LaHaya, que a menudo es confundida por los no versados con el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, que radica en la misma ciudad, encargado actualmente de juzgar, entre otros menos famosos por sus atrocidades, al militar serbobosnio Ratklo Mladic, a Radovan Karadži? o al presidente Slobodan Milosevich, fallecido durante su enjuiciamiento. Una Corte que conoce actualmente solo de tres delitos: el de genocidio,  los delitos contra la humanidad y los crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal permanente y absolutamente independiente, que conoce de unos delitos previamente tipificados y responde al principio penal, universalmente aceptado, de que no actúa retroactivamente, por lo que enjuicia solo situaciones surgidas con posterioridad a su creación.

Si bien los tribunales internacionales de justicia responden a un mismo ideal de justicia, la Corte Penal Internacional es el primer tribunal permanente, a diferencia de los otros existentes y antecedentes (los de Nuremberg, Tokio, Camboya, Ruanda, antigua Yugoslavia, Sierra Leona, Líbano)  que se constituyeron para un conflicto concreto y por un periodo determinado. Aunque la Corte está auspiciada por la ONU es absolutamente independiente, y responde solo a los acuerdos de los 116 Estados que son parte del Tratado. Si bien conoce actualmente solo de cuatro delitos -el de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra- tiene en estudio la tipificación del delito de agresión y el de terrorismo.

A diferencia de los otros tribunales, responde al principio penal de irretroactividad de la ley aplicable, sin enjuiciar por ello situaciones previas a su constitución, ni por delitos que no estén previamente tipificados. Así lo define claramente el artículo 11 del Estatuto al indicar que La Corte “tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto.” Por lo que –continua diciendo el precepto-  “Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado”.

Los procedimientos se incoan (Art. 13) bien porque un Estado Parte del Tratado remita al Fiscal la notitia criminis, bien a requerimientos del Consejo de Seguridad de la ONU, o de oficio por el Fiscal. Y una característica muy singular es que la Corte tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales; estableciendo por ello como cuestiones de inadmisibilidad (art. 17) que el asunto ya sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él; salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo.

Una Corte, en fin,  en plena actividad –dos juicios en curso, uno de ellos concluso para sentencia, y diez actuaciones en fase de instrucción-  que comenzó actuando contra países situados todos en el continente africano, y ha extendido sus investigaciones a países de otros  continentes Un Tribunal que va colmando, progresivamente, la exigencia social universal de lucha contra la impunidad de los delitos perpetrados contra la Humanidad, quienquiera sea su autor y el lugar donde se cometan.

 

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