El auge del mercado de la vivienda de alquiler durante los últimos años ha representado una importante transformación social en un país tradicionalmente constituido de forma mayoritaria por propietarios. Según la reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida del INE, el número de hogares en régimen de alquiler se situaba algo por encima de los 3 millones en 2018, frente a los 2,4 millones de 2008, lo que equivale a un crecimiento del 25% en una década.

Según el estudio Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda, publicado por el Banco de España (BdE), “la dificultad de los colectivos con menor renta para incrementar sus ingresos por la aún elevada incidencia del desempleo, la escasa duración de los nuevos contratos laborales o la mayor relevancia de la jornada reducida habrían aumentado la demanda de alquiler residencial, especialmente entre los hogares jóvenes”. Concretamente, la proporción de población que vive en España en una vivienda de alquiler alcanzó en 2018 el 23,9%, cuatro puntos y medio por encima del 19,4% que se registraba en 2005.

Fuente: Banco de España

De la morosidad hipotecaria al impago de alquileres

Este incremento de la demanda ha ido, consecuentemente, acompañado de un aumento en los coste de los alquileres. Siguiendo con el informe del BdE, “los precios de oferta del alquiler residencial en el conjunto de España han mostrado un notable dinamismo desde su mínimo a finales de 2013”, con crecimientos acumulados hasta mediados de 2019 en el entorno del 50%.

Fuente: Banco de España / Idealista

Este aumento de los precios de alquiler junto con la precariedad laboral, ha dado lugar a que la morosidad en los alquileres haya aumentado notablemente en los últimos años. Una consecuencia de ello es la subida del número de lanzamientos (desahucios) por impago de rentas de alquiler, que entre 2016 y 2018 ha crecido un 9%, según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, el número de este tipo de lanzamientos prácticamente duplica al relacionado con los impagos de hipotecas.

Los propietarios reclaman mayor protección

Este auge en la demanda de vivienda de alquiler, el incremento de los precios en el mercado y el aumento en los impagos por parte de los inquilinos han generado inquietud entre los propietarios de inmuebles, que ven como la citada morosidad hipotecaria que han venido soportando los bancos durante la crisis se ha trasladado progresivamente al impago de rentas por alquileres en los últimos años.

En este sentido, entre enero de 2016 y agosto de 2019, las contrataciones de seguros contra el impago de alquiler se han disparado un 158%, según cifras propias de DAS Seguros. Este tipo de seguros además de cubrir en favor del propietario el adelanto de las rentas de alquiler si el inquilino no paga, ofrecen asistencia legal ante un eventual proceso de desahucio y el asesoramiento y protección legal frente a los vecinos, la comunidad de propietarios, al comprar bienes para el inmueble, etc.

Tras los vaivenes legales iniciados a finales 2018, la aprobación por parte del Gobierno del decreto de medidas urgentes de vivienda y alquiler el pasado mes de marzo no ha hecho más que confirmar la preocupación de los propietarios. El contenido de dicha normativa (se aumentó el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada de 3 a 5 años para personas físicas y hasta 7 años si es persona jurídica) ha provocado que los arrendadores quieran protegerse mejor contra posibles impagos en una relación que ha prolongado su duración potencial.

Más consultas jurídicas sobre alquileres

Más allá de la contratación de seguros contra el impago de alquileres, la preocupación social sobre esta cuestión se refleja en otros campos. A nivel legal, las consultas de los ciudadanos sobre arrendamientos que recibe el Centro de Asistencia Jurídica de DAS Seguros han crecido más de cuatro puntos porcentuales entre 2018 y 2019 y ya representan el grupo más numeroso en términos absolutos, por encima de las multas de tráfico, los problemas relativos al consumo o los temas de derecho laboral.

Fuente: Llorente y Cuenca