Diego García PazPor Diego García Paz, letrado de la Comunidad de Madrid y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

El acatamiento de las órdenes es un presupuesto básico para garantizar la seguridad jurídica en el funcionamiento de todas las instituciones, no sólo en cuanto a la relación jurídico administrativa o jurídico tributaria entre la Administración y los particulares, sino también en lo que hace al propio devenir interno de las entidades públicas, pues para realizar sus fines y cumplir los cometidos propios del interés público que se le encomiendan por el ordenamiento jurídico es imprescindible el respeto a los principios esenciales del Derecho Administrativo, entre ellos el principio de jerarquía, del que se deriva la necesaria obediencia a todas aquellas órdenes que los órganos superiores, dentro de sus competencias propias o recibidas y formalmente provistas, puedan dictar.

El incumplimiento de las órdenes cuenta con una necesaria previsión penal, siendo tipificada la conducta de aquellos funcionarios o autoridades que de una forma expresa y continuada no acatan aquellos mandatos que sus superiores les dirigen, dando con ello cobertura punitiva a la lesión del bien jurídico que resulta afectado con la acción típica, que no es sino el correcto funcionamiento de la Administración Pública, el normal desarrollo de los servicios públicos y los principios rectores de jerarquía y autoridad administrativa que se comprometen con la acción antijurídica realizada, alcanzando en su desvalor a los propios intereses de la ciudadanía a consecuencia de una puntual o continuada insubordinación. Los artículos 410, 556 y 634 del Código Penal contemplan la conducta descrita, en su modalidad más grave, como delito de desobediencia a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior por parte de un funcionario público, siendo éste, por lo tanto, un delito de autoría especial que se realiza exclusivamente por el servidor público y afecta a intereses de la Administración; la conducta realizada por cualquier persona a la que se le dirige el mandato, constituyendo el delito de desobediencia en sentido genérico; y la falta de desobediencia, que cuenta con una menor lesividad del bien jurídico protegido. En todo caso se trata de injustos dolosos, pues exigen la firme voluntad del sujeto activo desobediente de no acatar la orden, sabedor de estar obligado a ello, mostrando la abierta intención, una vez comprendida la orden y sin ningún tipo de error que afecte al reproche penal, de no cumplir lo mandado. No cabe, por lo tanto, la comisión culposa de este injusto.

Resulta de especial interés analizar aquí las razones por las que la desobediencia puede no implicar consecuencia penal alguna, ya que existen ocasiones en las que, aun en presencia de la conducta típicamente descrita, no se deriva una sanción. En especial, y en lo que hace a la desobediencia cometida en el seno de la función pública, son dos los fundamentos por los que, no obstante constar la negativa expresa, continuada, firme y voluntaria de un funcionario respecto del mandato, no existe para éste efecto penal:

– Porque la orden adolezca de vicios formales flagrantes, tales como que se haya dictado por un órgano superior que no tenga competencia para ello o bien porque, aun cuando el superior jerárquico o la autoridad tenga competencia, el mandato no esté formalmente provisto, al carecer de elementos adicionales imprescindibles y legalmente exigidos para generar la obligación de su cumplimiento, tales como informes vinculantes, autorizaciones previas o conformidades por parte de otros órganos que constituyen la base legal de la eficacia del mandato, y sin los cuales la orden correspondiente carece de virtualidad jurídica. Ello hace preciso conocer con precisión los requerimientos legales de cada tipo de orden que se emita y examinar su contenido. En definitiva, en este caso la exclusión del reproche penal derivado del artículo 410 CP procede de la no integración del tipo o elemento objetivo del injusto, ya que el precepto determina que la orden incumplida ha de ser dictada por el órgano competente y estar provista de todos los elementos exigidos en cada caso por la Ley.

– A mayor abundamiento, el artículo 410.2 del Código Penal prevé una causa de justificación estricto sensu, y es que, aún cuando la orden reúna todos los requisitos para su obligatoriedad, se justifica la desobediencia y queda eliminada la antijuridicidad de la conducta si el mandato tiene un contenido que supone una afrenta a la Ley, infringiendo la misma de una forma clara y terminante. En el caso de existir una orden cuyo acatamiento suponga quebrantar el ordenamiento jurídico y producir la lesión de bienes propios, de terceros o incluso de la propia Administración, cabe la desobediencia, está justificada la misma, y en caso de imputarse el delito previsto en el artículo 410, pues el tipo objetivo se integra con la conducta que indiscutiblemente se ha realizado y así resulta probada, bien sea de una forma activa, negando abiertamente cumplir la orden dada, o de un modo pasivo, no realizando actuación alguna por parte de su destinatario en aras al cumplimento de lo ordenado, deberá acreditarse, en el momento procesal oportuno derivado de dicha imputación y a través de la mención de las normas que resultarían vulneradas y de los bienes jurídicos perjudicados en caso de acatamiento, la concurrencia de la causa de justificación.

En definitiva, la falta de acatamiento de una orden o la insumisión a un mandato, siempre y cuando concurran alguna de las circunstancias que se han referido, queda, por las razones técnicas expuestas, excluida de la responsabilidad criminal, y si bien la causa de justificación está expresamente prevista en el artículo 410 del Código Penal, respecto del sujeto activo funcionario público, dada la identidad de la conducta o acción contemplada en todas las modalidades de desobediencia, ya sea leve o cometida por particulares, nada impide considerarla en tales supuestos, pues no se trata de una aplicación extensiva in malam partem o contra reo, lo que referido a causas de justificación, por la propia naturaleza jurídica de éstas, no resulta viable, sino que además, y por el contrario, constituye un beneficio para el imputado o acusado, si en su caso se manifiestan los requisitos expuestos para justificar la desobediencia, así como una manifestación evidente de congruencia legal y procesal.

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