La supresión de la Golden Visa en España no ha logrado frenar el aumento del precio de la vivienda ni corregir los desequilibrios del mercado inmobiliario. Meses después de su derogación, los precios continúan al alza, reforzando la idea de que este mecanismo tenía una incidencia limitada en el mercado residencial. Sin embargo, la medida sí ha tenido consecuencias en otro ámbito: la creación de un vacío normativo y administrativo que complica la llegada y regularización de determinados perfiles inversores.
“La Golden Visa no era el origen del problema de la vivienda y los datos lo confirman”, afirma Juan Carlos Lois, socio de Movilidad Internacional de RSM. “Su eliminación no ha tenido efectos sobre los precios, pero sí ha generado dificultades prácticas para inversores que hasta ahora contaban con un marco jurídico claro y predecible”.
La derogación no solo afectó al permiso vinculado a la inversión inmobiliaria. También desaparecieron otras vías de residencia asociadas a inversiones financieras o proyectos considerados de interés general, fórmulas que nunca habían generado presión sobre el mercado de la vivienda. “Se eliminaron instrumentos que no estaban provocando el problema que se quería solucionar y, además, no se diseñó una alternativa para estos perfiles”, explica Margarita Volkova, manager del departamento de Movilidad Internacional de RSM.
A pesar de los cambios regulatorios, España sigue despertando interés entre inversores internacionales. El atractivo del país como destino para residir, invertir y desarrollar proyectos empresariales permanece intacto. No obstante, la desaparición de la Golden Visa ha llevado a muchos solicitantes a recurrir a figuras migratorias concebidas para otros fines, como el visado para teletrabajadores internacionales o la residencia no lucrativa.
“Esto ha generado una distorsión evidente del sistema migratorio”, señala Volkova. “Inversores con actividad económica real en España se ven obligados a encajar en permisos que no responden a sus necesidades ni a su realidad profesional”.
A esta situación se suman los problemas derivados de la propia implementación de la derogación. Según los expertos, determinados errores técnicos dejaron sin cobertura algunos supuestos esenciales, como el de menores no nacidos en España. Además, numerosos expedientes fueron derivados al régimen general de extranjería, aumentando la carga administrativa de las Oficinas de Extranjería y provocando diferencias de criterio entre territorios.
“La falta de homogeneidad administrativa ha añadido incertidumbre a familias que estaban tramitando su residencia de forma completamente regular”, apunta Lois.
Aunque la Unidad de Grandes Empresas ha establecido criterios relativamente claros para las renovaciones de permisos ya concedidos, los especialistas advierten de que no existe la misma uniformidad en el ámbito consular ni en el Ministerio de Asuntos Exteriores. “Se han producido situaciones en las que visados han quedado bloqueados pese a existir resoluciones de residencia favorables, algo difícil de justificar desde la perspectiva de la seguridad jurídica”, añade.
En paralelo, el espacio que ha dejado la Golden Visa está siendo ocupado progresivamente por el visado para teletrabajadores internacionales, conocido como Digital Nomad Visa. Las cifras muestran un aumento de solicitudes por esta vía, impulsado por profesionales internacionales con capacidad económica y proyectos consolidados que, en otro contexto, habrían optado por la residencia por inversión.
Según los expertos, no se trata de una fórmula utilizada como atajo, sino de una adaptación natural de la demanda al nuevo marco normativo. La necesidad de residir en España sigue existiendo, pero ahora encuentra salida en categorías migratorias que ofrecen una mayor previsibilidad jurídica y administrativa.
Mientras tanto, otros países europeos han optado por reformular sus programas de residencia por inversión durante 2025, limitando su vinculación con el sector inmobiliario y orientándolos hacia proyectos estratégicos o de impacto económico. España, en cambio, decidió eliminar el sistema sin desarrollar una alternativa específica para este tipo de inversores.
“Un inversor que impulsa proyectos, genera actividad económica y no representa una carga para el Estado necesita un marco propio, claro y transparente”, concluye Volkova. “No tiene por qué estar vinculado a la compra de vivienda, pero sí debe responder a la realidad económica y a las necesidades del país”.
Para los especialistas, la eliminación de la Golden Visa no ha resuelto el problema del acceso a la vivienda, pero sí ha introducido incertidumbre para quienes desean establecerse e invertir en España. Corregir este vacío normativo se perfila ahora como un reto estratégico para reforzar la seguridad jurídica, la competitividad y la coherencia del sistema migratorio español.
