“Es evidente que cualquier sociedad desarrollada tiene un sistema de justicia moderno y eficiente. En un momento como el actual desde el CGPJ debemos ser cuidados con los recursos limitados y  poder en un futuro no muy lejano, ser conscientes del impacto económico de las decisiones de cada uno de nosotros, magistrados”. Estas fueron las palabras que como colofón impartió Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Supremo, en el acto de presentación del libro-informe “La Economía de la Administración de Justicia”, un trabajo que vio la luz hace tres años en lengua inglesa en el Reino Unido y que ayer se presentó ante la plana mayor de la judicatura española.

Mari del Pino Calvo Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael del Pino, en honor a su ilustre padre, ya lo comentaba al inicio de este acto. “Este no es un libro cualquiera, sino la interacción de la justicia con la ciencia económica”. Este estudio, del que ya disponemos de su versión en castellano tuvo como padrinos a  a Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo y a Claro José fernández Carnicero, vocal de esta institución,  con la citada Maria del Pino y los autores, Francisco Cabrillo y Sean Fitzpatrick. En  las primeras filas del salón de actos de este CGPJ se podía divisar a Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, Fernando Román, Secretario de Estado de Justicia, Angel Juanes, presidente de la AN, Francisco Javier Vieira, presidente del TSJ de Madrid y vocales como Antonio Dorado, Margarita Robles y el propio Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, entre otras personalidades

Esta publicación, sobre la que los autores dejaron claro que ha habido años de investigación y trabajo, es una de las primeras que analiza de forma rigurosa la administración de justicia y la litigación y un claro ejemplo de la vinculación de la Fundación Rafael del Pino al mundo de la justicia:”Nuestra entidad lleva colaborando doce años de forma continuada con el CGPJ en diversos proyectos, señaló la presidenta dela entidad.” Explicó la presidenta de la Fundación Rafael del Pino.  A este respecto citó los cursos organizados para jueces durante el 2002 en temas financieros y de competencias y el acuerdo que por cinco años, de 2006-11, ahora de nuevo prorrogado, ha permitido que se estudiase los costes de las dilaciones y demoras en el derecho de familia. “Ahora, con el nuevo acuerdo queremos trabajar también de la misma forma en el derecho mercantil”

En opinión de Claro José Fernández Carnicero, vocal del CGPJ, “una publicación de estas características aborda de forma rigurosa y profunda el coste económico del funcionamiento de nuestra justicia, a la vez que el coste de otras decisiones y su impacto económico que los magistrados solemos tomar o no”. Desde su punto de vista resulta fundamental perder el miedo a los números y poder cuantificar cualquier decisión o actividad desde una vertiente económica.”Es evidente que en un momento como el que vivimos se va a pedir al CGPJ que haga un uso eficiente y equitativo de los recursos limitados que dispone”

Para Francisco Cabrillo, (en la foto siguiente) con el que pudimos charlar al finalizar este acto, uno de los autores de este trabajo de derecho comparado de investigación, “este libro puede ser útil en dos sentidos, en el momento que vivimos; realiza un análisis objetivo de la eficiencia de diferentes sistemas de administración de justicia, para ello se han analizado instituciones que coinciden tanto en el  common law como en el derecho continental. Además aportamos diferentes conclusiones normativas interesantes sobre como se puede mejorar la administración de justicia en un país desarrollado como es España”.

Mejoras de organización y reformas procesales

Desde su punto de vista los más de 40.000 millones de euros que están en los juzgados en muchos asuntos, pendiente de trámite, “es un coste que se debe asumir y ver la forma de reducir su cuantía porque de esa manera, es posible que nos beneficiemos todos”. Estamos en un momento de pocas inversiones y optimización de recursos tal y como lo han señalado en varias ocasiones, el presidente Mariano Rajoy y el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón”además del gasto público y su control, también es importante mejorar la organización interna de la administración de justicia, y un segundo aspecto que tiene que ver con la puesta en marcha de reformas procesales que creen incentivos de comportamiento eficientes y que disuadan otros comportamientos por parte de litigantes, abogados etc que generen dilaciones en los procesos”.

Desde su punto de vista todos estos cambios, y más en un momento de crisis, pueden abrir la puerta al desarrollo de las transacciones o métodos extrajudiciales en nuestro país. “Creo que se van a compaginar las transacciones extrajudiciales y aquellas que puedan introducirse en los propios procedimientos judiciales”De hecho, en su estudio ha constatado que muchos países de economía avanzada han apostado por fomentar la gran diversidad de métodos extrajudiciales que existen en la actualidad.  “En algunos de estos países, el juez incentiva las transacciones al amparo de la legislación que fomenta su presencia en muchas de estos procesos extrajudiciales”.

Una de las conclusiones que más ha llamado la atención al publico selecto que se dio cita en la presentación de esta publicación tiene que ver con la idea de Cabrillo y Fitzpatrick, de introducir gestores privados en la administración de justicia, “en nuestro país, juzgados y tribunales dependen de forma administrativa de los secretarios judiciales. Son juristas y fedatarios públicos pero no tienen el perfil de gestor que se requiere”. Desde su punto de vista se trataría de definir mejor sus funciones. “Que pudieran existir administradores profesionales, con el rango de gerente para gestionar mejor las unidades judiciales. Esta figura gerencial ya se ve en otros países de Europa”.

Para este experto, al final de lo que se trata, sin perder nunca la seguridad jurídica que emana de los órganos judiciales, estamos hablando que la justicia, como empresa pública que es, pueda ir adaptando ciertas formas gestión privada a su estructura y organización.”No sería fácil en España abrir el mercado jurídico a otros operadores, además de abogados y procuradores, desde luego, tal y como se ha hecho en otros países.  De todas formas, ahí esta el ejemplo de los notarios, ahora habilitados para bodas y divorcios de mutuo acuerdo por el nuevo ministro Ruiz-Gallardon. Desde su punto de vista, cualquier cambio que se quiera plantear en un modelo de justicia como el español, hay que verlo a medio  y largo plazo en un horizonte que comprende los cinco a diez años. “El plan estratégico que se diseñe debe también objetivos a corto que se puedan medir a la hora de su cumplimiento. El modelo a implantar en la sociedad española ya se ha estudiado en otros países y funciona

Otras estrategias que se esboza en esta publicación según Sean Fitzpatrick, tienen que ver con la simplificación de los procedimientos. “Ahora hablamos de procesos complejos que crean dilaciones en el sistema judicial; de hecho el uso de los procedimientos de sumario tienen más agilidad y hace que casi el juez en el acto, tras oir a las partes pueda pedir un acuerdo entre ellas”. A la vez, otra idea que plantea el libro es aquilatar los costes, de tal forma que uno pueda saber de antemano cuál va a ser el coste del procedimiento en cuestión. “De esa forma es bastante factible que en muchas ocasiones se disuada a la parte de ir a juicio u, opte por acudir a métodos extrajudiciales más rápidos y económicos”.

Poder poner la justicia en manos de administradores profesionales y generar competencia en los servicios jurídicos, con la aparición de otros operadores, como ya sucede en Países Bajos, donde junto al papel de los abogados está también la propia sociedad civil, sindicatos y compañías de seguros que pueden también estar presentes como operadores jurídicos en diferentes procesos, “aunque es evidente que no será fácil romper esa hegemonía en algunos colectivos que llevan a lo mejor cien años en posición de privilegio”, explica.

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