Según el estudio La Ley Concursal y su aplicación, «la prevención de la insolvencia debería figurar entre los objetivos de un moderno sistema concursal, ya que la regulación de la insolvencia inminente no ha tenido el éxito esperado».

La FEF solicita un nuevo marco legal para las empresas solventes pero con dificultades económico financieras que facilite los acuerdos de refinanciación de las deudas, mediante la creación de institutos preconcursales para los empresarios.

La fundación propone regular las soluciones preconcursales para permitir, de una forma supervisada, que se establezca un periodo de negociación entre deudor y acreedores, para conseguir la continuidad y supervivencia del negocio bajo la propiedad de sus titulares o de terceros.

El estudio cree necesario acortar los plazos de tramitación de los concursos ordinarios, ya que el actual plazo de 24 meses es «difícilmente» compatible con la recuperación de la empresa, sobre todo en un contexto de desaceleración económica como el actual.

La FEF pide que la futura Ley Concursal arbitre procedimientos para permitir a las empresas llegar al convenio antes de que se haya deteriorado hasta situaciones irreversibles, bien por el transcurso del tiempo o por la actuación de sus administradores.

La FEF considera necesario abrir un debate sobre la creación de fórmulas legales que incentiven la aportación de financiación posterior a la apertura del procedimiento de insolvencia.

El estudio concluye que esa financiación sólo se encuentra disponible para el deudor cuando existen activos libres en la masa activa que puedan ser vendidos u ofrecidos como garantía al financiador. Sin embargo, la existencia en la masa del concurso de activos no gravados no es algo frecuente en las insolvencias corporativas.

El estudio ha sido elaborado por un equipo de trabajo dirigido por el los abogados Rafael Sebastián, Antonio Fernández Rodríguez y José Antonio Rodríguez, y ha contado con la colaboración de varias entidades-patrono de la FEF, como Uría Menéndez, Garrigues, Baker & McKenzie y PricewaterhouseCoopers.

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