Sílvia ValverdeDesde la publicación de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil – Ley 1/2000 de 7 de Enero (LEC)- la regulación del procedimiento de desahucio por falta de pago de la renta y cantidades asimiladas ha sido objeto de diferentes reformas, siendo quizás la más importante la operada por la Ley 37/2011 de 10 de Octubre de medidas de agilización procesal, que extendió la técnica monitoria a este tipo de asuntos, entendida ésta como la posibilidad de generarse de forma rápida un título ejecutivo, consistente en el Decreto dictado por el Secretario Judicial, en aquellos casos en que el demandado no atendiere al requerimiento inicial o no se opusiese o allanase a la pretensión. Con este título el arrendador puede instar directamente el despacho de la ejecución, bastando una mera solicitud. De ahí la importancia de la correcta notificación al arrendatario del requerimiento y citación previstos en el art. 440.3 LEC.

No obstante tal importancia, la Ley no previó qué hacer en los supuestos en que, por no encontrarse al arrendatario, la notificación de este requerimiento y citación resultase negativa, siendo entonces facultad del Secretario judicial decidir qué postura adoptar ante esta situación.

En la práctica existieron distintos modos de proceder:

  1. En algunos Juzgados se entendía que si bien podía efectuarse la citación a juicio por medio de edictos, sin necesidad de previa averiguación de domicilio, lo cierto es que no se podía proceder al requerimiento de pago y desalojo de este modo, puesto que al estar haciendo la Ley extensiva la técnica del proceso monitorio al juicio de desahucio, debían regir los principios del primero, el cual no admite proceder en ningún caso cuando no puede realizarse la notificación personal. En estos Juzgados, por tanto, se practicaba la averiguación de domicilio.
  2. En otros Juzgados simplemente se practicaba la citación y el requerimiento por edictos  en el tablón de anuncios del Juzgado.
  3. Por último había otro tipo de actuación consistente en citar al arrendatario a la vista de celebración del juicio mediante edictos, el cual se celebraba normalmente sin oposición, terminando el proceso por Sentencia – en vez de mediante el Decreto del Secretario.

No fue ésta la única laguna que presentaba el proceso de desahucio tras la reforma de 2011, las dudas eran muchas más: si hacía falta comparecer con abogado y procurador para instar la acción y oponerse; si había que fundamentar la oposición o bastaba con un escrito sucinto y formularla en la vista; si se suspendía o no la vista cuando se solicitaba la asistencia gratuita transcurrido el plazo que otorga la Ley; cuál era el dies a quo para la enervación, alcance de la oposición en el sentido de qué motivos se podían oponer; si el Decreto que ponía fin al proceso podía incluir la condena al pago de las rentas futuras; qué recursos cabían contra este Decreto; la condena en costas; si regía el plazo de espera del art. 548 LEC para poder efectuar el lanzamiento, y otras. Las cuestiones susceptibles de interpretación, pues, eran muchas.

Ante esta situación las Secciones 4ª y 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona – especializadas en arrendamientos-, acordaron los criterios unificados de fecha 31 de Octubre de 2.012, para el tratamiento procesal de diversas cuestiones tras la entrada en vigor de  la citada Ley 37/2011, los cuales daban respuesta y solución a las dudas planteadas en la aplicación de ésta. Sin embargo estos criterios interpretativos, como tales, no tenían fuerza vinculante, por lo que algunos Jueces y Secretarios siguieron actuando al margen de los mismos, con la inseguridad que ello provocaba a los operadores jurídicos.

Por lo que respecta a la citación y requerimiento al arrendatario, estos criterios interpretativos de la Audiencia de Barcelona establecieron que, en caso de que esta notificación fuera negativa, debía practicarse todo ello por edictos –citación y requerimiento-, tanto en los supuestos en que se ejercitase el desahucio por falta de pago, como aquellos otros en que se acumulase la reclamación de deudas debidas.

Fue la nueva reforma operada por la Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, la que vino a abordar estas cuestiones puntuales de la Ley 37/2011 que generaban problemática en la práctica, pasando a recoger dicha Ley 4/2013 muchas de las soluciones que la Audiencia Provincial de Barcelona había previsto en sus acuerdos interpretativos y, manteniendo por el tema que aquí nos ocupa – la notificación negativa al arrendatario en los domicilios a que se refiere el 155.3 LEC – el criterio de que en esos casos, sin averiguación de domicilio, se ha de practicar la notificación mediante edictos en el tablón de anuncios de la oficina judicial.

La cuestión parecía pues pacificada con la reforma de la Ley 4/2013. Sin embargo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en su Sentencia 30/2014 de 24 de Febrero han venido de nuevo a complicar la cuestión.

Tal Sentencia resuelve un recurso de amparo interpuesto por un arrendatario al cual se emplazó mediante edictos, aun cuando en ese supuesto figuraba en el contrato otro domicilio distinto al arrendando. El Tribunal Constitucional básicamente entiende que al emplazarle por edictos existió falta de agotamiento por parte del órgano judicial de los medios que tenía a su alcance para llevar a cabo la notificación personal y le otorga el amparo al arrendatario por motivo de indefensión.

Pero el Tribunal Constitucional va más allá del caso concreto y sus particulares circunstancias y, añade en abstracto un pronunciamiento general mediante el cual, aún reconociendo que la LEC no exige efectuar averiguaciones, entiende que no se puede optar por la vía edictal hasta que no se hayan agotado primero las medidas de averiguación del domicilio. Y tal declaración se hace al hilo de lo declarado en otra reciente Sentencia constitucional, relativa a los juicios hipotecarios, en la que se declara que la interpretación de la reforma ha de efectuarse secundum constitutionem, esto es integrando el contenido de la reforma con la doctrina del Constitucional en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, por tanto hasta que no se hayan agotado las medidas de averiguación del domicilio.

Este pronunciamiento constitucional garantista al máximo es, como hemos expuesto anteriormente, contrario al literal de la Ley 4/2013 y, en definitiva al espíritu de ésta que, como su propio nombre indica, busca el fomento del mercado del alquiler, fomento que pasa sin duda alguna por la agilización de los procesos de desahucio en caso de impago de la renta.

Lo cierto es que ante esta situación de nuevo encontraremos diferentes interpretaciones al respecto: los juzgados que adoptaran el criterio constitucional y alargarán el procedimiento con la previa averiguación de domicilios y, aquellos otros – nos consta que los hay- que atendiendo al principio de especialidad y al espíritu de la reforma seguirán aplicando la norma según su literal.


Sílvia Valverde Martínez, abogada en Roca Junyent.

2 Comentarios

  1. Yo quiero preguntar yo tengo el contrato del piso a mi nombe pero en el piso vive mi ex pareja con su hija y no pagan y ellas no tienen contrato y la madre de la dueña lo.sabe se hicieron obras en el piso tanto de pintura fontaneria y electricidad tuvimos que llamar a un cerrajero porque la madre de la dueña entraba en mi casa yo no puedo pagar el alquiler que pide 450 mas gastos y ahora a mi hija de 16 años le ha dado un ictus cerebral he tenido que pagar varios servicios de agua y luz a nombre de la propietaria porque sino la cortaban y a parte viene a molestarme chillando insultando y ofreciendo dinero para que me vaya y todavia hay mas cosas si le arreglaramos el piso no teniamos que pagar alquiler yo lo page durante un tiempo por banco pero no le interesaba y venia a cobrarlo en mano y no nos traia nunca el recibo del cobro y tengo testigos

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