Con el objetivo de atender a las necesidades derivadas del exceso de carga de trabajo que soportan actualmente los órganos judiciales españoles, el Consejo General del Poder Judicial ha trasladado al Ministerio de Justicia la necesidad «perentoria» de crear 50 unidades judiciales nuevas para los próximos tres años.
Concretamente, fue la Comisión Permanente del CGPJ, quién en su reunión ordinaria del pasado jueves, adoptó el acuerdo de trasladar al nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la necesidad de crear medio centenar de unidades judiciales para poder dar destino a los integrantes de la 62 Promoción de la Escuela Judicial, que se incorporarán el próximo mes de marzo. El acuerdo dice: «Teniendo en cuenta la inmediatez de dicha necesidad, y los problemas económicos, la Comisión Permanente entiende que tales plazas deben ser creadas en órganos colegiados, o como Jueces de Adscripción territorial, toda vez que no genera un gasto añadido, más allá del sueldo a percibir por los titulares de las mismas».
Además, la Comisión Permanente del Consejo ha trasladado al Ministerio de Justicia la necesidad de elaboración por parte de esta cartera, de un plan de creación de nuevas unidades judiciales para los próximos tres años, con independencia de las que se han mencionado anteriormente, de forma que, de un lado «vayan absorbiéndose las nuevas incorporaciones a la carrera judicial» y por otro «se atienda a las necesidades derivadas del exceso de carga de trabajo actualmente soportado por los órganos judiciales españoles».
De igual modo, ha advertido de la importancia de dar continuidad a la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en la Carrera Judicial, en consonancia con el estudio sobre la situación de los órganos unipersonales y colegiados emitido el pasado junio por el Pleno del CGPJ. A tal efecto, la Comisión dice tener en cuenta que la paralización de los procesos selectivos indicados produciría sus efectos en los tres años siguientes, sin olvidar que «el exceso de carga de trabajo que actualmente soportan los órganos judiciales requiere el aumento de jueces y magistrados».
Con relación a este acuerdo la Vocal Almudena Lastra de Inés expresó su voto discrepante, en primer lugar por no considerar conveniente que sea la Comisión Permanente quien formule la petición al Ministerio de Justicia, sino que debería haber sido el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Y en segundo término, porque entiende que se puede hacer la solicitud de creación de las plazas reseñadas, pero no comparte la justificación del informe que sirve de sustento al resto de las peticiones contenidas en el acuerdo adoptado.
Esta petición va en consonancia con el plan estratégico de modernización de la justicia que debería terminar este 2012. A través de dicho plan, se pretendía que la sociedad española dispusiera de un servicio público de justicia ágil, transparente, responsable, plenamente conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de sus ciudadanos. Por ello se se ha reclamado la necesidad de mejorar la formación y la sensibilización de los operadores jurídicos en muy diversas materias, como por ejemplo la igualdad de género o la discriminación por razón de discapacidad.
También se ha pedido un mayor compromiso en la coordinación entre todas las Administraciones implicadas en la gestión de la Justicia, en particular para la protección de las víctimas de los delitos, así como un esfuerzo para incorporar a las Facultades de Derecho en la acción del MJU. Asimismo, se ha solicitado atención específica para mejorar la protección de colectivos en situación vulnerable y se ha pedido un refuerzo del apoyo institucional para la recuperación de la memoria histórica.
Al tiempo, se han solicitado más medios para los juzgados y tribunales, se ha ofrecido ayuda para extender el uso de los medios de comunicación telemática entre los profesionales jurídicos, se ha demandado mayor vigilancia de la responsabilidad profesional y, para todo ello, se ha comprometido colaboración leal.
