La Plataforma Justicia para Todos ha manifestado que la reforma de las tasas judiciales «sigue dificultando el derecho a la tutela judicial efectiva», que «no convierte en constitucional el texto recientemente aprobado» y que «el propio Real Decreto-Ley puede devenir en inconstitucional por la reforma que se lleva a cabo de la Ley 1/1996».
Los miembros de la entidad -integrada por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, CCOO, UGT, CIS-F, USO y STAJ- así lo expresaron este miércoles en una reunión informativa convocada por el subsecretario del Ministerio de Justicia, Juan Bravo, sobre la modificación de la Ley de Tasas Judiciales y el anteproyecto de modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Los miembros de la Plataforma trasladaron al Ministerio el malestar por no haber sido convocados con anterioridad a la publicación de la norma y, de ese modo, haber intentado buscar aproximaciones y consensos «para evitar que las tasas judiciales sigan siendo una barrera al derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a la Justicia».
Además, insistieron en que ellos conocen «directamente» cual ha sido la aplicación práctica de la Ley 10/2012 y los problemas que ha conllevado y aseguraron que «en modo alguno serán solventados con el Real Decreto-Ley aprobado». «Se ha desaprovechado una nueva oportunidad de generar un debate serio, sereno, riguroso y práctico, continuándose con prisas y parches que intentan enmendar los errores cometidos», añadieron.
En el encuentro también se explicaron los avances en el anteproyecto de las Leyes de Justicia Gratuita y Registro Civil.
