Por  José Ignacio Olleros- Socio Área Legal Olleros Abogados

 

La información confidencial de las empresas, es decir, sus datos económicos y financieros, planes de negocio, información sobre productos no anunciados todavía, know-how, proyectos de I + D, secretos comerciales etc…es un activo esencial que debe ser protegido mediante acuerdos de confidencialidad para evitar su uso ilegítimo. Dentro de la información confidencial resaltamos, por su especial importancia, los secretos comerciales, no objeto de registro, frente a las patentes que están dotadas de una mayor protección que les confiere su registro

En lo que se refiere al ámbito de la protección de datos externa, en los acuerdos que habitualmente se firman con terceras personas que acceden a la información de la empresa -en virtud de algún preacuerdo de venta de acciones o contrato de prestación de servicios-, es importante pactar que el deber de confidencialidad se circunscriba no solo a los datos proporcionados por el empresario que facilita dicha información sino también a aquellos otros que el receptor de dicha información vaya conociendo.

Asimismo, es esencial establecer medidas de seguridad que aseguren la custodia de dicha información dentro del ámbito de la organización del receptor.  A este respecto, es recomendable que estos acuerdos de confidencialidad sean firmados tanto por el representante de la empresa que accede a la información confidencial  como por todas las personas bajo su responsabilidad que vayan a tener acceso a la misma.

Tan importante como la protección externa de la información confidencial es su protección dentro del ámbito interno de la propia empresa, especialmente en grandes compañías donde resulta indispensable que el empresario identifique la información confidencial que se pretende proteger y lo comunique a los trabajadores que vayan a tener acceso a la misma. Además es conveniente revisar periódicamente qué empleados pueden tener acceso a dicha información y aplicar restricciones de tipo físico para acceder a la misma.

De acuerdo con nuestra legislación laboral, el empleado tiene un deber de confidencialidad aun cuando no exista una referencia expresa en el contrato de trabajo o no se haya firmado un acuerdo de confidencialidad específico. Este deber tiene su fundamento en el artículo 5 del ET en el cual se establece la obligación del trabajador de “cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia”.

Pese a ello, es aconsejable en determinados casos incluir en los propios contratos laborales y especialmente, en los contratos de altos cargos o personal de dirección, pactos de confidencialidad que precisen la información reservada que se quiere proteger y la obligación del trabajador de reintegrarla en el momento de abandonar el puesto de trabajo.

En los contratos laborales suscritos con empleados investigadores es conveniente incluir una cláusula  que deje constancia expresa de que los derechos económicos y de cualquier otro tipo derivados de proyectos de I + D realizados por el trabajador para la empresa son propiedad indefinida de la firma. La propiedad del empresario sobre este tipo de proyectos se mantiene incluso después de la extinción del contrato de trabajo del empleado que los generó y mientras subsista la empresa.

Por todo lo anterior, podemos concluir que la información confidencial de las empresas puede constituir un activo de gran valor que es aconsejable proteger, suscribiendo acuerdos o cláusulas especiales de confidencialidad, no sólo en el ámbito externo de la empresa sino también internamente a la hora de firmar determinados contratos laborales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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