La reforma de la ley concursal, una "revolución" para las ejecuciones hipotecarias según los expertos

La «inminente» entrada en vigor de una modificación de la Ley concursal va a ser «revolucionaria». Así lo describió el Director del área concursal y procesal de Olleros Abogados en Valencia, Ignacio Romera, en una jornada sobre protección del promotor inmobiliario en el procedimiento de ejecución hipotecaria, celebrada el pasado jueves 18 de julio en la capital valenciana. 

Romera aseguró que la reforma va a suponer una «suerte de privatización» de los procesos de convenio preconcursal, que pasarán a depender ahora de Registradores Mercantiles y Notarios. Según el letrado, esto desatascará previsiblemente los Juzgados de lo Mercantil al sacar de su conocimiento la mayor parte de los acuerdos preconcursales.

A partir de ahora las personas físicas y las empresas de reducida dimensión -hasta 5 MM de activos y pasivos y máximo de 50 trabajadores- podrán hacer convenios preconcursales con quitas del 25% y esperas de 3 años en un procedimiento extrajudicial breve -unos dos meses a lo sum-), económico que importa algunos trazos del scheme of arregement británico, pero “en versión light”, ya que solo permite vincular a las entidades financieras en determinadas circunstancias, si bien antes de esta normativa las entidades financieras estaban completamente protegidas frente a los Convenios.

Este acuerdo permite la remisión de todas las deudas de las personas físicas, en un procedimiento concursal posterior siempre que se paguen los créditos de derecho público (hacienda y seguridad social), los créditos contra la masa y el 25% de los ordinarios, en caso de incumplimiento del convenio alcanzado previamente. Además, la iniciación del proceso para alcanzar este acuerdo conlleva algunas de las ventajas de la declaración de concurso, como la suspensión de ejecuciones y embargos, pero no sus inconvenientes.

También destacó la necesidad de que los empresarios afronten la situación de crisis de sus empresas con previsión y contando con asesoramiento especializado y sobretodo experimentado, dada la profusión de normas legales que está dictando el Gobierno. «Existen soluciones legales previstas por el legislador, pero la normativa concursal es ampliamente desconocida y pesa más el estigma del concurso que las posibles soluciones que ofrece», aseguró Romera.

Se expusieron igualmente diversas novedades concursales que llevan en vigor más de un año pero están «infrautilizadas» como la posibilidad de presentar convenios anticipados, acuerdos de refinanciación homologados judicialmente y por tanto no sujetos a reintegración, o propuestas de adquisición vinculante de ramas de negocio en liquidación.

Estrategia procesal preventiva

Por su parte, el asociado senior del departamento, José Martínez, destacó la importancia de revisar en todo caso las escrituras de hipoteca firmadas por los promotores, por parte de expertos en derecho hipotecario, al objeto de valorar la aplicabilidad de las recientes reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente en lo relativo a las cláusulas bancarias abusivas, que pueden ser objeto de demandas de nulidad.

Igualmente, Martínez destacó que una adecuada estrategia procesal preventiva, “puede ayudar a parar el golpe, a veces mortal, que para las empresas del sector promotor pueden suponer las ejecuciones hipotecarias”.

El acto estuvo presidido por el Vicepresidente de APECC, D. Fernando Alfonso e Ignacio Romera, Director del Departamento de Procesal y Concursal de la Oficina de Olleros Abogados en Valencia. La jornada contó como ponentes con el propio Ignacio Romera, y con José Martínez, Asociado Senior del mismo departamento, ambos abogados de la Oficina de Valencia. La jornada contó con la afluencia de empresarios promotores de Castellón.