Por Miguel Ángel Montoya Abogado Attrio Abogados

El próximo 30 de noviembre finaliza el plazo otorgado por el Gobierno para acogerse a la regularización fiscal especial aprobada mediante el Real Decreto 12/2012 de 30 de marzo, popularmente conocida como “Amnistía Fiscal”

Son muchas las dudas que los fiscalistas han tenido que solventar respecto a esta medida tan criticada tanto en los aspectos socio-políticos como desde el técnico jurídico. Una de las dudas que asaltan a quienes plantean acogerse a la regularización es la relativa a la exención de responsabilidad penal del sujeto que regulariza y, en especial, del ámbito de la imputación por delito de blanqueo de capitales.

A mi modo de ver la solución respecto al blanqueo es algo más compleja que no la relativa al delito fiscal cuya exención por regularización ya existe en el Código Penal dentro de los requisitos temporales que veremos a continuación.

El artículo 305.4 del Código Penal determina que “quedará exento de su responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria” Si bien, la exención está condicionada a que la regularización se realice con anterioridad a cualquiera de estos tres posibles momentos procesales:

a)      Antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación para la determinación de la cuota tributaria.

b)      A falta de notificación administrativa, antes de la interposición de la denuncia o querella.

c)      O cuando el MF o Juez instructor realicen actuaciones que les permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La exención penal se extiende, así lo recoge el párrafo segundo del 305.4 CP, igualmente a “las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales” que se hubieran cometido con anterioridad a la regularización. Es más la Disposición Final 5ª del Código Penal hace extensiva la exención incluso en aquellos casos en los que la deuda tributaria regularizada fuera inferior a la cuantía fijada para el delito contra la Hacienda Pública.

 

Conviene puntualizar que lo que contempla el artículo 305.4 del Código Penal es una mera exención, es decir, una excusa absolutoria cuyos efectos afectan al levantamiento de la pena sobre un hecho que sigue siendo antijurídico y culpable. En ningún caso la exención es un elemento de atipicidad. Desde el punto de vista práctico esto implica que la exención es competencia de la jurisdicción penal que es quien debía examinar si se cumplían los requisitos.

 

Esta puntualización es importante si la ponemos en relación con los delitos anexos  como el delito de blanqueo de capitales y en concreto ante la posibilidad cada vez mayor de que los movimientos de dinero no declarado tributariamente sean considerados como parte del tipo específico del blanqueo de capitales. Conviene recordar en este sentido dos modificaciones legales del año 2010 que apunta la tendencia del legislado en este sentido:

–           Por un lado, La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que en su artículo 1.2 incluye “la cuota defraudada en los delitos contra la Hacienda Pública como una activo procedente de actividades delictivas a efectos de blanqueo de capitales.

–          El artículo 301 del Código Penal, reformado en 2010, incluye como hecho tipo del blanqueo la “posesión” de bienes procedentes de actividades ilícitas en una clara alusión a la tenencia de dinero no declarado tributariamente.

Sin perjuicio del alcance que estas modificaciones aún imprevistas en los Tribunales, al menos en el plano teórico, podríamos encontrarnos con cuotas regularizadas mediante la declaración especial del R.D. 12 /2012 (o a través de la regularización convencional de la Ley General Tributaria) que quedarían exentas de responsabilidad penal del delito contra la Hacienda Púbica, pero que constituirían activos de “origen ilícito” a los efectos de imputación por delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP.

Nos encontraríamos con la paradoja, por tanto, de que una vez regularizada la situación tributaria especial antes de incoarse procedimiento administrativo o judicial, el contribuyente estaría expuesto a un eventual proceso por blanqueo de capitales procedente de defraudación fiscal.

Quizá la solución se encuentre en el mismo R.D 12/2012 que en su Disposición Final Quinta modifica el artículo 180 de la legislación tributaria añadiendo un apartado 2 que contiene una exoneración penal por regularización, de modo que:

“… la regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal.”

 Esta modificación introducida ex profeso para incentivar la regularización fiscal especial supone un nuevo marco normativo en el campo de la regularización tributaria y sus consecuencias penales. Lo que hace este novedoso artículo 180.2 de la LGT es evitar que el procedimiento administrativo se remita a la jurisdicción penal en caso de regularización, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora.

La duda, no resuelta, es saber si el 180.2 LGT supone un cambio en la naturaleza dogmática de la exención penal. En cualquier caso, evidencia una voluntad del legislador de que las infracciones regularizadas no salgan de la jurisdicción administrativa.

Distinto es el caso de quienes en fraude de ley utilicen la regularización especial como forma de blanqueo de capitales procedente de ilícitos no fiscales (narcotráfico, prostitución, terrorismo…), en este caso es obvio que detectado el fraude la jurisdicción penal será plenamente competente. Sin perjuicio de que sea más que criticable que se permita la regularización de cantidades de dinero en efectivo con el peligro que ello conlleva.

 

 

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