Después de casi tres años de negociaciones, el Senado aprobó este martes de manera definitiva la reforma de la Ley Concursal con el objetivo de acelerar los procesos de reestructuración de empresas viables que se encuentran en una situación de insolvencia.
“El objetivo principal de esta modificación es la mejora de la eficiencia y las restricciones de las funciones del administrador concursal en la gestión de la insolvencia. Si bien es cierto, ha sido una aprobación precipitada del proyecto de ley, un hecho que ha impedido que se pueda debatir adecuadamente”, afirma Jordi Solé, socio y director ejecutivo de Kreedit.
Novedades de la nueva Ley Concursal
La reforma de la Ley Concursal afirma que el procedimiento de insolvencia será único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, con un pasivo de 350.00 euros y una facturación limitada de 700.000 euros.
“Es un procedimiento más rápido y digitalizado, con un coste reducido que incrementa las posibilidades de recuperación de las empresas viables y facilita la reasignación de recursos”, asegura Carlos Álvarez, socio del Área de Reestructuraciones de Kreedit. “Aun así, la eficacia del sistema es dudosa. Estos cambios serán adoptados por unos juzgados colapsados y no adaptados a estos procedimientos. La resolución de la insolvencia queda en manos del deudor, alguien que puede no ser conocedor de la legislación concursal”, añade el experto.
Otro de los cambios más significativos es el avance aplicado en la Ley de Segunda Oportunidad. Se incorporan mejoras que permiten que el deudor no deba liquidar su patrimonio para exonerar la deuda. A través de un plan de pagos, con una duración máxima de tres años, se podrá dar cobertura a la liquidación.
“Aunque esto es un gran avance, es cierto que los créditos públicos siguen blindados y la posibilidad de solicitar el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) se endurece, para ser concedido se debe argumentar el principio de buena fe”, asegura Álvarez.
El futuro de la nueva Ley Concursal
“Lo cierto es que es probable que esta ley llegue tarde para solucionar la situación del mercado empresarial español. Más de 140.000 empresas han recibido fondos financieros para superar una situación crítica y no ha servido de nada”, asegura el experto.
El modelo de negocio ha cambiado durante los últimos años y para determinados sectores el mercado es inestable, como por ejemplo la hostelería, el turismo o el inmobiliario, algunos de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19 o el conflicto entre Ucrania y Rusia. “Con la finalización de la moratoria, el Gobierno pretende que todos los negocios, también los de sectores más debilitados, afronten su posicionamiento en el mercado. Si esto sucede, es probable que más del 90% del tejido empresarial desaparezca o quede tocado debido a la falta de apoyo financiero de proyectos viables”, advierte Álvarez.
“No obstante, esta situación de tanta volatilidad debe replantear los modelos de negocio. Para evitar una situación de crisis hay que establecer un buen plan de viabilidad, de refinanciación, de reestructuración y de pagos para diseñar un futuro que permita abordar estas incertidumbres”, concluyen los expertos.