Antoni Molas, presidente de la Comisisión de Comunicación del Consell; Oriol Rusca, decano de Barcelona; Miquel Sàmper, presidente del Consell y Miquel Rodríguez Zamora, presidente de la Comissión del Turno de Oficio del Consell i decano de Sant Feliu de Llobregat en la presentación de los datos
Antoni Molas, presidente de la Comisión de Comunicación; Oriol Rusca, decano de Barcelona; Miquel Sàmper, presidente del Consell y Miquel Rodríguez, presidente de la Comisión del Turno de Oficio

La crisis económica e inmobiliaria ha convertido las ejecuciones hipotecarias en uno de los principales asuntos que atienden los abogados del turno de oficio. Desde 2008, cuando empezó la crisis, y hasta 2013, 14.890 personas fueron atendidas por el turno de oficio de los Colegios de Abogados catalanes por ejecuciones hipotecarias. Además, en estos 5 años, los casos atendidos por los abogados de oficio se han multiplicado por 10, pasando de 508 en 2008 a 5.382.

Además, en 2013 se atendieron 2.300 personas más por ejecuciones hipotecarias que en 2012, lo que supone un aumento de más del 40%. Esta tendencia continúa al alza en 2014, ya que las actuaciones de justicia gratuita por este tema han aumentado un 40% en relación al mismo período del año pasado.

Esta situación es la que ha llevado al Consell de l’Advocacia Catalana a apostar por extender las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) a las comarcas de Barcelona y posteriormente en todo el territorio catalán. De momento existe un acuerdo a tres bandas entre el Departamento de Justicia de la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Consejo, que debería extenderse al resto de diputaciones.

Estas oficinas, gestionadas por los Colegios de Abogados con la implicación de las administraciones, median entre las personas que no pueden pagar la hipoteca y los bancos para intentar llegar a un acuerdo antes de que el banco decida llevar adelante una ejecución hipotecaria por la vía judicial. Según cálculos del Consell, la extensión de estas oficinas podría llegar a ahorrar un 60% de los juicios en Cataluña por este tema.

El presidente del Consell y decano del Colegio de Abogados de Terrasa, Miquel Sàmper, puso en marcha en enero de 2012 la primera OIH de España en Terrassa. Actualmente existen una veintena de Oficinas de Intermediación Hipotecaria en Cataluña siguiendo el modelo de Terrassa, que se ha extendido también por todo el Estado Español. “Somos la Comunidad Autónoma más afectada por la lacra de los desahucios, pero también la que más se ha movilizado“, ha asegurado Sàmper este jueves en la presentación de los datos sobre el turno de oficio.

En la presentación de los datos sobre asistencia gratuita, se ha presentado también la distribución según jurisdicciones. El ámbito Civil y el Social son los que más han visto incrementada la demanda de Justicia Gratuita, mientras que en el ámbito penal la demanda ha disminuido un 7,8% entre 2008 y 2013. Esta disminución del que es el principal ámbito de actuación del turno de oficio, explica el aumento discreto de un 1% en el número de actuaciones totales a pesar del espectacular aumento en otras jurisdicciones.

En el ámbito Civil las actuaciones, a nivel global, se han incrementado en un 107,3% en los últimos cinco años. Aparte del aumento de los procesos hipotecarios, también han aumentado las demandas en temas de familia, los procesos matrimoniales completos, las reclamaciones dinerarias o los procedimientos de desahucios de arrendamientos, temas todos ellos temas relacionados con la crisis.

En el ámbito Social o Laboral el aumento ha sido del 22% en cinco años, pasando de 5.000 asuntos en 2008 a 6.100 en 2013. Los catorce Colegios de Abogados de Cataluña realizaron el año pasado un total de 303.268 actuaciones de justicia gratuita, un 1,8% más que en 2012.

En la presentación de los datos, Sàmper también ha anunciado que los colegios catalanes, en acuerdo con la Generalitat, crearan por primera vez en toda España un turno de oficio especializado en gente mayor, ya que se trata un colectivo de personas muy vulnerables en asuntos como las herencias, el cobro de prestaciones sociales, las estafas o los maltratos familiares. El Consell pretende que este en marcha este mismo octubre.

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