Legálitas presentó el pasado lunes 14 de enero una demanda ante la Audiencia Nacional contra la Ley de Tasas judiciales, que fue admitida a trámite tan sólo dos días después.

Según explica Sandra García, Directora Jurídica de Legálitas, se trata de la primera demanda directa contra la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas admitida a trámite, ya que, aunque el pasado mes de diciembre el Colegio de Abogados de Orense presentó recurso ante el mismo organismo, «éste se encuentra aún pendiente de la presentación de la demanda en la que se desarrollan los fundamentos en los que se basa el recurso, para lo que será requerido en un futuro próximo».

La demanda ha sido presentada por la firma de servcios legales, a través de más de 20 abogados de su despacho y conjuntamente con otros 97 profesionales del Derecho, abogados y procuradores. Firmada por el letrado Ramón Entrena Cuesta, se insta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la nulidad de la Orden Ministerial dado que «para su aprobación se han omitido trámites sustanciales como el dictamen del Consejo de Estado, el informe del Consejo General del Poder Judicial, o el informe de la Corporaciones representativas de las profesiones jurídicas, faltando también la audiencia pública, como en cualquier disposición general».

Además, los abogados de Legálitas aseguran que la Orden «es también nula porque incurre en contradicciones evidentes con la Ley, va más allá de la misma en algunos puntos, introduce obligaciones que no cabe imponer por vía reglamentaria y es discriminatoria».

Por otro lado, en el recurso se deja abierta la posibilidad de planteamiento, en el momento procesal oportuno, de la cuestión de inconstitucionalidad. Mediante otrosí se pide fundadamente medida cautelar de suspensión de la Orden «por infracción patente de las normas procedimentales básicas» y dado que «los efectos de la Orden generan tan evidentes perjuicios que tal suspensión es imprescindible precisamente en garantía de los intereses generales».

En la rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid, además de Ramón Entrena y Sara García, Directora Jurídica de Legálitas, acudieron varios letrados demandantes como José Antonio Martín Pallín y Concepción Jiménez Shaw. En ella se explicó con detalle el contenido de la demanda y se puso de manifiesto la confianza en que sea estimada la medida cautelar solicitada, ya que «si hay una orden que reúne los requisitos para que sea estimada es justamente ésta», aseguraron.

La demanda también está ilustrada por una serie de ejemplos, cuyos firmantes aseguran que representan la «negación absoluta de la tutela judicial efectiva y otros que lesionan el principio constitucional de igualdad». A continuación se reproducen dos de ellos:

«1.- Dado que en el orden contencioso-administrativo la sujeción a la tasa se produce cualquiera que sea la cuantía del procedimiento, resulta que todo justiciable está obligado como mínimo a pagar la tasa de 200 euros más el 0,5 por 100 de la cuantía.

Es evidente que esto supone lisa y llanamente la negación total del derecho a la tutela efectiva en toda clase de asuntos cuya cuantía no alcance o no supere sensiblemente esa cifra de 200 euros; en consecuencia, absoluta exención del control jurisdiccional de las Administraciones Públicas para imponer sanciones de esas cuantías o para lesionar derechos de los administrados por importes no superiores a los indicados».

«2.- Accidentes de tráfico. Supongamos el caso del ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y múltiples lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico; entre lesiones, secuelas, invalidez, ayuda de tercera persona, etc., el importe de la reclamación a las compañías aseguradoras del vehículo en el que viajaba y del tercer implicado: 1.300.000 €.

– Tasa judicial que correspondería por interponer demanda en primera instancia: (300 €+ 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €), 6.050 euros.

– Si hubiese que recurrir en apelación (800 € + 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €) : 6.550 euros.

Si hubiese que llegar al Tribunal Supremo en recurso de casación (1.200 € + 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía – que excede de 1.000.000 €): 6.950 euros.

Total para las dos instancias y la casación: 19.550 euros».

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.