Al hilo de la presentación de la Memoria del TSJ de Andalucia de hace unos dias, DIARIOJURIDICO ha querido conocer desde la visión privilegiada de Lorenzo del Río, presidente de este alto tribunal, la situación de la justicia en esta comunidad autónoma. «El mayor estigma de la administración de justicia es su lentitud, la duración de los procesos aunque hay que buscar el llamado plazo razonable»,comenta. Y en este contexto de falta de medios y elevada litigiosidad comparte criterios con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón sobre el efecto que pudiera generar la implantación de tasas judiciales en el justiciable: «Si la justicia es un valor y un principio a preservar, al tiempo que un servicio público, debemos educar a la sociedad en su uso racional, por lo que las tasas pueden cumplir un papel racionalizador de los litigios y desincentivar un consumo abusivo, tal y como se contempla en numerosos países de nuestro entorno», afirma

Del Río es partidario de incluir ya reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ayudarían a agilizar los procesos penales y evitar dilaciones indebidas. Asimismo ve con buenos ojos poder impulsar la llamada conformidad en el proceso penal, ésta es una institución que permite a las partes participar con su voluntad en la determinación de la sanción penal, que posibilita una abreviación de los trámites procesales y permite al juez dictar inmediatamente la sentencia, siendo la vista innecesaria. «Creo que esta figura está poco aprovechada y desde esta institución queremos impulsarla de cara sobre todo a que qhaya una comparecencia previa para conformidades antes del señalamiento del juicio que evite disfunciones y claros perjuicios, personales y económicos,  a los usuarios». También se muestra a favor de impulsar los métodos extrajudiciales en nuestro país, como el arbitraje y la mediación y valora muy positivamente la adopción de medidas en materia hipotecaria que «evitan situaciones dramáticas en las familias y la sobrecarga de los juzgados en plena crisis económica»

Nuestro entrevistado es natural de la provincia de Jaén, Lorenzo del Río es gaditano de adopción, ciudad donde ha residido muchos años. Ingresó en la Carrera Judicialen el año 1980 y, tras prestar servicios en las ciudades de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y las Palmas de Gran Canaria, fue destinado a Cádiz en octubre de 1983. Desde esa fecha, ha permanecido en la Audiencia de Cádiz, siendo presidente de la misma desde 1998 hasta el año 2010, año en el que fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Durante su trayectoria profesional, ha formado parte de diversas comisiones de ámbito estatal y autonómico como la Comisión de Cooperación y Coordinación de la Consejería de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Comisión para la Reforma dela Oficina Judicial; Comisión de Informática judicial; Grupo Institucional de Implantación dela Nueva Oficina Judicial; Comisión de Modernización de Audiencias Provinciales; Comité Interprovincial de Presidentes de Audiencias Provinciales; Foro de Estudios sobre Carrera Judicial en el seno del CGPJ; Comisión Redactora para la elaboración de un Libro Blanco sobre la Justicia en Galicia; Coordinador Territorial del Servicio de Formación Continua dela Escuela Judicial, entre otras.

También forma parte del grupo de Consultores Internacionales, que colaboran con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en la formación de Jueces Hispanoamericanos, así como con la Fundación Aequitas en Jornadas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Es miembro del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y ha sido Profesor de Derecho Penal y de Derecho Penitenciario en la Universidad de Cádiz, además de presidente del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, Profesor-Tutor de Jueces de Paz en Andalucía y de funcionarios de la Administración de justicia.

Ha dirigido y participado como Ponente en numerosos Cursos de Formación y tiene publicaciones sobre muy diversos temas como, por ejemplo, Extranjería, Tráfico de Drogas, Transplante y Donación de órganos, Ley del Jurado, Fenómenos delictivos complejos, Constitución y Principios del Proceso Penal, Presunción de Inocencia, Modelo Europeo de Proceso Penal, Ley de Ordenación de la Edificación, Imprudencias laborales, Prescripción, Poder Judicial, Jóvenes Violentos, Delito Fiscal, Justicia y Medios de Comunicación, Eutanasia, Violencia de Género, Mediación Penal, Independencia judicial y separación de poderes, etc.

Ha sido miembro del Consejo de Redacción deLa Ley Penal(Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario), del Boletín de Derecho de la Circulación, y colaborador de Aranzadi y dela Revista Generalde Derecho.

Sr del Río, usted se ha manifestado a favor del copago en la justicia ¿De qué forma habría que ponerlo en marcha para no menoscabar la seguridad jurídica de los ciudadanos?

Habría que distinguir claramente entre el copago y la tasa judicial. Sobre esta segunda posibilidad, no sobre la primera, sí me he mostrado favorable bajo ciertas premisas, ya que admite argumentos de equidad y eficiencia para disuadir de una demanda innecesaria o abusiva. Como ya he comentado en alguna ocasión, existe una alta litigiosidad en España, mucho mayor que en los países avanzados de nuestro entorno,  que provoca una buen número de demandas artificiales.

La adopción de una tasa judicial podría darse en determinados supuestos (excluida la jurisdicción penal y algunos litigios especialmente sensibles), siempre que no sea desproporcionada ni sumamente gravosa su cuantía; además, no tiene por qué limitar el acceso a la justicia de quienes carecen de medios, cuyas necesidades se satisfacen de forma eficiente con la prestación del beneficio de la justicia gratuita. Si la justicia es un valor y un principio a preservar, al tiempo que un servicio público, debemos educar a la sociedad en su uso racional, por lo que las tasas pueden cumplir un papel racionalizador de los litigios y desincentivar un consumo abusivo, tal y como se contempla en numerosos países de nuestro entorno.

En esta Memoria de su TSJ, habla de la necesidad de mejores leyes para ayudar a modernizar la justicia, ¿podría señalarlos cuáles habría que modificar?

El mayor estigma de la administración de justicia es su lentitud, la duración de los procesos. Es algo que tenemos asumido desde hace tiempo, no obstante lo cual debe ser una constante preocupación para asentar la cultura del plazo razonable. Una justicia moderna debe ser ágil y eficaz.

Se han dado algunos pasos, como el que supone la publicación de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, cuyo objeto es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo, cuya repercusión en nuestros órganos judiciales habrá que valorar durante este mismo año. No obstante, hay que insistir en la necesidad inmediata de introducir reformas procesales en el orden jurisdiccional penal, ámbito especialmente sensible con un porcentaje de litigiosidad superior al 70 % sobre el total de asuntos, con dilaciones palpables.

Es urgente introducir reformas procesales en el orden jurisdiccional penal, sin esperar a una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lejana en cuanto a su materialización efectiva y entrada en vigor, para introducir desde ya medidas que agilizarían enormemente los procedimientos y evitarían dilaciones indebidas. Entre esas reformas procesales se podrían apuntar varias: 1. extraer del ámbito judicial los procedimientos sin autor conocido que conllevan automáticamente el sobreseimiento provisional, sin ninguna otra actividad, lo que descargaría a la oficina judicial de un enorme trabajo improductivo; 2. unificar el trámite de todos los recursos; 3. unificar el trámite procesal del sumario y del procedimiento abreviado; 5. prever una sola instancia de revisión judicial en ciertas materias de escasa entidad o gravedad; 6. facilitar soluciones autocompositivas y la mediación penal.

 También señala la necesidad de desjudicializar la justicia ¿Cómo habría que desarrollar los métodos extrajudiciales en nuestro país? ¿Es usted partidario como el Fiscal General del Estado de eliminar las faltas del sistema judicial?

Es incontestable que se hace preciso configurar un modelo alternativo al proceso penal español, que abunda en varias direcciones: 1ª. mayor incidencia del principio de intervención mínima y despenalización de las pequeñas infracciones o faltas. 2ª. sustitución del proceso penal por técnicas de mediación y conciliación entre el delincuente y la víctima en determinadas infracciones menos graves, que sustituya la normal conclusión del actual sistema (la pena) por una serie de efectos, entre los que ostenta prioridad indiscutible la obtención de una satisfacción, económica o de otro tipo, para la víctima, 3. principio de oportunidad en la acusación pública, concurriendo determinados requisitos o presupuestos legalmente establecidos.

 ¿Cómo valora cuestiones como la dación en pago y que en diferentes ayuntamientos se esté trabajando en un modelo de mediación hipotecaria para evitar los desahucios?

Cualquier mediación que evite los desahucios siempre será positiva. En Andalucía, en el año 2011, había más de 4.900 desahucios pendientes de resolver. Una mediación para evitarlos y buscar una solución, consensuada y extrajudicial, sería beneficiosa, en primer lugar, para las personas afectadas, que viven situaciones, en muchas ocasiones dramáticas; en segundo lugar, los tribunales de justicia verían aliviada parte de carga de trabajo que sufren como consecuencia de la crisis económica.

 ¿Desde su punto de vista, además de la austeridad presupuestaria, que otros elementos son necesarios para tener una justicia ágil y accesible?

Una asignatura pendiente es la informatización, ya que la administración de justicia continua obsesionada con el papel. Entrar de lleno en la sociedad digital es la única manera de generar productividad y ahorro de tiempo. No sólo es una necesidad, tenemos también la obligación de consagrar el derecho a comunicarse por medios electrónicos en pleno siglo XXI. El expediente digital tiene que convertirse en una realidad. Hay que impulsar la gestión documental a través del expediente electrónico, la transmisión telemática de comunicaciones y, en fin, que los ciudadanos dispongan de un punto de acceso general para acceder a la información y relacionarse con los tribunales en determinados supuestos.

Respecto al personal, sería imprescindible una reestructuración a fondo y mejor optimización de los medios personales. Hay que romper la rigidez y actuales distorsiones de nuestra organización de trabajo, adoptando medidas ejecutivas para garantizar una gestión eficaz y eficiente de los actuales recursos humanos al servicio de la administración de justicia, potenciando servicios comunes y forma colegiada de trabajo. Se impone avanzar en la correcta redistribución del personal ante las actuales disfunciones: órganos con plantillas muy escasas y otros, en cambio, con exceso de personal; ausencia absoluta de movilidad en el inmediato entorno laboral, alto número de interinos, ausencia de especialización, que deja en entredicho la eficaz gestión y control de la oficina judicial.

 Austeridad pero Andalucía necesita más infraestructuras, mejoras en la informatización y un personal más cualificado, ¿eso es posible a medio plazo?

Es cierto que en Andalucía existe todavía un déficit importante de infraestructuras judiciales. Se necesitan nuevos edificios, funcionales y operativos, que permitan unificar sedes frente a la dispersión actual. Y sabemos que, en estos momentos de crisis económica, va a ser difícil que haya nuevas inversiones.

Pero, precisamente, en épocas de crisis hay que optimizar al máximo los recursos disponibles. La transformación organizativa y tecnológica, antes comentadas, pueden suponer una inversión (que no gasto) asumible para los tiempos que corren, al tiempo que ayudarían en gran medida a mejorar la eficacia y eficiencia de los actuales recursos, reduciendo sensiblemente costes en ciertas partidas.

 ¿Cómo puede interpretarse que el 60% de los asuntos penales acabaran con las sentencias de conformidad ¿ ¿Se puede rentabilizar este asunto de alguna forma?

La conformidad es una institución que permite a las partes participar con su voluntad en la determinación de la sanción penal, que posibilita una abreviación de los trámites procesales y permite al juez dictar inmediatamente la sentencia, siendo la vista innecesaria. La conformidad, por tanto, acelera y asegura el resultado del proceso, evitando la celebración del juicio.

Las posibilidades que ofrece la institución de la conformidad no están en absoluto aprovechadas. En efecto, ante el enorme porcentaje de juicios de conformidad, para evitar perjuicios innecesarios para testigos y peritos, al  tiempo que agilizar el trabajo de la oficina y, también, acortar el tiempo del resto de señalamientos, en el ámbito del TSJA estamos intentando potenciar el tratamiento de las conformidades en el orden jurisdiccional penal con el fin de que haya una comparecencia previa para conformidades antes del señalamiento del juicio que evite disfunciones y claros perjuicios, personales y económicos,  a los usuarios.

 En esta crisis, el Ministro Gallardón ya ha comentado que no habrá unidades judiciales ni jueces en el 2012 y que las tasas judiciales financiarán la Justicia Gratuita, ¿cómo les afecta a ustedes este tema?

Andalucía cuenta con un déficit importante de jueces. En la Memoria de 2011 la Sala de Gobierno del TSJA defendía la necesidad de crear 94 plazas de jueces unipersonales en función de la carga de trabajo y el volumen de litigiosidad. Tampoco es una buena noticia que no se convoquen oposiciones para jueces y fiscales este año. Necesitaremos, en cualquier caso, jueces de refuerzo para algunas de las jurisdicciones más atascadas.

 ¿Qué modelo de Justicia Gratuita se puede desarrollar para que funcione y no genere impagos entre los abogados que se dedican a ello?

No tengo elementos de juicio suficientes sobre esta materia, por lo que conviene esperar a las propuestas que se van a hacer en las mesas de negociación que sobre el particular ya existen entre algunos Colegios de Abogados yla propia Administración prestacional. El final debe ser mejorar la eficacia de dicho beneficio y su óptima utilización.

 Por último, ¿Cómo puede afectar a Andalucía la reordenación de partidos judiciales que propone el CGPJ; está usted conforme con la misma o haría otra?

Es necesario enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante el proyecto del CGPJ sobre la reestructuración de los partidos judiciales. Se trata, en primer lugar, de un documento embrionario, de base y estudio, cuya materialización será lejana, pues tiene un recorrido muy largo y obligado (político y legislativo). El resultado final siempre tiene que ser mejorar la eficacia de la justicia sin perjuicios añadidos para el ciudadano.

Ahora bien, tampoco debemos renunciar de antemano al debate sobre posibles y beneficiosos cambios en la actual planta y demarcación judicial, máxime ante el aumento y modernas infraestructuras de la población española, junto a la complejidad y características de muchos asuntos litigiosos. En algunos casos será muy conveniente reformar demarcaciones judiciales obsoletas, reagrupar partidos y profundizar en la comarcalización de ciertos Juzgados, con la consiguiente y beneficiosa especialización jurisdiccional, ampliamente demandada en determinadas materias (Violencia sobre la mujer, Familia e Incapacidades

 

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