Confiesa sin rubor su vinculación a ASNALA, entidad de la que acaba de ser nombrado vicepresidente, porque los principios de excelencia de esta asociación de abogados laboralistas coincide con los de su propio despacho. Esteban Ceca Magán se muestra en esta entrevista crítico con el Derecho del Trabajo, “seguro que cerca del 60 por cien del articulado del Estatuto de los Trabajadores está de más en la actualidad” y muestra su pesar por la masificación de la profesión de abogado, donde “seria relativamente sencillo fomentar el asociacionismo en nuestra profesión: Bastaría con crear en los Colegios de Abogados, unas Comisiones de Control, que asumieran el ejemplo de ASNALA, en las distintas disciplinas jurídicas.” En cuanto al trabajo de los laboralistas y la influencia de la crisis económica en el mismo, no cabe duda, se ha incrementado extraordinariamente. Conozco despachos que han concluido el año 2.008 con un aumento de casi el 200% de expedientes.

Esteban Ceca Magan, responsable del bufete Ceca Magan Abogados desde su fundación en 1973, es uno de los abogados especialistas en el derecho laboral más respetados y conocidos en España. Es Miembro de la European Employment Lawyers Association ( EELA) y vicepresidente de Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA). Es el único abogado español, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, designado asesor miembro del equipo mundial de juristas de la hoy ya primera asociación bancaria mundial “ Abecor “, Associated Banks of Europe.

Como autor destacan sus obras “Quince Lecciones sobre Convenios Colectivos”, “El Tribunal Supremo ante los Recursos de Casación para la Unificación de Doctrina”, “Despido objetivo y despidos disciplinarios”, “La Extinción del contrato de trabajo por razones objetivas”, “Las diversas modalidades de contratación laboral”, “ Mobbing y falso Mobbing “, “ La ley General de la Seguridad Social “ y otros libros sobre temas jurídico-laborales, de prevención de riesgos laborales y de seguridad social. Además es autor de diversos artículos y colaborador del Boletín Oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, para la Sección de Derecho del Trabajo.

¿Podría explicarnos cuál ha sido la razón de aceptar este cargo en una Institución del prestigio de ASNALA y por qué todavía los abogados son reticentes a formar parte de organizaciones? ¿Cómo incentivaría esta práctica asociativa?

La Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, es creación de su Presidente, José Luis Roales. Comenzando como un círculo de compañeros, para ayudarse profesionalmente. Pero su fundador es persona con visión de futuro. Estoy seguro que en el momento de concebir ASNALA, pensó ya en que sería la Asociación de Laboralistas más importante y respetada de España. He aceptado ser Vicepresidente, por agradecimiento a su fundador y porque su finalidad coincide con la aspiración a la excelencia, que practicamos en Ceca Magán Abogados.

Pero no podemos, olvidar que el ámbito asociativo es dispar en unas y otras profesiones y que los Colegios de Abogados no favorecen el desarrollo asociativo. Cualquier abogado puede reflejar en su tarjeta de visita, ser especialista en Derecho Mercantil, Tributario, o lo que quiera. Nadie le controla; pero ninguna Autoridad nacional o corporativa confirma su especialidad. Esto último, en ASNALA, jamás puede darse. Se han aprobado unas normas, que imponen que cuando un particular o empresa, necesiten un laboralista, tengan un elenco de profesionales, a modo de vademécum, controlado por la Asociación. Por ello, es fácil incentivar el asociacionismo en el Derecho. Bastaría con crear en los Colegios de Abogados, unas Comisiones de Control, que asumieran el ejemplo de ASNALA, en las distintas disciplinas jurídicas.

¿Desde su punto de vista hacia dónde ha evolucionado el perfil de abogado laboralista?. ¿Dónde se forman estos profesionales en la actualidad?

Nuestro Derecho del Trabajo, tiene tres etapas: la de su fundación, mediante la Ley de 30 de enero de 1900, sobre accidentes de trabajo; la del régimen de Franco, con el Decreto de 26 de enero de 1944 y la actual democrática, que se inicia con el Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo de 1980. Pero el Derecho del Trabajo, pionero en la defensa de muchos derechos fundamentales, ha quedado desfasado, por la realidad sociológica. En la actualidad, estimo, en el Estatuto de los Trabajadores sobran cerca de un 60% de sus preceptos.

Desde hace años, me he pronunciado a favor de que el legislador se convenza de que el trabajador no es menor de edad, y que sabe defender sus derechos, frente al empresario, haciendo uso de un precepto tan importante, como viejo: el artículo 1.255 del Código Civil del año 1881, que consagra el principio de libertad de pactos en la contratación. Además, cuanto más se legisla laboralmente, más se controla; pero menos trabajo se crea; puesto que el legislador, aun sin desearlo, se convierte en destructor de empleo, frente a un empresario que se resiste a cumplir todo un conglomerado heterogéneo de normas, en parte entorpecedoras de la actividad productiva.

Por lo que se refiere a la formación de los abogados laboralistas, no existe ninguna oficial. Las Facultades Universitarias son fábricas, donde se obtiene un título; que ni siquiera en una profesión como la medicina sirve, (sin el Mir), para el legal ejercicio de la profesión. La masificación actual; la desaparición de la formación profesional; las superespecialidades universitarias y el que todos queramos ser ingenieros de caminos, conduce a que los nuevos técnicos de cualquier rama, y concretamente de la jurídico-laboral, o tengan que comenzar desde cero, con desagradables sorpresas para los clientes, o iniciándose en Bufetes o Empresas, como becarios. La creación de unas Asociaciones de abogados, con control colegial o administrativo eficaces, sería la vía adecuada para solventar este problema.

¿Cómo está afectando la crisis económica que vivimos al trabajo de los abogados laboralistas? ¿Realmente han notado un repunte de su actividad? . ¿Es cierto que en estos momentos ha bajado el absentismo laboral en las empresas?

Comenzando por la última cuestión, es cierto que el absentismo ha bajado a límites insospechables. La razón es clara: la recesión económica ha introducido en la empresa el miedo a los despidos. Ello ha forzado a que los absentistas profesionales, se hayan reintegrado al trabajo. Tengo, por ello, una idea clara: conceder la competencia al médico de empresa, para controlar la baja laboral del trabajador; incluyendo que su dictamen resultase vinculante para la inmediata alta del trabajador pseudo-enfermo. El gasto sanitario y económico que para el erario público y el empresario el absentismo supone, es de tal magnitud, que difícilmente se comprende la no adopción de medidas gubernamentales, que resultarían ahorradoras de miles de millones de euros anuales.

En cuanto al trabajo de los laboralistas y la influencia de la crisis económica en el mismo, no cabe duda, se ha incrementado extraordinariamente. Conozco despachos que han concluido el año 2.008 con un aumento de casi el 200% de expedientes. De ello, no puede desprenderse, sino que los abogados laboralistas están desbordados de trabajo y que la materia es monocorde: despidos, despidos y despidos.

Crece el paro de forma desmedida y todo el mundo se pregunta si no habrá llegado ya el momento de una nueva reforma laboral; ¿qué opinión tiene al respecto?

Algunas entidades financieras y las constructoras, dependientes de sus créditos, han abocado a los ciudadanos a un peligroso juego con bienes de primera necesidad: el ahorro y la vivienda. Los gestores empresariales han perdido a veces los valores morales, y convertido su actuar en una obsesión, para hacer crecer ficticiamente el valor de las acciones y cobrar así pingües bonos y beneficiosos regímenes de stock options, introduciéndonos a todos en la burbuja inmobiliaria, que con su esperada y nunca confirmada explosión, ha acabado arruinando la economía. Esta pérdida de valores morales, es lo que está generando un desempleo tan alarmante, que en 2009, llegará a superar el 17,5%, si no se ataja con normas adecuadas. Por supuesto que si una reforma laboral no se produce de inmediato, con inteligencia, sin maquillarla con medidas populistas y forzando a la Banca a que del dinero público percibido para su recapitalización transfiera un elevado porcentaje al empresariado, provisionadas las insolvencias, el tejido industrial se resentirá como nunca.

¿Dónde cree que estarían las claves de una flexibilización del mercado laboral sabiendo que tenemos el despido individual más caro de Europa?

La pregunta se contesta por sí misma. El elevado coste del despido se ha convertido en fuente añadida de desempleo. Pues el empresario, cuanto más caro es el despido, más se incentiva a sí mismo a disminuir rápidamente su plantilla, en evitación de mayores riesgos futuros y sobredimensionamientos laborales de coste insoportable. Si el Gobierno quiere cortar la progresión del desempleo, debería: fijar como tipo de gravamen del Impuesto personal de los pequeños, medianos empresarios y autónomos, el 15%, con aplazamientos y fraccionamientos sin intereses; reducir el coste de cualquier despido, a 20 días de salario por cada año de servicio, con el tope de una anualidad de sueldo; y hacer desaparecer cualquier tipo de control, administrativo sobre las obsoletas y variadas formas de despidos improcedentes, nulos, individuales, colectivos, expedientes de regulación de empleo, etc., donde añadidamente la solución se deja en la mano de terceros (Administración Pública), normalmente ajenos al profundo conocimiento del mundo de la empresa que resultaría inexcusable en estos administradores de la justicia laboral. Máxime, cuando se constata que sobre la misma se está produciendo una clara desobediencia empresarial, facilitada por los fraudulentos despidos pseudo-disciplinarios, en los que el Gobierno prefiere no intervenir, mientras cada mes se incrementa el número de parados, disminuye el de cotizantes a la Seguridad Social y el sistema de pensiones está ya rozando los límites de la quiebra.

¿No tiene la sensación de que la legislación laboral actual se centra más en la empresa, ahora, que en el propio trabajador?. ¿Es eso bueno y coherente?

El Gobierno, preocupado por la recesión económica, intenta contentar a todos: empresarios y trabajadores. Pero resulta insuficiente ofrecer apoyos coyunturales al empresariado, cuando El Ejecutivo no se ha preocupado suficientemente de las empresas y no ha llegado a percatarse que el pequeño, mediano empresario y trabajador autónomo, deben estar permanentemente mimados, fiscal y laboralmente, al crear la mayoría de los puestos de trabajo.

Desde su punto de vista ¿qué deben hacer los sindicatos y demás agentes sociales como las empresas de trabajo temporal en esta coyuntura?

Por lo que se refiere a los sindicatos, deberían ya tener resuelta su autofinanciación, no percibiendo ayudas públicas. Por lo que a las empresas de trabajo temporal se refiere, el Gobierno debe concederles idéntico tratamiento al del Servicio Público de Empleo Estatal. Pues el INEM no funciona adecuadamente. Mientras que las oficinas privadas de colocación actúan a la perfección en los países donde existen. Deben tener, por ello, un tratamiento igualitario al del INEM.

Lo que es un dato sintomático es que ya en la jurisdicción social que era una de las que mejor marchaban empieza a haber síntomas de atasco y retraso en los procedimientos. ¿Qué puede hacerse para evitar estas dilaciones?

La jurisdicción laboral debía intervenir en no más del 50% de los procesos que actualmente juzga. A ello, añado que el trabajador demandante, como el empresario, cuando pierdan su pleito, deberían ser condenados en costas. Sólo con esta medida, la litigiosidad laboral se reduciría en un 60%. Junto a cuanto antecede, es obvio, que los Jueces carecen de medios; hay cantidad de problemas innecesariamente judicializados y como para el trabajador todo resulta gratis, nada pierde con litigar. Soy partidario de la reducción de la jurisdicción laboral y de la creación parcialmente sustitutoria de Tribunales Arbitrales Paritarios de Empresarios y Sindicatos, (TAPES) para resolver gran parte de los pleitos ahora en vía judicial.

Háganos una valoración de la reforma del Código Penal en legislación laboral y en concreto la tipificación del acoso laboral como delito. ¿Cree que va a ser fácil demostrar que existe delito en esta práctica?

Ni un Juez Laboral es Juez de Instrucción, ni viceversa. En el momento en que existiera un delito de acoso laboral, debería ser el Juez de Instrucción quien inicie las Diligencias.. En cuanto a que el acoso laboral se convierta en delito, España, no es Francia, o Dinamarca. Somos un país tendente al abuso y al igual que ha sucedido con el mobbing, (cada vez menos creído y más sentenciado negativamente por los Jueces, convencidos del fraude que tras dicha figura se oculta), sucedería lo mismo, si el acoso laboral se convirtiese en delito.

Por último, dénos su visión sobre la situación del estado de nuestra justicia y alguna idea para resolver su mal funcionamiento.

En la actual estructura administrativa, sería conveniente la desaparición del Ministerio de Justicia. Sus actuales competencias, podría asumirlas una Dirección General del Ministerio para las Administraciones Públicas. Y si ello no se produjere, soy contrario a que siempre sea Ministro de Justicia, un Juez, un Fiscal, o un abogado. Seguro que actuarían mejor un arquitecto, ingeniero, economista o, en definitiva, cualquier profesional ajeno al corporativismo jurídico. Otro mal de la justicia proviene de la falta de control sobre el trabajo de los Jueces y su preparación; exigible, en todas las demás ramas del funcionariado. Un cumplimiento de jornada, un control de sus actuaciones, una normativa disciplinaria justa, una atención obligada al justiciable, una eliminación del reverencial trato que el orden judicial impone y la concienciación de que sus sueldos proceden del erario público, cambiaría sustancialmente la justicia.

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