Las tres corporaciones representativas de la auditoría de cuentas en España anunciaron el pasado lunes que presentarán de forma inmediata recurso contra el Reglamento de la Ley de Auditoría, aprobado por el  “nace muerto” e infringe numerosos preceptos legales.

Como el lector recordará el  Consejo de Ministros aprobó  en su reunión del pasado viernes un Real Decreto con el reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas, culminando así el proceso de adaptación a la normativa comunitaria iniciado con la Ley 12/2010, de 30 de junio. Este proceso ha permitido incrementar la claridad del bloque normativo de la auditoría de cuentas, reforzando la función de interés público que cumple el auditor de cuentas.

Las modificaciones que contiene el reglamento tienen por finalidad completar aquellos aspectos de la ley que requieren un necesario desarrollo reglamentario e introducir mejoras técnicas, de supervisión o con el objetivo de cubrir lagunas o evitar ambigüedades.

Ahora, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España señalan que el procedimiento utilizado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, no se ajusta a la legalidad, ya que contraviene el artículo 24 de la Ley de Gobierno, y todo el procedimiento ha estado lleno de irregularidades.

Los auditores advierten que el ICAC, “deja una herencia nefasta, con irregularidades en la tramitación de este Reglamento y la totalidad de los auditores en contra de un texto que desarrolla una Ley que se aprobó por unanimidad en las Cortes”.

Aseguran que el ICAC no ha tenido en cuenta al Comité de Auditoría, su máximo órgano consultivo, y del que forman parte además de las corporaciones de auditores, el Banco de España y la CNMV.

“Y eso se produce con la agravante político de hacerlo con las cámaras disueltas, de forma sorpresiva, e incumpliendo la Ley de Gobierno”, denuncian las tres Corporaciones.

Aseguran que “este organismo dependiente del Ministerio de Economía ha actuado con las prisas propias del mal estudiante, con escaso interés por la protección de la legalidad y por la calidad de la auditoría de cuentas”.

Los representantes de la auditoría en España lamentan que durante la tramitación efectuada de este Reglamento no se han cumplido las garantías del trámite de audiencia exigidas por la Ley del Gobierno, no se ha respetado la duración y la continuidad previstas legalmente, y no se han valorado adecuadamente las alegaciones formuladas en dicho trámite, pues se recabaron varios informes preceptivos al mismo tiempo, superponiendo actuaciones y obstaculizando la normal instrucción del expediente.

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