Por Daniel Gómez-Olano, Director en el Área de Corporate Tax Services de KPMG Abogados.

Creo recordar que en la Universidad nos decían que la contabilidad debía reflejar la realidad de las cosas, pero que las cosas no debían ser alteradas por la propia contabilidad. Pero no es esto lo que ocurre, precisamente, cuando la tributación se hace depender, con carácter general, de las convenciones contables que se decidan adoptar en un momento determinado. Esta situación resulta especialmente paradigmática en el caso de las sociedades concesionarias de infraestructuras públicas, que pueden ver reducida drásticamente la rentabilidad de los proyectos existentes y futuros en los que participen, como consecuencia de la entrada en vigor de las nuevas normas contables aplicables a estas empresas. Veremos seguidamente por qué.

Origen de la norma

Tras no pocos debates y discusiones en el seno de ICAC, el 1 de enero de 2011 entraron en vigor las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad aplicables a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, que han pretendido adaptar la contabilidad de estas empresas a los criterios sentados por las normas internacionales de contabilidad, adoptadas en el ámbito de la Unión Europea. En particular, la nueva norma contable constituye básicamente una adaptación de la interpretación CINIIF 12 (o IFRIC 12, según su acrónimo en lengua inglesa), que venía siendo ya aplicada en los estados financieros consolidados de los grandes grupos de infraestructuras, desde el propio año 2006.

El tratamiento de los gastos financieros

Desde el inicio de la gestación de esta norma contable, la obligación o no de capitalizar los gastos financieros incurridos durante el período de explotación de la infraestructura ha constituido un permanente caballo de batalla, y un preocupante foco de incertidumbre para las empresas del sector. La adaptación estricta de la nueva norma contable a los dictados de la IFRIC 12 habría llevado a una situación de disolución legal obligatoria a una buena parte de las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, situación que podría haber resultado catastrófica.

Para evitar el desastre, el grupo de expertos que elaboraron la norma contable se vio de alguna forma obligado a desmarcarse de los criterios establecidos por la interpretación IFRIC 12, en virtud de la cual no resulta posible capitalizar los costes financieros incurridos durante la fase de explotación de la infraestructura. Tal quiebro técnico fue hábilmente justificado a partir de la calificación de tales gastos como un “activo regulado”.

A pesar de todo, las principales empresas y patronales del sector hubieran preferido la adopción de una solución de tipo jurídico-mercantil, al estilo de la existente en otros países de nuestro entorno, que habría evitado, en cualquier caso, la obligación legal de disolución de las sociedades concesionarias, en la medida en que fueran capaces de justificar adecuadamente su solvencia financiera mediante tests de liquidez. Solución que, además de resultar probablemente más equitativa, habría evitado determinados perjuicios fiscales derivados de la capitalización de los gastos financieros, tales como la más lenta deducibilidad fiscal de tales gastos, o el impacto negativo que puede tener, para los grandes grupos de infraestructuras españoles, el menor gasto fiscal a considerar como consecuencia de la depreciación de la participación en determinadas sociedades concesionarias extranjeras.
 

La reclasificación del activo material en activo intangible y en activo financiero

Pero el verdadero impacto fiscal de la nueva norma contable deriva de la obligación de reclasificar la infraestructura pública, registrada hasta el año 2010 como un activo material, en un activo intangible o en un activo financiero. ¿Por qué? En primer lugar, porque resultarán difícilmente aplicables determinados incentivos fiscales como la libertad de amortización de activos, o incluso el régimen de deducción por reinversión de beneficios extraordinarios (que resultaría potencialmente aplicable en los supuestos de rescate de contratos concesionales). Pero, fundamentalmente, el drama puede surgir cuando los activos deban ser calificados, total o parcialmente, como financieros, de forma que no podrían ser amortizados fiscalmente. Ello redundaría normalmente en una anticipación de los beneficios antes de impuestos y, por tanto, del impuesto sobre sociedades a pagar. Este nuevo tratamiento podría, por ende, reducir de forma muy significativa la rentabilidad de los proyectos concesionales existentes y futuros, precisamente ahora que empiezan a generalizarse los contratos en los que se contemplan pagos por disponibilidad por parte del ente público concedente, que en principio obligan a registrar un activo financiero en sede de la entidad concesionaria.

Si bien es cierto que la reclasificación de activos materiales en financieros podría mejorar la situación de “caja atrapada” existente en algunas sociedades concesionarias y que, como consecuencia de ello, podría llegar a mejorar la rentabilidad de los socios inversores en tales sociedades, no parece que ésta vaya a ser una situación habitual en la práctica.
 
Impacto de la norma contable en los contratos de financiación de proyectos
 
Normalmente, los contratos de financiación de proyectos de infraestructuras están ligados a parámetros de caja generados por la sociedad de proyecto. Si los ratios de cobertura para el servicio de la deuda se vieran negativamente afectados como consecuencia de la anticipación de impuestos, podrían incumplirse los “covenants” establecidos en los correspondientes contratos de financiación, con la consiguiente obligación de repago anticipado de la deuda. En cualquier caso, parece que el nuevo escenario exigirá la redefinición de las cláusulas contractuales estándar que venían siendo previstas hasta ahora, así como el planteamiento de fórmulas creativas de cara al futuro.

¿Y a qué contratos les será aplicable la nueva norma contable?

La nueva norma contable resultará aplicable a aquellos contratos en los cuales (i) esté involucrada una infraestructura controlada por la Administración pública y (ii) la misma sea explotada a través de la prestación de un servicio público. La determinación de si concurren o no tales requisitos y de si, por tanto, resulta o no de aplicación la norma contable, no resultará una cuestión necesariamente sencilla ni pacífica. De hecho, en algunos de los habitualmente denominados “contratos de concesión administrativa”, difícilmente concurriría el requisito de “servicio público”, de acuerdo con la reciente jurisprudencia comunitaria, así como de la emanada de nuestros tribunales de justicia en materia de contratos suscritos con entes públicos.

Conclusión

En definitiva, tanto la aplicación de la nueva norma contable, como de la correspondiente normativa fiscal, abre actualmente bastantes interrogantes a las empresas del sector de infraestructuras. No será por ello extraño que, mientras no se despejen las incertidumbres existentes, las empresas oferentes de nuevos proyectos de colaboración público-privada valoren internamente diferentes rentabilidades a la hora de preparar sus ofertas para la adjudicación de nuevos proyectos concesionales, como consecuencia de su particular forma de interpretar la normativa contable y fiscal relevante a estos efectos. Parece que, finalmente, la contabilidad sí que podrá afectar a la realidad de las cosas, aunque éstas permanezcan inmutables.

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