La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) celebró recientemente en Compostela su XIX Congreso «Una justicia de calidad», en el que ha concluido que los candidatos nombrados al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han de realizar, si es necesario, «un acto de valor y rebeldía» en defensa de la independencia. El XIX Congreso de la APM, asociación mayoritaria en la carrera judicial, se desarrolló en Santiago entre los días 25 y 28 de octubre y sus participantes han trabajado en comisión este tiempo en el que han llegado a conclusiones en las cuatro ponencias planteadas, y han renovado su confianza por tercera vez en su presidente, Jesús Chamorro.
En el acto de clausura, que contó con la participación del presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y del coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, se ha procedido a la lectura de las conclusiones, entre ellas las relativas a la cuarta ponencia «La credibilidad del juez ante la sociedad actual».
En este sentido, la APM aboga por potenciar una política de comunicación activa a través de los gabinetes de prensa para explicar a la ciudadanía la labor de los jueces con una «información veraz», y considera que «es necesario que los restantes poderes públicos tomen nota que el descrédito del poder judicial debilita la confianza de la comunidad internacional en España».
«El impúdico corporativismo del que ha dado muestras la clase política al aprobar en la última sesión de las Cortes Generales de 22 de septiembre de 2011 una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para facilitar el tránsito ilimitado de la política a la judicatura y viceversa, con el único fin de favorecer intereses personales», es una «muestra más del escaso valor» que los políticos otorgan al poder judicial.
La asociación critica este «paso atrás» y defiende «reforzar el crédito» del CGPJ, para lo que «es imprescindible volver a la designación directa por los jueces y magistrados de los vocales de procedencia judicial».
Sin embargo, continúa, mientras se mantenga el sistema actual, esta participación en el proceso de renovación del Consejo «ha de quedar supeditada a que los partidos políticos respeten la libertad de los vocales para designar presidente y vicepresidente», por lo que ha planteado buscar un pacto con las demás asociaciones para «reforzar» esta independencia del Consejo.
«Nuestros candidatos tienen que saber que, una vez nombrados, han de realizar, si es preciso, un acto de valor y rebeldía en defensa de nuestra independencia, ya que no deben otra fidelidad que a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».
En esta ponencia, la APM establece también acabar con la política de cuotas en los nombramientos judiciales, también mediante un pacto, y favorecer la mediación como forma de resolver conflictos.
Asimismo, la primera ponencia sobre la oficina judicial concluye que hay que paralizar su implantación «hasta que no se replantee su diseño organizativo», porque suplanta al juez y no es más eficaz, burocratiza la tramitación y requiere de más personal, no de menos.
Sobre la responsabilidad del juez, indica que hay que reformar la ley para que los tipos disciplinarios se correspondan con los deberes legales, y en relación a la tercera ponencia sobre el modelo retributivo, la APM concluye que «la independencia económica como integrante de la independencia judicial es una garantía de los ciudadanos y el Estado tiene la obligación de velar» por ella.
