por Mónica Ruiz. Socia de ABA Abogadas

La medida de permitir que las parejas puedan casarse y divorciarse de mutuo acuerdo ante Notario crearía ciertamente inseguridad jurídica y desprotección a los ciudadanos y a los menores, y, en cambio, no parece que lograse eliminar los retrasos y colapsos judiciales.

El día 1 de Febrero de 2012, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la propuesta del Gobierno de regular una ley de mediación y jurisdicción voluntaria que permita que las parejas puedan casarse y divorciarse de mutuo acuerdo ante Notario.

Según el Ministro, el fin de estas medidas es “desatascar” a los Tribunales, ya que “muchos asuntos que en estos momentos están atascados” se podrán resolver más rápidamente.

Comenzando con la celebración del matrimonio civil, los artículos 49 y 51 del Código Civil establecen que las personas que tienen competencia para la celebración de matrimonios civiles son:

  • El Juez encargado del Registro Civil.
  • El Alcalde del municipio en donde se celebre el matrimonio, o
  • El concejal delegado por el Alcalde para esa función.

Por tanto, en opinión de esta Letrada, con esta propuesta no se consigue “desatascar” a los Tribunales, procesalmente hablando. De modo que la pretensión real de esta medida podría ser la de otorgar una nueva competencia a los Notarios y, también, la de agilizar los trámites burocráticos y las actuales listas de espera. Ahora bien, esta medida puede ser un “coladero” para los matrimonios de conveniencia ya que actualmente para luchar contra este fraude de ley, los funcionarios del Registro Civil someten a los contrayentes a exámenes de hechos objetivos, examen que probablemente no alcancen a realizar los Notarios.

Siguiendo con la aprobación de los divorcios de mutuo acuerdo, la segunda de las facultades que la nueva ley otorgaría a los Notarios, se plantea la siguiente problemática.

De acuerdo con la legislación actual, para obtener el divorcio de mutuo acuerdo los cónyuges deben suscribir un Convenio Regulador donde acuerdan las medidas relativas a su divorcio. Estas medidas pueden ser relativamente sencillas cuando no hay descendencia, pero pueden ser altamente complejas cuando sí existen hijos, toda vez que hay que regular la guarda y custodia, el régimen de visitas, la pensión de alimentos y una posible pensión compensatoria, entre otras muchas medidas. Suscrito y firmado el Convenio Regulador, éste se presenta en el Juzgado de Primera Instancia competente de modo que los cónyuges ratifiquen su petición en presencia judicial y, si existen hijos menores, de manera preceptiva el Ministerio Fiscal debe también aprobarlo, ya que su función es revisar que las medidas relativas a los hijos son ajustadas a Derecho y no son perjudiciales ni abusivas.

De modo que, para que se cumplan con todas las garantías legales y de protección del menor, los Notarios sólo podrían reemplazar la figura del juez cuando no existan menores de edad. Ahora bien, se recomienda el asesoramiento de un abogado especialista en la materia ya que los notarios difícilmente van a poder suplantar la figura del abogado.

 Incluso en el caso de que no existan menores debemos subrayar que, al no ser los Notarios ni abogados en Derecho de Familia ni estar especializados en la materia la firma ante el notario no asegura que los derechos de los cónyuges estén correctamente regulados y protegidos. Con esto quiero decir que la labor del juez no es sólo la de homologar un convenio, sino la de asegurar que los pactos alcanzados entre los cónyuges van a poder ser cumplidos en un futuro y, sino es así, van a poder ser ejecutables ante un Juzgado, exigiendo el cumplimiento de lo pactado.

Y es que hay veces que se pueden pactar cláusulas que pueden quedar “en papel mojado”, de modo que un Juzgado vela porque esto no ocurra. Por eso insisto en la necesidad de que los cónyuges estén asesorados por un letrado porque el notario se va a ceñir únicamente a homologar el convenio sin más, a diferencia de lo que vienen haciendo los Juzgados.

Y, como hemos dicho,  en el caso de que se regulen medidas relativas a los hijos, resulta del todo inaceptable que se pueda suplantar la figura del juez por la del Notarioy que desaparezca la intervención y función del Ministerio Fiscal porque los cónyuges y los hijos no sólo necesitan, en palabras del Ministro, “una constatación de ese acuerdo para luego ser ejecutado” .

Por último, nuestra experiencia en los Juzgados es que precisamente los procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo, con o sin menores, no colapsan los Tribunales ya que en estos casos no se celebra ningún juicio ni tienen que dictar ninguna resolución judicial contenciosa. Simplemente aprueban el convenio si éste se ajusta ala legalidad. Dehecho, el que los cónyuges estén debidamente asesorados y el hecho de que el convenio esté correctamente aprobado judicialmente, evita posteriores disputas y reclamaciones judiciales lo cual ayuda a evitar un futuro litigio.

En definitiva, de acuerdo con la experiencia de esta Letrada, la medida de permitir que las parejas puedan casarse y divorciarse de mutuo acuerdo ante Notario  crearía ciertamente inseguridad jurídica y desprotección a los ciudadanos y a los menores, y, en cambio, no parece que lograse eliminar los retrasos y colapsos judiciales. Una alternativa podría ser la de otorgar más competencias a los Secretarios Judiciales y que fueran éstos quienes aprobaran los Convenios Reguladores. Pero, en ningún caso, la solución pasa por que los Notarios puedan divorciarnos

7 Comentarios

  1. Nada de acuerdo con lo que dice esta letrada,los notarios no solo son funcionarios publicos sino tambien profesionales del derecho,y sobre todo,en derecho de familia,asi que creo q nuestra jurisdicción voluntaria esta plenamente capacitada para asumir estas competencias prestar plenas garantias y agilizar el trabajo de los juzgados.
    Si es cierto, que en los divorcios de mutuo acuerdo si hay hijos seria conveniente q resolviera el juez atendiendo el interes del menor y los conflictos q pudieran surgirm

  2. La letrada de lo que no tiene ni idea es de la función de los notarios en general sin más, a partir de ahí lo que diga sólo rezuma corporativismo e inmovilismo ante las reformas sin duda pensando en el interés general, já. Todos los días en las notarías se formalizan negocios jurídicos en los que el notario controla el consentimiento de las partes, libre e informado, controla la legalidad y redacta el documento público, cuya matriz se conserva en el protocolo notarial. El notario es un funcionario público, imparcial por ley, con obligación de asesorar a las partes en especial a la más débil, que presta su función en la notaría (oficina pública) y todo ello plasmado en el documento público (escritura) con los efectos consabidos de título ejecutivo, prueba plena etc, lo más parecido a una sentencia. La letrada parece olvidar que todos los días en las notarías se formalizan negocios de derecho de familia (no en vano la oposición a notarías es bastante más dura que la de judicaturas y, eso, en derecho de familia, también) y también con menores! Como emancipaciones, reconocimientos de hijos extramatrimoniales, compraventas en nombre de menores, particiones hereditarias con menores y así un largo etcétera. Olvida también que los notarios ya suplen a los letrados en muchas ocasiones, no hay más que darse una vuelta por pueblos en los que no hay juzgado, ni siquiera abogados (pues no hay «negocio») y sí en cambio, notario, a quien acuden las gentes del pueblo en busca de consejo legal en los más variados asuntos, sí, también y sobre todo de derecho de familia y sucesorio. Por último, no sé a qué viene tanto temor por parte de los abogados, si la vía notarial será siempre voluntaria pudiendo optarse por la vía judicial «supuestamente gratuita». Quizá lo que se teme es que ocurra como en otras materias de la jurisdicción voluntaria ya atribuidas a notarios como las declaraciones de herederos abintestato, en que el 99% se hacen ante notario y no por la vía judicial. Y es que a veces los datos son tozudos, hasta 1992, declaración de herederos abintestato judicial (6 meses y 600€ según el valor de la herencia); vía notarial (20 días y 150€ fijos). No me extrañaría que con las separaciones y divorcios pase lo mismo.

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