Los ministros de Justicia de la Unión dieron luz verde a la Orden Europea de Supervisión, por la que las medidas cautelares impuestas a un detenido en un país miembro podrán aplicarse en otro de la Unión; a una decisión sobre prevención y resolución de conflictos de jurisdicción; ratificación de los acuerdos sobre extradición y asistencia judicial mutua entre la EU y Estados Unidos y, también muy importante, el acuerdo político sobre el paquete de garantías procesales sobre los derechos de interpretación y traducción en el proceso penal.
En este sentido, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, subrayó que “hemos iniciado el camino y España, como siguiente presidencia, está dispuesta a avanzar con paso firme y de manera decidida para hacer progresivamente realidad que los ciudadanos de la UE dispongan de un conjunto de derechos y garantías penales que les acompañen por todo el territorio de la Unión”.
El ministro destacó el avance que representa la Orden Europea de Supervisión, que permitirá la igualdad de trato entre nacionales y no nacionales de la UE para acceder a la libertad provisional. Esta orden habría sido, por ejemplo, aplicable en el caso de los ciudadanos españoles detenidos en Letonia, en junio de 2007, por supuesto ultraje a la bandera, y cuyo acceso a la libertad provisional exigió complejas negociaciones diplomáticas.
La decisión marco sobre prevención y resolución de conflictos de jurisdicción tiene como gran objetivo evitar la tramitación de procedimientos paralelos en distintos estados miembros por unos mismos hechos.
Respecto al paquete de garantías procesales, su principal objetivo es armonizar entre todos los estados de la UE los derechos que deben asistir a cualquier persona detenida. Se trata de la primera vez que la Unión logra un acuerdo en este sentido, que abre un proceso que continuará bajo la presidencia española, en el primer semestre de 2010, con el siguiente derecho sobre la información de sus derechos al detenido.
Finalmente, el Consejo alcanzó otros dos acuerdos parciales sobre “prevención y lucha contra el tráfico de seres humanos”, que mejora la anterior decisión marco en este asunto y subraya la atención a las víctimas y a sus derechos; y una última decisión marco sobre transferencia de procedimientos penales, que abre un cauce para aquellos casos en que un procedimiento penal iniciado en un país de la UE deba trasmitirse a otro estado miembro.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que el jueves se reunió en Londres con su homólogo británico, Jack Straw, al que presentó, en un clima de gran sintonía, la hoja de ruta de la próxima presidencia española de UE, aprovechó su estancia en Luxemburgo para abundar en los
mismos objetivos mediante encuentros bilaterales con ministros y altos representantes políticos de Eslovenia, Estonia, Lituania, República Checa, Rumanía y Luxemburgo.
