Registro CivilEl ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya ha tomado una decisión respecto a quiénes serán los encargados del Registro Civil. Finalmente se encomendará esta gestión a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles, y que, en línea con el objetivo anunciado por el Ministerio, tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano.

La Ley 20/2011, del Registro Civil, aprobada por el PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero sin determinar qué funcionario se haría cargo de ello. El anunció del Ministro, hecho el pasado martes en el pleno del Senado, pone fin a más de un año de polémicas producidas en torno a esta cuestión.

Gallardón se ha decantado definitivamente por este colectivo frente a los registradores de la propiedad o los secretarios judiciales «por tres razones principales»: su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital y su conformidad con «una de las líneas rojas del Ministerio», la gratuidad de los trámites para los ciudadanos.

Según el Ejecutivo, los registradores mercantiles se encargan ya de un registro muy similar al modelo que quiere establecer el Ministerio y que ya apuntaba la ley de 2011, que se basará en las personas y no en los actos que deban ser inscritos. Actualmente, los registradores mercantiles -que según los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario tienen carácter de funcionarios públicos, dependientes del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado- se encargan de la llevanza de registros de personas jurídicas y con la puesta en marcha de esta reforma asumirán también los de las personas físicas.

Los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública, según informa el Gobierno, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona, no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción).

Tras analizar en profundidad los problemas reales de ejecución que presenta la ley aprobada en 2011, el Ejecutivo ha decidido incluir algunas modificaciones, motivo por el que ha explicado que su entrada en vigor inicial, prevista para el próximo 22 de julio, se prorrogará «en los próximos días».

El Gobierno ha asegurado que se garantizará que haya una oficina en cada capital de provincia. La reforma, además, completa el mapa del Registro Civil estableciendo que allá donde no exista un registro mercantil, las notarías o las oficinas de los juzgados de paz que con la modificación de la LOPJ quedarán integradas en los ayuntamientos desarrollarán labores del Registro. También se ha comprometido a mantener el empleo existente, incluido el personal interino, dentro del territorio que es de su competencia.

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