Nuestro interlocutor no ha dejado de tener la curiosidad de antaño por analizar la sociedad desde diferentes perspectivas. Sociólogo de formación, reconoce que sigue siendo un lector asiduo de prensa. Fue Testigo privilegiado de nuestra transición democrática, tiempo en el que ocupó varias carteras ministeriales de la mano de Adolfo Suárez. Hoy, Luis González Seara es una de las caras visibles de la Fundación Ankaria, una institución que pretende aportar a la sociedad el conocimiento de sus patronos en los campos del arte moderno y la actualidad sociopolítica. De hecho, el próximo mes de julio los Cursos de Verano de la Universidad Complutense albergarán uno sobre “Justicia y Estado de Derecho”, que ya ha despertado gran expectación “No podíamos resistirnos a repetir la experiencia, tras el éxito cosechado el año pasado con el curso sobre la Reforma Electoral, tema aún vigente. Ahora queremos analizar el fenómeno de la justicia, pero no en abstracto, sino dentro del propio Estado de Bienestar en el que vivimos”, explica.

En el panorama actual, con una nutrida presencia diaria de la Justicia en los medios de comunicación, muchas veces por motivos ajenos a la propia administración de justicia, parece oportuno preguntarle a González Seara cómo valora el fenómeno de la politización de la justicia en nuestro país: “Es una situación que ya viene de años, y que se caracteriza por el intento de los políticos de solventar ciertas situaciones por la vía judicial. Creo que es un error este planteamiento, y que los políticos no deberían pasar la resolución de sus problemas a la vida judicial. Esta práctica no es buena y genera mucho descrédito en la propia opinión pública”.

ACADEMIA, POLÍTICA, PERIODISMO Y VIDA

Luis González Seara (La Merca, Orense, 7 de junio de 1936) es uno de nuestros sociólogos y políticos de mayor prestigio. Fue uno de los fundadores, en 1976, junto con Francisco Fernández Ordóñez, de la Agrupación Socialdemócrata y del Partido Socialdemócrata, integrado en la Unión de Centro Democrático (UCD) en 1977.

Fue también presidente y uno de los fundadores de Cambio 16 y Diario 16. Senador de la UCD por Pontevedra en la legislatura constituyente (1977-1979), diputado en el Congreso de los Diputados (1979-1982), también por la UCD, el 4 de febrero de 1982 pasó al grupo mixto, cuando Francisco Fernández Ordóñez abandonó la UCD, participando en la fundación del Partido de Acción Democrática. Sin embargo, al integrarse éste en el PSOE, González Seara abandonó la política.

En julio de 1977, fue nombrado Secretario de Estado de Universidades e Investigación y, con posterioridad, fue Ministro de Universidades e Investigación en tres gobiernos de Adolfo Suárez durante la I Legislatura (1979-1981). En la actualidad es catedrático de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, de cuya Facultad de Ciencias Políticas y Sociología fue decano entre 1971 y 1975.

Desde 2004 es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. El 15 de noviembre de 2006 fue elegido Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Sus obras más conocidas son Opinión Pública y Comunicación de Masas (1968). La Sociología, aventura dialéctica (1971). La Década del Cambio (1987). El Poder y la Palabra (1995), Premio Nacional de Ensayo en 1996. El laberinto de la Fortuna (1998). También ha sido hasta hace poco tiempo habitual columnista en medios de comunicación

Desde el pasado año viene desarrollando sus actividades la Fundación Ankaria, cuyo nombre evoca a los Montes Ancares, en Galicia, de donde son oriundos tanto Javier Rosón como el propio Luis González Seara , impulsores del proyecto. ”Esta entidad nace con la voluntad de aportar nuevas ideas, estímulos y propuestas que vengan en ayuda de la economía y de la sociedad, en consonancia con las exigencias de nuestro tiempo”, explica González Seara.

Sr. González Seara, ¿qué espacio pretende ocupar Ankaria como Fundación?

Deseamos que esté orientada hacia una serie de campos muy específicos, como pueden ser la investigación y el patrocinio del arte de vanguardia, por un lado, y la atención al modelo sociopolítico actual para analizar los problemas sociales existentes.

Por este motivo, nuestras actividades son muy seleccionadas, de cara a que tengan la utilidad que se espera de nosotros. Hasta la fecha, hemos puesto en marcha un seminario, el pasado año en los Cursos de Verano del El Escorial, sobre la Reforma de la Ley Electoral, con gran aceptación. Y también, ese mismo año, organizamos un Simpósium Internacional de Arte, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, primero en Pamplona, en el propio Museo de Navarra, y días después en Madrid, Caixafórum, también con notable éxito.

Si le parece, vamos a analizar el próximo Curso de Verano, que versa sobre la Justicia y el Estado Social…

Se trata de un curso en el que hablaremos de la Justicia, pero no en abstracto, sino de forma directa con su vinculación con el Estado de Bienestar. Tendremos la oportunidad de conocer las impresiones de profesionales como Landelino Lavilla, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que hará el discurso inaugural sobre La Justicia y el Estado de Derecho Democrático y Social; Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Constitucional, ex presidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Trabajo, que centrará su intervención en El Estado de Derecho y la Justicia; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero permanente del Consejo de Estado y ponente de la Constitución de 1978, que hablará de Los Riesgos y Oportunidades de la Justicia Constitucional, Clemente Auger, magistrado emérito del Tribunal Supremo y ex presidente de la Audiencia Nacional, intervendrá con la ponencia Poder Judicial y Política.

Junto a ellos también contaremos con la presencia de Manuel Aragón, magistrado del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Constitucional que hablará de los recursos de Constitucionalidad. Intervendrán también Gonzalo Rodríguez Mourullo, catedrático de Derecho Penal, Raúl Morodo, catedrático de Derecho Constitucional y Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo, que hablará de El Gobierno del Poder Judicial. Está prevista la clausura del curso por Pascual Sala, Presidente del Tribunal Constitucional.

Es evidente que vivimos en un momento marcado por la profunda escasez de recursos económicos. En este contexto, parece evidente que algunos rasgos que definen nuestro Estado de Derecho han quedado maltrechos. A lo largo de estos días de debate, pretendemos analizar la propia justicia desde este entorno que le estoy comentado, y desde la visión de muchos de sus protagonistas.

En demasiadas ocasiones se habla de la politización de la Justicia. ¿Está usted de acuerdo con esta relación tan directa entre ambos términos?

Cuando se aborda el tema de la politización de la justicia es evidente que se quiere señalar la influencia de otros poderes, en especial el legislativo y el ejecutivo, sobre el propio poder judicial. Ya comentó Montesquieu en su momento que la división de poderes debe ser independiente para que sea efectiva y que, a priori, el judicial parece el menos importante y el más influenciable por los otros dos.

Países como Estados Unidos han logrado solventar esta situación de una forma muy concreta; ya que existe un notable proceso de control judicial de los poderes públicos por los propios Magistrados del Supremo, jueces cuyos cargos son vitalicios, lo que hace que puedan desempeñar su labor con total independencia.

Ahora bien, plantear un modelo de este tipo en España es ahora muy complicado. Sobre todo en la situación de crisis económica que vivimos. No creo, bajo mi punto de vista, que podamos tender hacia ese modelo norteamericano, aunque parece evidente que el Tribunal Constitucional requiere de ciertas reformas, sobre todo en lo referente al voto de calidad de su presidente como fórmula de desempate.

En este contexto, también merece la pena señalar el abuso del recurso a la Justicia por parte de los políticos, acuden a ella para solucionar sus conflictos o problemas diarios. No es bueno mezclar unas cosas con otras, ya que genera también más descrédito en la propia Justicia.

¿Cómo observa el debate que se genera sobre posibles choques de competencia entre el Tribunal Constitucional y el Supremo?

Es evidente que hay que analizar la situación y estudiar a fondo estas dos instituciones para que no existan tantos roces. A mi juicio, la reforma del Tribunal Constitucional es inevitable.

Creo que sería bueno volver a los orígenes en cuanto a la elección de los miembros del CGPJ y del Supremo para evitar su politización y que se generen demoras imperdonables por falta de consenso político en la renovación de estos órganos judiciales.

¿Cuál es la opinión del proceso de modernización que afronta nuestra Justicia?

Entiendo que es un proceso necesario para convertir la Justicia en un servicio público eficaz. Pero, realmente, el momento en que vivimos es complejo y lastrado por la recesión. Que el presupuesto para Justicia sea solo del 0,38 del PIB resulta claramente insuficiente con las necesidades de nuestro país.

Me parece fundamental dotar a la justicia de los medios y recursos adecuados, fijando las prioridades oportunas. No podemos olvidar que la propia esencia de la justicia es proteger los derechos y deberes de los ciudadanos. Desde esa perspectiva, da sana envidia comprobar cómo en países como Estados Unidos se tarda poco en dictar sentencia y solventar los casos concretos. Nos queda trecho para llegar a esta situación.

Hablamos de justicia y de leyes que algunas veces se cuestionan, como ahora, cuando se habla de la dación en pago que ayude a las familias a soportar la crisis…

Es evidente que vivimos una profunda recesión, y la opinión pública se vuelca sobre los temas que más le afectan. Sobre la dación en pago realmente no tengo información sobre ello.

¿Le parece lógico que hayan descendido en más del 10 por ciento las reclamaciones por asuntos judiciales?

La verdad es que son datos dignos de estudiar. Parece como si el ciudadano no tuviera fe en los propios órganos judiciales. Es cierto que ahora, en plena crisis económica, puede resultar gravoso seguir reclamando por la vía judicial.

Con independencia de este apunte, es evidente que deberíamos buscar fórmulas para solventar los procesos de forma más rápida. Nuestro refranero está lleno de ejemplos al respecto, como aquel “Pleitos tengas y los ganes”. Creo que no estaría de más inculcar la cultura de la conciliación, tal y como se hace en Estados Unidos, donde se incita a las partes a que vean una fórmula de acuerdo antes de pasar por el juzgado.

Por último, ¿es inevitable desde su punto de vista que algunos procesos generen juicios mediáticos paralelos y que el propio sistema genere jueces estrella?

Los juicios mediáticos ahí están, nadie puede decir que no existen.Es preocupante ver cómo acaban por destruir la presunción de inocencia del encausado en múltiples ocasiones.

En esta tesitura, parece inevitable que surjan como usted ha comentado, los llamados jueces estrella. Pese a que es comprensible que todo el mundo quiera tener su dosis de protagonismo, su presencia excesiva no deja de ser una distorsión para el proceso en curso, que altera la imagen de la Justicia.

Lo peor de este tipo de situaciones es la posibilidad de que el protagonismo del propio magistrado pueda polarizar el proceso en una dirección determinada, con el peligro que eso supone para el veredicto final.

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