Beltrán Gambier y José Daniel AmoedoPor Beltrán Gambier y José Daniel Amoedo, abogados especialistas en transparencia pública

Este jueves se tratará en el Pleno del Congreso el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en lo que promete ser un debate caldeado.

El texto que se tratará se viene tramitando con lentitud y sin un adecuado debate que incluya las proclamas de la Sociedad Civil pese a que hay una ciudadanía cada vez más ávida de claridad en las cuentas y asuntos públicos. Se han desoído las numerosas propuestas realizadas por especialistas y organizaciones no gubernamentales interesadas por la transparencia.

Veamos lo ocurrido. Al llegar al poder en noviembre de 2011, y con el ánimo de comenzar su andadura con buen pie de cara a la sociedad, el gobierno actual decidió hacer gala de una supuesta voluntad de consenso convocando así a diversas organizaciones y expertos de la Sociedad Civil para que integrasen un comité de expertos, con la intención de abrir el texto a consultas y propuestas y aprobarlo dentro de sus primeros 100 días de gobierno.

La jugada salió mal, ya que el texto fue criticado de inicio a fin, justamente por la poca transparencia que iba a aportar en caso de ser aprobado. Las críticas se filtraron a la prensa, y el gobierno terminó cerrando el debate abruptamente antes de que concluyesen las reuniones para el análisis del proyecto. El Consejo de Ministros terminó aprobando un texto, el 27 de julio de 2012, que resultó muy insatisfactorio y lo envió al Congreso de los Diputados, publicándose el 7 de septiembre de 2012. A partir de esa fecha se abrió un período para hacer enmiendas a la totalidad. Prácticamente la mayoría de los partidos de la oposición vetó el proyecto, salvo el PSOE, que a pesar de las diferencias que mantiene con el partido gobernante en la materia, mantuvo su voto favorable al texto. Desde dicha fecha se encuentra también el texto sometido a estudio por la Comisión Constitucional integrada por los distintos partidos con representación parlamentaria, por la que han pasado ya 25 expertos en la materia, a los cuales poco les han dejado aportar dado que el texto a día de hoy permanece casi inalterado respecto de su versión original, más allá de algunas excepciones que seguidamente comentaremos.

¿Con qué clima llega esta ley?

Hasta ahora, las organizaciones que se encargan de abogar por una mayor transparencia en la Administración, no recibieron más que varapalos en sus intentos de acceder a información pública que puede llegar a resultar de interés para todos los ciudadanos.

El caso quizás más sonado fue el de la ONG Access Info Europe, que solicitó en 2007 información a la Presidencia del Gobierno acerca del desarrollo legislativo derivado de la adhesión de España al Convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales y al Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción. Tras el silencio administrativo inicial, se acudió a la instancia contencioso-administrativa en la que se dictó una sentencia desfavorable, la que fue recurrida ante el Tribunal Supremo que decidió confirmar la sentencia condenando en costas a la organización Access Info Europe. Tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Supremo entendieron que no se trataba propiamente de una solicitud de información, sino más bien de “que se le diesen explicaciones acerca del desarrollo legislativo (…) así como de la actividad de la Administración en la materia” (STS del 29 de mayo de 2012), cuestión que según el pronunciamiento de los tribunales debe permanecer vedada para la ciudadanía.

Dicha decisión debe ser recordada como un hito negativo y de alguna manera señala la línea de comprensión que tiene el ámbito judicial acerca del escaso alcance que debe tener el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

Entre el aluvión de críticas que recibió el proyecto, las más relevantes son las que señalan la insuficiente transparencia que aportará esta ley en relación a la Administración Central y a las instituciones más opacas con que cuenta actualmente la sociedad española: partidos políticos, sindicatos, Casa Real y organismos constitucionales. Éstas se financian casi íntegramente de fondos públicos (sindicatos y partidos políticos) o incluso íntegramente (Casa Real y organismos constitucionales), por lo que de dicha financiación pública deviene la lógica de que sus cuentas deben de ser también públicas.

Finalmente, tras un intenso debate en el seno del Congreso y también en parte debido a la presión popular y mediática, se ha modificado el ámbito subjetivo de aplicación y se va a incorporar a los colectivos inicialmente excluidos, aunque no está claro el grado de transparencia al que éstos serán sometidos. Se habla de establecer un porcentaje de financiación pública determinado a partir del cual se podría considerar la inclusión de una empresa pública o institución dentro del ámbito de la ley. Un porcentaje alto hará la ley más restrictiva en tanto quedarán fuera muchas instituciones o empresas que actualmente reciben ayudas públicas.

Un debate que promete ser acalorado

El debate de este jueves genera una fuerte expectativa. La cuestión esencial que probablemente constituirá el núcleo del debate es si el derecho de acceso a la información ha de ser considerado o no un derecho fundamental. El reconocimiento como fundamental supondría una diferencia cualitativa sustancial con respecto al derecho tal y como se encuentra regulado en el proyecto de ley, porque brindaría la posibilidad de ser protegido por el recurso de amparo.

Si se desea que la futura ley sea acogida favorablemente por la Sociedad Civil, los diputados tendrán una ardua tarea, pero poco cabe esperar de un debate en el que la mayoría parlamentaria ya está predispuesta a aprobar un texto con muchas deficiencias, algunas de ellas graves. El momento de acoger las voces de la Sociedad Civil fue durante el trabajo en la Comisión Constitucional.

Se estima que para septiembre ya esté el proyecto en el Senado y que para finales de noviembre esté publicado oficialmente en el BOE. Tras su publicación, se concederá un plazo de un año a la Administración para adaptarse a la normativa, por lo que recién tendría efecto a finales del año 2014, aunque los aspectos referentes al buen gobierno, que establecen una serie de pautas de conducta ejemplar para los funcionarios públicos, tendrían aplicación inmediata.

Quedan muchas cuestiones sin atar que resultan imposibles de obviar. Todo indica que la ley nacerá sin prestigio cívico ni herramientas adecuadas, sin recoger aspectos fundamentales que hacen que su implementación diste mucho de la deseada.

En este sentido, adherimos en buena parte a lo sostenido por la organización Access Info Europe, que sintetiza su crítica al proyecto en los siguientes puntos: (1) No reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental, (2) No incluye a todas las instituciones públicas, (3) El Alcance de la ley es inaceptable, (4) Propone el silencio administrativo negativo positivo y, (5) El organismo de de supervisión que propone la Ley de Transparencia no es independiente.

1 Comentario

  1. Artículos como el que nos ocupa son de agradecer. Diariojurídico.com debe abrirse, sin dirección política, a la realidad, en sus diferentes órdenes, llevando a los operadores jurídicos a los temas que preocupan al pueblo votante que no son pocos.

    Treinta y cinco años después de la Norma de normas, nuestro querido país, configurado como Estado de las Autonomias, trata el tema de la transparencia de los fondos, los actos y las actuaciones públicas y lo hace con la delicadeza propia del que quiere esconder algo de no poca envergadura. Queremos estar a la altura de USA o Reino Unido pero no le vamos a llegar “ni a la suela de los zapatos” (expresión popular)y eso es realmente triste, por no decir patético. En cualquier caso, el debate, bien conducido por algunos medios de comunicación, abre un nuevo eje de debate electoral al que los partidos políticos – los que queden tras la necesaria renovación que deben acometer- deberán dar buena respuesta. Entiendo, con ello, que lo que apruebe el Gobierno este año, de quedarse corto, será mejorable en un futuro porque los pactos en este terreno producen heridas de enorme magnitud, habida cuenta que el pueblo “soberano” si que sabe o tiene claro lo que quiere al respecto.

    Cuanto al apoyo constitucional al tema del buen gobierno y de la transparencia política, económica y social, nadie se quejaria si -haciendo uso del precedente- en el mes agosto y en 15-21 dias se acuerda una modificación del texto constitucional donde se recoja esa obligación (que no recomendación) para el conjunto de los poderes públicos.

    ¡Señores políticos, a ponerse las pilas i a descubrirse!

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.