Comité de la ONU también señala que las desapariciones en México podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad
En una situación de emergencia humanitaria como la que vive México con relación a la desaparición de personas, la palabra expectativa y acción tienen otros significados porque la experiencia de colectivas de búsqueda y familiares les ha enseñado que los mismos caminos llevarán a idénticos resultados.
El Informe sobre Desapariciones en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una recopilación de lo que durante décadas se ha documentado, denunciado y omitido por parte del Estado Mexicano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos.
El informe «Desapariciones en México» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobado en febrero y presentado oficialmente en mayo de 2026, califica la situación en el país como una grave crisis humanitaria y de derechos humanos. El documento documenta un fenómeno generalizado e indiscriminado, impulsado por altos niveles de impunidad y la participación del crimen organizado.
La CIDH reconoce algunos esfuerzos recientes por parte de las autoridades mexicanas, pero señala graves deficiencias estructurales pero advierte que existe una falta de investigación y sanción a los responsables, lo que perpetúa la repetición de los crímenes.
Las familias de las víctimas enfrentan obstáculos institucionales, falta de apoyo psicológico/social y estigmatización, lo que las ha obligado a organizarse en colectivos y realizar labores de búsqueda por cuenta propia.
El informe la Comisión Interamericana observa y visibiliza el fenómeno de la desaparición de personas en México. Asimismo, presenta los avances adoptados y los desafíos enfrentados por el Estado para afrontar esta crisis humanitaria a la luz de las obligaciones en materia de desaparición de personas dispuestas en el derecho internacional de los derechos humanos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), a la fecha de aprobación del último informe de la OEA, existen más de 128.000 personas desaparecidas y no localizadas en México. Asimismo, estimaciones independientes indican que la cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70.000.
El informe de la OEA también señala “El universo de personas desaparecidas agrupa una multiplicidad de perfiles, entre los que se incluyen niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, a mujeres y niñas víctimas de violencia de género; destacando la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Incluye también a personas migrantes víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual, personas víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género, periodistas desaparecidos por el ejercicio de su labor informativa y personas defensoras de derechos humanos que son desaparecidas por buscar a sus familiares desaparecidos o por proteger o denunciar abusos en sus comunidades, territorios o contra el ambiente.”
“En la actualidad existe coincidencia entre autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y órganos internacionales de derechos humanos en que la desaparición de personas en México tiene una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales.”, resalta el informe.
Además, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para que un acto (como el asesinato, la tortura, o la desaparición forzada) sea considerado de lesa humanidad, debe cumplir con las siguientes características: Ser parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Estar dirigido por una política de Estado o tener la tolerancia, apoyo o participación directa de autoridades gubernamentales. El perpetrador debe tener pleno conocimiento de dicho ataque.
