Se trata de una iniciativa que involucra al ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, y su homólogo mexicano, Roberto Velasco Álvarez
Los ministros han acordado continuar los esfuerzos diplomáticos para sumar nuevos apoyos a la iniciativa franco-mexicana para regular el uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en situaciones de atrocidades masivas.
La iniciativa franco-mexicana consiste en promover una restricción voluntaria del derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para que no lo utilicen en situaciones de atrocidades masivas, como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o violaciones masivas de derechos humanos.
El veto del Consejo de Seguridad de la ONU es la facultad exclusiva de los cinco miembros permanentes (P5: EE.UU., Rusia, China, Francia, Reino Unido) para bloquear cualquier resolución «sustantiva», incluso si cuenta con mayoría de votos. Un solo voto en contra de estos países impide la adopción de medidas, reflejando intereses geopolíticos y limitando la eficacia del Consejo.
El Consejo de Seguridad de la ONU es el principal órgano responsable de mantener la paz y seguridad internacionales. Compuesto por 15 miembros (5 permanentes con poder de veto y 10 electos), tiene la autoridad para imponer sanciones, autorizar el uso de la fuerza y emitir resoluciones vinculantes obligatorias para los Estados miembros.
La función del Consejo de Seguridad es mantener la paz y la seguridad internacionales; Fomentar relaciones de amistad entre las naciones; Cooperar en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo del respeto a los derechos humanos; Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ostenta un poder significativo pero limitado en el derecho internacional, centrado en mantener la paz, proteger derechos humanos y codificar normas a través de tratados. Su fuerza radica en la Carta de la ONU, que obliga a los Estados miembros, y en la autoridad del Consejo de Seguridad para autorizar medidas coercitivas (incluido el uso de la fuerza) y sanciones.
En enero de 2026, el presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de más de 60 organizaciones y tratados internacionales, incluyendo más de 30 entidades de las Naciones Unidas (ONU), argumentando que no sirven a los intereses nacionales. La administración Trump considera que estas entidades son ineficaces y contrarias a los intereses de EE. UU., bajo su política de «Estados Unidos primero».
Al explicar la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró: «La administración Trump ha llegado a la conclusión de que estas instituciones tienen misiones duplicadas, están mal gestionadas, son innecesarias, costosas e ineficaces, y están influenciadas por actores que actúan en función de sus intereses y agendas…».
Según sus estatutos, ningún Estado miembro de la ONU, incluidos los Estados Unidos, puede retirarse de algunas, si no de muchas, de estas organizaciones y tratados simplemente declarando su intención de hacerlo. Existe un período transitorio de varios meses antes de que la retirada surta efecto. La retirada de los tratados puede requerir una ley del Congreso.
