Comité de la ONU manifestó que las desapariciones en México podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó un procedimiento especial (artículo 34) ante la crisis en México, señalando indicios de crímenes de lesa humanidad debido a la falta de justicia y más de 130,000 personas desaparecidas. Esta alerta busca llevar el caso a la Asamblea General para combatir la impunidad del 97% en estos casos. El 97% de los casos ocurrieron después de 2006.
México enfrenta una crisis humanitaria y forense con una cantidad enorme de más de cuerpos inhumados en fosas comunes oficiales (panteones públicos/morgues) y miles de fosas clandestinas vinculadas al crimen organizado. Se han reportado más de 5,500 fosas clandestinas entre 2006 y 2024, con alta concentración en estados como Jalisco, Sonora y Guanajuato.
Existen más de 72,000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes hasta 2023, exacerbando la crisis de desaparecidos.
ONU
La entidad solicita a la Asamblea General que considere tomar medidas y cita el hallazgo de 4500 fosas clandestinas en el país, donde se han encontrado unos 72.000 restos humanos no identificados.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada El Comité concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.
En consecuencia, ha decidido solicitar al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
La entidad subrayó que no encontró pruebas de que se trate de una política a nivel federal para cometer dichas desapariciones.
Por el contrario, tomó nota de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado.
El Comité aclaró que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. “Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.
A pesar de las medidas adoptadas en los últimos años, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles.
Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.
De hecho, Amnistía Internacional expresa su profunda consternación ante el hallazgo de fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, y en Reynosa, Tamaulipas. Este descubrimiento realizado el año pasado por colectivas de esos estados amerita que el Estado mexicano abra una investigación inmediata, independiente e integral, que permita identificar los restos localizados y entregarlos con el debido respeto y cuidado a las familias que buscan a sus familiares desaparecidos.
