El Poder Judicial de la Federación refrenda su obligación y compromiso para combatir detenciones arbitrarias.
Ante el grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria, el poder judicial de la federación refrenda su obligación y compromiso para combatir esta práctica.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), refrendó las obligaciones y el compromiso, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el combate a las detenciones arbitrarias.
“Estamos comprometidos —no solo por obligación constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable convicción— con la protección fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias una de sus más altas expresiones y razón de ser”, afirmó ante los integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA).
Asimismo, aseguró que el PJF ha tomado atenta nota de las casi 50 opiniones que desde el 2002, este Grupo de Trabajo ha emitido al Estado mexicano, en casos puntuales sobre detenciones arbitrarias.
Anunció que entregará un informe detallado sobre los principales temas de interés para el GTDA, entre otros: el estado de la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, así como las resoluciones judiciales relativas a la ampliación de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y el abuso de la prisión preventiva oficiosa.
La ministra presidenta comunicó que, a finales de este año, desde La Corte se publicará un protocolo de actuación para personas juzgadoras y defensoras públicas, precisamente sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio con el objetivo de brindar herramientas prácticas y útiles para que los operadores de justicia, al resolver los casos que se someten a su consideración, tengan una actualización de los precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales aplicables a la materia.
La ministra Norma Piña explicó cómo se ha reforzado -desde las sentencias de La Corte- la protección de las personas a través del registro de cada detención, obligación a la que están sujetas todas las autoridades que realizan labores de apoyo a la seguridad pública, incluyendo a las que pertenecen a las fuerzas armadas.
La ministra Norma Piña resaltó el valor indispensable de la independencia judicial, que debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, ni a la continua profesionalización de los integrantes de la judicatura.
Al respecto, Matthew Gillett, integrante del GTDA, en su intervención confirmó que el tema de la independencia de los jueces es una característica importante en un país que enfrenta una criminalidad compleja y, además, resulta esencial para la presunción de inocencia.
La ministra presidenta agregó que, en México, la justicia enfrenta retos adicionales relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.
