La SCJN invalidó requisito de no haber recibido condena por delitos dolosos previsto en la ley de adopciones del estado de chihuahua.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencia, invalidó el artículo 9, fracción V, de la Ley de Adopciones del Estado de Chihuahua.

El Artículo 9 dispone: Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología o carreras afines de las instituciones públicas y privadas que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales en materia de adopción, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

  1. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en trabajo social, psicología o carreras afines.
  2. Acreditar experiencia en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, familia, pareja o adopción.
  • Acreditar experiencia laboral mínima de dos años, en trabajo social o psicología, o en la atención de niñas, niños o adolescentes sujetos de asistencia social o solicitantes de adopción.
  1. Presentar carta compromiso por parte de la institución de asistencia privada que proponga al profesional de que se trate ante el DIF Estatal, en los casos de profesionales que busquen ingresar a instituciones privadas. V. No haber recibido condena por delitos dolosos.
  2. Presentar constancia de la institución de asistencia privada en la que indique que las personas profesionales en trabajo social o psicología o carreras afines, son personas empleadas asalariadas con remuneración mensual fija.
  3. Contar con una certificación especializada en materia de adopciones.

El DIF Estatal expedirá las autorizaciones correspondientes para laborar en la Procuraduría como personal de trabajo social y psicología, y llevará un registro de las mismas.

En aquella disposición se establecía como requisito para ejercer profesiones de trabajo social y psicología o carreras afines en las instituciones públicas o privadas que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales en materia de adopción, se establecía el “no haber recibido condena por delitos dolosos”.

Lo anterior, al considerar que dicha fracción resultaba contraria al derecho de igualdad y no discriminación, pues su formulación era en extremo general, al comprender a cualquier persona condenada por cualquier delito doloso, aun cuando no guardara relación con la función a encomendar.

Además, la norma tampoco acotaba la gravedad del delito o la pena impuesta, con lo que se incluía incluso aquellos delitos a cuya comisión correspondiera una pena no privativa de libertad.

El Pleno consideró que si bien las personas que ejercen dichas profesiones en el ámbito de la adopción de niñas, niños y adolescentes, realizan una función de orden público relacionada con la protección reforzada de la que goza este grupo, lo cierto es que para asegurar el correcto desempeño de su función no es constitucionalmente válido recurrir a cuestiones estigmatizantes, tales como no haber recibido condena por delitos dolosos, ya que esto parte de prejuicios sociales.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación, República de México

Acción de inconstitucionalidad 117/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 9, fracción V, de la Ley de Adopciones del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 5 de febrero de 2020.


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