La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva para quienes cometen delitos fiscales, lo que demuestra que existe división de poderes en México.
La decisión de la SCJN demuestra que existe división de poderes y será respetada, pero según el primer mandatario no se actuó bien porque protege corrupción y minorías.
Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional e invalidó la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, así como por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
Se trata de una de las reformas más importantes que impulsó Morena y el actual gobierno federal para combatir a las llamadas factureras y, que a su juicio, forman parte de redes delincuenciales dedicadas a la evasión sistemática de impuestos.
El pleno de la SCJN analizó la constitucionalidad del decreto del 8 de noviembre del 2019, por el que se adicionaron y derogaron disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional; así como a los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal. Tras ello, en el mismo mes de noviembre y luego en diciembre del 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición interpusieron, respectivamente, una acción de inconstitucionalidad.
Existe división de poderes en México y el Poder Judicial actúa con absoluta libertad, aunque falta todavía que se castigue por igual a quienes cometen ilícitos y que la justicia no esté al servicio del dinero, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El primer mandatario expresó que la resolución de la SCJN sigue la línea de proteger la corrupción y proteger a las minorías, y al mismo tiempo, castigar a quienes no tienen con qué comprar su inocencia:
“Me parece que no se actuó bien. Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte porque queremos estar un verdadero Estado de derecho. El abogado que se forma de manera ortodoxa se ajusta a la ley; es muy común que digan los abogados: ‘la ley es la ley’, y yo tengo una visión distinta. Yo sostengo que por encima de la ley debe estar la justicia.”
Asimismo, señaló que es positivo que existan puntos de vista diversos porque la democracia es pluralidad, y confió en que jueces, magistrados y ministros alcancen una dimensión social para hacer justicia sin apartarse de la legalidad.
“Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública del país, porque se están dando cambios importantes. Esto de la Corte de ayer, ¿cuándo se veía?, ¿cuándo la Corte votaba en contra de una iniciativa del presidente?”
El Jefe de Estado afirmó que continuará la misma política que propuso durante su campaña, ya que la corrupción es la causa principal de la violencia y de la desigualdad económica y social.
En ese sentido, destacó que la revocación de mandato es un ejercicio de democracia participativa donde la población podrá opinar si desea un cambio en la forma de gobierno, aun cuando no alcance el 40 por ciento de votos requeridos para ser vinculatoria:
“No se puede gobernar un país, transformarlo, si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política. Decía Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada’, y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre.”
Fuente: Prensa Presidencia de la Nación, República de México
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