Se estima que la regulación del cannabis beneficiará al campo alejándolo del asedio del crimen organizado.

El procurador Agrario, Luis Hernández Palacios, señaló que los espacios productivos del campo para el cultivo de la marihuana en el país, han sido ocupados por bandas del crimen organizado y hoy son quienes organizan y dirigen su producción, distribución y comercialización.

Los impactos negativos sobre los campesinos y los núcleos agrarios han sido el despojo, desplazamiento forzado y la subordinación por la fuerza a aceptar el desarrollo de cultivos u obligarlos a rentar sus tierras.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, sostiene que la propuesta de Ley para regular el cannabis establece las condiciones para beneficiar al campo mexicano, sin asedio del crimen organizado.

Menchaca Salazar justifica que se requiere control por parte del Estado en la producción para pacificar al país, generar ingresos y respetar los derechos de quienes utilizan la planta.

Así lo manifestó al participar en el encuentro, organizado a distancia por la Procuraduría Agraria, titulado “Diálogos agrarios por el territorio.”

En la cita, estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath y el senador Arturo Bours Griffith, de Morena.

En la reunión, el presidente de la Comisión de Justicia destacó que durante casi cien años ha estado prohibida la marihuana y los campesinos han sido el sector más débil, más castigado.

Los campesinos son los que siembran la planta por necesidad, o bien, la delincuencia organizada los obliga a cultivarla.

Menchaca Salazar señala que con las condiciones que se establecen en la Ley para regular el cannabis se da prioridad al campo mexicano.

“De manera mal intencionada se ha señalado que le da preferencia a la importación extranjera, que no se va a respetarla producción nacional, pero eso es totalmente falso”, apuntó.

“Lo que se necesita hacer es saber de dónde viene una planta para que el Estado mexicano tenga el control del producto”, explicó.

Además, resaltó en que “los campesinos, sobre todo, donde han sido perseguidos, van a tener una enorme fuente de ingreso legal, que generará impuestos en un mercado de miles de millones de dólares. Con el control, supervisión y fiscalización del Estado se podrá beneficiar a los productores.”

Julio Menchaca reconoció que si bien existe un sector al que no le gusta la idea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión que legisle en la materia; y para ello, tienen plazo hasta diciembre de este año.

Por lo tanto, se tienen dos opciones: eliminar los artículos de la Ley General de Salud que el máximo tribunal declaró inconstitucionales o expedir una nueva Ley que respete el derecho humano de las personas a tomar sus decisiones.

La intención de la propuesta de Ley consiste en poner las reglas del juego para el uso lúdico, el medicinal, industrial y de investigación, a fin de que todo esté en orden.

Finalmente, recordó que se realizaron foros, conferencias, reuniones donde participaron académicos, especialistas y todos los interesados, que en comisiones ya se aprobó en lo general un dictamen que recoge más de 13 iniciativas de legisladores.

Fuente: Senado de la República, República de México

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