Diputada propone que no se condicione la disponibilidad del saldo adquirido en un celular a un plazo de vigencia.
La pandemia ha sido no solo un parteaguas en materia de salud y medidas sanitarias, sino también en materia de comunicación, debido a que el uso de celulares se ha hecho imprescindible y determinante en muchos sentidos al permitir la conexión de la población en general.
Las recargas son un negocio redondo donde todos ganan, menos los usuarios, especialmente los que menos tienen, porque el 81.8 por ciento acceden a la telefonía celular en la modalidad de prepago, mientras que el 18.2 por ciento mediante el postpago.
El 50% de las recargas que hace la población va de los 50 a los 100 pesos; el 26 por ciento contrata montos de entre 30 y 50 pesos; el 8 por ciento se sitúa en un costo inferior a los 30 pesos, y el siete por ciento invierte de 100 a 200 pesos en promedio.
La diputada del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura, impulsó esta iniciativa con el propósito de que no se condicione la disponibilidad de saldo para realizar o recibir comunicaciones de voz a la compra de nuevas recargas en teléfonos celulares, una vez que la vigencia del saldo haya expirado.
Para lograrlo, propone reformar la fracción XVI del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
“La condición o sujeción de términos, plazos de vigencia o expiración del saldo adquirido mediante recargas es, sin duda alguna, un abuso”, expresó la legisladora.
Porque si el usuario, al final de este plazo, no consumió el total del saldo disponible, éste queda congelado o almacenado sin que lo pueda utilizar y solo se reactiva hasta que se haga una nueva recarga. Con estas medidas se condiciona el disfrute del saldo, el aprovechamiento del derecho adquirido al servicio y a estar comunicados.
Este ejercicio en materia de recargas de saldo por parte de las compañías telefónicas en el país es una forma engañosa y disimulada para forzar y atar a la población a estar haciendo de manera permanente recargas de saldo, agregó Corona Nakamura.
Además, daña la economía de los usuarios de telefonía celular y de las familias de menores recursos, porque el 84 por ciento de las recargas que hace la población en promedio son por los montos más bajos disponibles en el mercado.
La iniciativa pretende la modificación del marco jurídico, para que, al menos, el saldo que los usuarios adquieren con su dinero y en ejercicio de su derecho de acceso a la comunicación no se sujete a vigencia alguna o se condicione su disfrute a una nueva recarga para poder seguir haciendo y recibiendo llamadas.
Fuente: Prensa Diputados de la República de México
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