miquel samperEl Consejo de Colegios de Abogados de Catalunya – CICAC -tiene nuevo presidente. Miquel Sàmper, decano de Terrassa, liderará la institución en el próximo año. Llega al cargo en un momento de dificultad para el sector, no solo por la amenaza que supone el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que contempla la posibilidad de eliminar algunos colegios, sino por el malestar – instalado ya en el sector – por las tasas judiciales,la reforma del CGPJ o los rectortes en el turno de oficio.
Samper llega al cargo aupado, entre otras cosas, por haber creado las Oficinas de Intermediacion Hipotecaria que pretenden dar salida a los desahucios y que iniciaron un modelo que han copiado ya muchos colegios repartidos por el territorio español. El siguiente reto, para Sàmper, es institucionalizar este sistema y es precisamente por eso que busca la complicidad del Ministerio de Economía, que a día de hoy, no está dispuesto a cerrar todavía un pacto.

En primer lugar enhorabuena. ¿Cómo afronta el nuevo cargo?

Pues la verdad es que es un año repleto de retos, en un momento terriblemente complicado, no sólo para la abogacía, sino para toda la sociedad. También es cierto que en nuestra profesión, con el anteproyecto que circula del ministerio de economía en el que se sostiene que se pretende hacer desaparecer en el mejor de los casos a los colegios provinciales y en el peor de los casos a todos los de partido pues evidentemente es un momento delicado. No entro en un momento de flores, sino en un momento de batalla social.

Hablemos precisamente de esta ley de servicios profesionales. ¿Por qué es importante que existan los colegios profesionales?

Desde mi punto de vista son importantes, en primer lugar, por la proximidad. Es decir, a mi me da la sensación que el gobierno central está pretendiendo tener controlados todos los actores, no sólo jurídicos, sino los actores sociales, y es más sencillo controlar a uno que a ochentaitrés. De manera que se perdería la proximidad con el ciudadano. No se debe olvidar que nuestra función no es corporativa, no es simplemente gestionar y controlar los intereses de un gremio, sino que nuestra función es fundamentalmente social. Nosotros estamos gestionando desde hace mucho el turno de oficio. Hemos creado y generado los servicios del turno de oficio especiales para menores, extranjeros, mujeres maltratadas y estamos cerca de la gente mayor. Ahora también estamos cerca de los desahucios gracias a las oficinas de intermediación hipotecaria. Y esto lo estamos haciendo desde la proximidad al ciudadano. No es lo mismo, entiendo yo, gestionar el turno de oficio desde un ente administrativo o externo a los colegios que hacerlo desde unas localidades que en el peor de los casos, sitúa a los interesados a 30 kilómetros de distancia.

Hay muchas más cosas, por ejemplo, el control de la deontología: ¿Quién va a controlar que se ejerza bien nuestra profesión? El control del intrusismo: ¿quién va a gestionar que exista un buen servicio profesional? Pues lo tenemos que hacer nosotros. Y no se me ocurre pensar que en una comunidad autónoma como la catalana, con siete millones de habitantes, se pueda gestionar desde un solo colegio profesional. No me cabe en el cabeza.

¿Y la colegiación debe ser siempre obligatoria?

Con la nueva reforma se plantea que sea sólo obligatoria para los abogados que actúen ante los tribunales en juicio. Pero imagínate la picaresca que se puede llegar a introducir. Un despacho muy grande o mediano, lo que puede hacer es colegiar a uno o a dos para que firmen las demandas: pero quién va a controlar luego que efectivamente el trabajo del resto no exige colegiación? ¿Y quién va a controlar el servicio?

Naturalmente que debe ser obligatorio. Igual importancia tiene defender a una persona en un procedimiento judicial donde se reclamen 100.000 euros o donde se esté disponiendo sobre la libertad de una persona en un tema penal, por ejemplo, que la de alguien que asesora a una persona de la calle en un convenio de 200 o 300 euros. Es decir, la seguridad que debemos generar es la misma. Ya sea procesalmente en un juzgado, bien sea en un contrato privado entre las partes. Con el fin de salvaguardar la profesionalidad de todos los abogados, sean procesalistas o no, entendemos que la colegiación debe ser obligatoria porque los colegios son los que controlan el buen ejercicio de la profesión.

Esta misma ley establece novedades en la figura de abogados y procuradores…

No puedo decir con exactitud lo que va a pasar. Sí que es cierto que se habla siempre de la incompatibilidad de ambas profesiones. No se puede ser procurador y abogado a la vez. Y en esta ley se habla justo de lo contrario. Yo llevo ejerciendo 25 años y no me considero todavía un buen letrado. Y mucho menos lo sería si hubiera diversificado mis funciones de trabajo. Por lo tanto no lo acabo de entender. No sé a dónde se nos quiere hacer llegar, desde luego no lo comparto.

También en la reforma de la LEC se amplían funciones a los procuradores.

Las malas lenguas dicen que la ampliación de las funciones de los procuradores – que yo no voy a discutir porque entiendo que no nos afectan a nosotros, los abogados – están pactadas porque los procuradores en su momento no se subieron al carro de las protestas en la justicia con las tasas judiciales. Es decir, que ellos no iban a estar en contra del ministerio de justicia que dirige Gallardón con respecto a las tasas judiciales, y que precisamente por no estar en contra de esas tasas que todo el mundo criticó se les amplían funciones.

Ya que hablamos de reformas, el ministerio prepara una reforma más del código penal ¿Cómo lo observan?

Para mí es un gravísimo error, porque por mucho que se me quiera hacer pensar lo contrario, las reformas que quiere introducir de nuevo el ministro Gallardón son reformas que fundamentalmente obedecen a ideales políticos. Modificar el aborto cada vez que hay un cambio de gobierno me parece una tomadura de pelo para la gente.
Si no me falla la memoria los últimos 10 años ha habido más de 15 reformas del Código Penal, cuando hay leyes que han perdurado más de un siglo con ligerisimas modificaciones. Desde mi punto de vista el Código Penal a menudo se confunde con la norma en la que dejan los principios o ideales los gobernantes. De modo que yo rechazo ese tipo de modificaciones cuando no responden a una cuestión penal, que en ese caso sí se podría llegar a entender. Creo que la ley tiene que estar por encima de los ideales.

Se ha hablado también de que esta reforma va en contra de los propios principios del Código Penal, por ejemplo, con la cadena perpetua revisable…

Por supuesto. Lo que nuestro Código Penal pretende es huir de las teorías retribucionistas de ojo por ojo, diente por diente. Y lo más cercano a esto- más allá de la pena de muerte que puede existir en algunos países – es la cadena perpetua. Es lo que más se acerca. Nuestro código, como todos los códigos penales avanzados, modernos y progresistas lo que hacen es basarse en teorías de prevención, es decir, intentar que la pena tenga un efecto disuasorio, no tanto en el penado – porque ahí sí es algo retributiva – sino también en la gente. Que la gente diga “si cometo un robo me va a pasar esto….” de manera que no lo hagan. Y sobre todo, conseguir reinsertar al preso en la sociedad. Los máximos exponentes de este modelo están en el norte de Europa, pero hay que tener en cuenta que es realmente costoso porque se necesitan psicólogos, psiquiatras, pedagogos… gente que realmente se dedique a esto para que ese preso pueda reinsertarse con garantías. Pero, claro, la cadena perpetua es acercarse justamente a lo contrario, a las teorías retribucionistas, que eso está más que superado, al menos en los países occidentales. Salvo las excepciones de algunos estados de Estados Unidos.

Decía usted que es un momento muy delicado, eso se está notando en el turno de oficio que sufre un nuevo recorte del 3 por ciento. ¿Cómo piensa afrontarlo ahora que presidirá el CICAC?

Evidentemente, tienes una doble mentalidad. Es decir, una empatía con las Administraciones Públicas y con el momento que estamos pasando.
Pero desde luego, nosotros lo que tenemos que hacer, y lo hacemos con pleno convencimiento, es explicar a la sociedad qué hace un abogado del turno de oficio. Y un abogado del turno de oficio es aquella persona que está de guardia permanentemente 24 horas, que le puedan llamar a las dos de la mañana para que haga una asistencia en una comisaría y que debe hacerlo durante todo el día en el cuál no puede atender ni una triste visita. Si tu mirases los módulos, lo que se paga por el turno de oficio ya roza la indignidad si lo comparas con lo que por lo mismo se cobraría en un despacho particular a una persona que lo puede pagar.
Ahora bien, ¿Por qué te digo que es un momento muy delicado? Porque defender esta indignidad en otro momento me sería relativamente fácil. Ahora, lo que es muy complejo es sacar de donde ya prácticamente no queda. Entonces, eso es lo que hace nuestra gestión a día de hoy mucho más complicada que en otros años.

En un momento como el actual uno de los dramas de nuestro país son los desahucios. ¿Cómo ha sido su experiencia como pionero en la creación de las oficinas de intermediación hipotecaria?

La experiencia es muy positiva. Es decir, nosotros, con los medios con los que contamos y gracias al acuerdo que tuvimos con nuestro ayuntamiento, cerramos el ejercicio del año pasado con unos 450 asuntos tratados, de los cuáles más de un 60% tuvieron soluciones satisfactorias. Entendiendo por satisfactorias los informes que hacen los letrados.

¿Qué quiere decir exactamente esa solución satisfactoria?

Un letrado profesional hace un estudio de la solvencia presente y futura de una familia y a partir de ese estudio, con todos los datos y documentos de esa familia, se pone en contacto con la entidad bancaria y negocia. Hace lo que es la intermediació.. Después de unas horas o unos días de negociación llega a un resultado que el letrado debe valorar como positivo o como negativo. Si dicen: “te ampliamos el periodo de pago a dos años”, no va a ser una solución positiva porque no significa nada para la familia. Si, en cambio te dicen “van a estar cinco años sin pagar, nada más que intereses, con una carencia, y además te alargo el plazo” o “dación en pago con alquiler social”, naturalmente lo informas como positivo. Pero a veces ocurre que la familia no lo acepta a pesar de que el letrado lo considere positivo.
Ha habido gente que ha tenido una cierta influencia o simplemente ha considerado que no querían llegar a ese acuerdo de refinanciación porque sólo querían la dación en pago, por ejemplo, y no lo han aceptado. Con lo cuál, ese 68% que los letrados informaron como positivo, bajó a un 55% aproximadamente. Ese es el resultado realmente aceptado de casos con resultado favorable.

Si me preguntas: ¿Cuáles son los resultados más favorables? Depende. Es decir, cada familia es un mundo en función de su preparación profesional, de sus estudios y por tanto, el análisis que el servicio de la oficina hace, es distinto en función de sus posibilidad de inserción en el mundo laboral cuando esta puñetera crisis acabe. No es lo mismo un matrimonio entre un aparejador que lleva dos años sin trabajo y una profesora que ahora mismo no tiene una plaza pública que el de un peón en la construcción y una señora que hacía faenas domésticas.

Las oficinas de intermediación hipotecaria conviven en Catalunya con las oficinas de Ofideute de la Generalitat…

Sí. En Catalunya hay dos modelos: el modelo de pacto bilateral entre el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento, , y ahora se ha abierto una puerta a colaborar con Ofideute.

El modelo de la OIH es, bajo mi punto de vista, el mejor. Porque es un modelo sobre dos patas fundamentales. En primer lugar, el ayuntamiento que presta los servicios de sus trabajadores sociales. Visitan a la familia, recaban toda la información y son ellos, con un análisis del trabajador social, los que nos remiten a nosotros lo que necesitamos saber para hacer la función de intermediación. Desde mi punto de vista, ese es el sistema perfecto. También de cribaje, porque los trabajadores sociales, evidentemente deben de derivar estos servicios gratuitos a la gente que realmente merezca el servicio gratuito. No es lo mismo una persona que deja de pagar una segunda residencia o una familia que dejan de pagar la amortización hipotecaria porque se habían comprado un dúplex de 200m que costó en ese momento 500.000 euros y siguen cobrando ahora 2.000 o 3.000 euros, que la persona que está cobrando mucho menos dinero y estaba pagando un pisito de 40 o 50 millones de pesetas.

Pero he de decir que nosotros empezamos el 9 de enero de 2012 y en febrero de 2010 ya había iniciado un sistema Ofideute. Muy parecido, no con los trabajadores sociales, pero sí a la hora de intermediar con las entidades bancarias. El único problema que tiene Ofideute es un principio de la centralización. El tema del territorio. Ofideute está en Barcelona, y por mucho que ha ido creando oficinas locales en muchos ayuntamientos de Catalunya, lo cierto es que el servicio en esas oficinas no se presta. Ahí no están los letrados para intermediar, con lo cuál, Ofideute lo que hace es recabar toda la información de esas oficinas y luego, esa información vuelve a Ofideute en Barcelona y ahí es dónde se producen las intermediaciones. Pero, ¿Qué sucede? Que por cuestión puramente lógica, se produce un embudo.

Ahora, desde que entró como Conseller de Justicia, el señor Germà Gordó, y dijo por activa y por pasiva que los desahucios para él eran una prioridad, el departamento de Justicia está intentando que seamos capaces de crear un acuerdo entre el sistema Ofideute y el sistema de los Colegios de Abogados de Catalunya, bajo la tutela y supervisión de la Consejería de Justicia de Catalunya. Ya te avanzo que hemos hecho un par de reuniones y que estamos con la intención de ensamblar los dos sistemas con la única razón de sumar. Vamos a sumar las cosas positivas del modelo bilateral: colegios de abogados, ayuntamientos y el modelo de Ofideute. Y en eso estamos y es una prioridad del Conseller que nosotros le agradecemos porque ha demostrado que más allá de protagonismos y personalismos de unos u otros, lo que él quiere es prestar un servicio eficaz a la gente de Catalunya y estamos en ello y seguro que lo vamos a conseguir.

El modelo de Oficinas de Intermediación Hipotecaria se ha extendido a todo el territorio español, ¿no?

Sí, en la medida que Carlos Carnicer, presidente del Consejo de la Abogacía Española, se entera de que estamos extendiendo estas oficinas de intermediación hipotecaria, nos pide que lo hagamos exactamente igual en el resto de colegios de abogados de españa. Y gracias al interés de muchísimos decanos, sobre todo en Andalucía, ya tenemos creadas en toda España unas 30 oficinas de intermediación hipotecaria: Málaga, Jerez de la Frontera (que fue el segundo colegio de España), Terrassa, Almería, Granada, Antequera, Cantabria, Valencia, Zaragoza, Oviedo, Gijón… Y todo este modelo se está intentando expandir por todo el territorio, hasta el punto que nuestro modelo se lo estuvimos explicando hace 15 días al Ministerio de Economía.
Fuimos un servidor, el presidente de CGAE, Carlos Carnicer y la presidenta de Trabajadores Sociales, Ana Isabel Lima, y le explicamos el proyecto. Le entregamos un dossier y le dijimos que entendíamos que era imprescindible que este modelo, el bipolar (ayuntamiento, colegios de abogados, con la intervención del trabajo social), se tenía que institucionalizar. Sobre todo ahora que se está cociendo en Bruselas una directiva que aconseja a que los Estados miembros de la UE antes de interponer una demanda de ejecución hipotecaria hagan una mediación. Es decir, la UE nos va a aconsejar que lo hagamos, y nosotros nos avanzamos a la jugada y le decimos al Estado: hay que poner este servicio, hay que institucionalizarlo como un turno de oficio, como lo que sea.

¿Qué dijeron?

Ellos ya dijeron de entrada que entendían que la mediación obligatoria no era positiva porque iba a paralizar el sistema judicial actual. No les parece bien que el proceso no llegue a empezar. Pero lo que va a decir la Directiva es que el banco, antes de poner una demanda, debe optar por la mediación o la demanda previa. Y eso, insistí ante el Subsecretario de Economia, no tiene por qué durar más de un mes. Una vez tienes los datos de la familia y un letrado capaz de ponerse en contacto con el banco, con dos días ya vas a tener bien claro si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo.
Yo no tuve una mala sensación de la reunión, porque a diferencia de la primera vez que fuimos sí me sentí escuchado por el señor Miguel Temboury. De hecho valoro la reunión como positiva. Pero lo cierto es que ahora mismo dentro del Ministerio de Economia, se ha instalado la idea que la mediación entorpece el proceso de ejecución hipotecaria.. Yo entiendo que no. Y no lo entiende tampoco la Unión Europea.