El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha asegurado, este lunes, que los jueces españoles no cuentan con la «adecuada dotación de medios personales y materiales que dan completa cobertura al ejercicio de su función» y ha recordado al poder ejecutivo y legislativo que «la eficacia y eficiencia» de la justicia pasan por la adopción de medidas que permitan una organización judicial «adecuada» y con los medios «suficientes» para llevar a cabo su labor.
En el acto de Apertura del Año Judicial, celebrado esta mañana en el Tribunal Supremo, Moliner ha destacado que en el año 2010 se había llegado a entender por el Consejo General de Poder Judicial que hacían falta un total de 450 jueces sobre la plantilla entonces existente, y «sin embargo, desde el año 2011 no se han creado plazas nuevas, y sólo se han convocado oposiciones a ingreso en la Escuela Judicial en 2013 con el exiguo número de 50 a repartir entre Jueces y Fiscales, lo cual resulta claramente insuficiente».
Moliner ha señalado que «la principal asignatura pendiente es la que tiene que ver con las exigencias de modernización de la oficina judicial» y también ha asegurado que «se impone» el diseño y aplicación de un nuevo mapa judicial que mejore el implantado por la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. En relación al proyecto de ley encargado por el Ministeiro de Justicia, el Presidente del TS ha indicado que «cabe esperar que con la misma, si es que llega a buen fin, se solucionen los problemas organizativos que en este momento se detectan».
Por otro lado, el Presidente del TS y del CGPJ ha vuelto a pedir -como hizo en su intervención del año pasado- el «máximo consenso» entre las fuerzas políticas a la hora de diseñar y organizar la Administración de Justicia porque se trata de una «cuestión de Estado». Moliner ha insistido en la «necesidad» de entender que la reforma de la justicia requiere un «acuerdo de Estado» para que así pueda «ser aceptada como definitiva» y no «sometida como hasta ahora a los vaivenes de cada situación parlamentaria». «En ello entra también la elección de los miembros del CGPJ, pues su legitimación mayor o menor no solo deriva del sistema de elección parlamentaria o corporativa que se elija, sino también del hecho de que esa elección se haga por consenso y no por cuotas, que es lo que quiso el constituyente y lo que mejor garantiza una adecuada selección de sus integrantes», ha recalcado.
Al margen de las críticas, el presidente del CGPJ, ha destacado que «la justicia en nuestro país funciona mejor de lo que se suele afirmar» y ha asegurado que «nadie duda de la independencia y garantía de imparcialidad con la que actúan nuestros jueces y tribunales, y ello tiene un valor incalculable sobre todo en términos de justicia y seguridad jurídica».
En este sentido, ha dicho que la «mayor imputación» que hoy en día se le hace al sistema es su «lentitud». Moliner ha indicado que, aunque se trata de una afirmación «cierta», hay que «matizarla», pues el número total de asuntos en trámite a finales del año 2012 sufrió una «reducción del 4,9 por ciento» respecto al año anterior, debido al «esfuerzo» llevado a cabo en sede judicial. Como ejemplo de ello, ha citado la situación del Supremo que ha pasado de tener un «intolerable retraso» en la solución de los problemas, a la situación actual, en la que se encuentra «prácticamente al día».
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha centrado las críticas al Gobierno en el futuro Código Procesal Penal. Tras apelar a la unidad de España ante la propuesta soberanista de Cataluña, Torres-Dulce ha explicado que el Ejecutivo «incurre en una grave incongruencia al atribuir la dirección de la investigación al fiscal y negarle la capacidad de maniobra necesaria para llevarla a buen término». Y ello porque le somete «a un constante escrutinio de su actividad por parte del juez de garantías y por las partes desconocido en el derecho comparado e incompatible con cualquier perspectiva de eficacia».
La ceremonia ha coincidido con las protestas convocadas a las doce del mediodía por los sindicatos de Justicia en la Plaza de la Villa de París contra las reformas de Gallardón, el encarecimiento de la Justicia y los ajustes que están sufriendo los funcionarios, «especialmente duros» en la Administración de Justicia.