El 26 de junio de 1977 salieron por las Ramblas de Barcelona un grupo de personas dispuestas a manifestarse y exigir el reconocimiento de derechos para la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, concretamente demandaban la amnistía para los gais y lesbianas encarcelados y la derogación de la Ley de Peligrosidad Social. “En algún momento de esta manifestación, – recuerda Jordi Petit- la presencia de los grises hizo que la gente comenzara a dispersarse, siendo transexuales y travestis quienes sirvieron de escudo y a quienes inicialmente no se les permitió ocupar la cabecera por considerar que dañaban la imagen que se quería trasmitir, lo cual fue un error.” Cuarenta años después, las personas trans continúan demandando una reforma estructural en el sistema jurídico que les reconozca como sujetos de pleno derecho y regule un procedimiento no reducido a una precaria negociación personal, donde para obtener la modificación de nombre y sexo legal deben aceptar un diagnóstico clínico de disforia de género mientras someten sus cuerpos a un tratamiento hormonal.

ley trans -diario juridico-Las personas trans insisten en la necesidad de una modificación significativa del derecho, fundamentalmente porque los sistemas de identificación personal, instituciones jurídicas, la organización y estructuras socio-administrativas están concebidos desde una perspectiva heteronormativa, binaria y cisexista. Las demandas de reconocimiento y de un sistema efectivo de garantías jurídicas, se desarrollan ante la creciente consolidación de fundamentalísimos religiosos y políticos, el desmantelamiento de los sistemas de asistencia social, el recrudecimiento de los sistemas migratorios, el incremento de los crímenes de odio y la violencia por motivos de identidad y expresión de género; también ante la inercia y retroceso de derechos civiles considerados conquistas y valores sólidos de sistemas democráticos. Todo lo cual, convierte a las personas trans e intersex en una realidad cuestionada y sujeta a debate (judicial/político) ignorado la naturaleza de derechos humanos y actos discriminatorios que subyacen al no reconocerles y protegerles jurídicamente.

El 15 de marzo de 2007 entra en vigor la Ley sobre la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas (Ley 3/2007), sin embargo, el texto no resuelve ni hace referencia al entramado de situaciones a las que se enfrentan las personas trans e intersex en el acceso a los recursos, los bienes y servicios, disponibles para toda la ciudadanía y complejamente realizables para menores de edad o personas extranjeras. La disposición defiende un procedimiento de expediente gubernativo de rectificación de nombre y sexo legal que parte del presupuesto de un sujeto jurídico transexual unívoco previamente diagnosticado, al que se le propone una forma única de obtener el reconocimiento de una de las demandas históricas del colectivo trans. Este modelo de reconocimiento jurídico que podemos definir como patologizador o de “exigencias médicas” (propio de protocolos médicos), se traslada al ordenamiento jurídico en forma de requisitos legales. La medicalización de las identidades trans a través del derecho, se refuerza ante la ausencia de una normativa de carácter integral que regule aquellos ámbitos donde las personas trans enfrentan serias dificultades de integración y participación, y ante la no regulación jurídica de la libre determinación de la identidad y expresión de género, derecho que tiene como presupuesto la despatologización, tal como se ha incorporado en la legislación autonómica de Andalucía (2014) y Madrid (2016).

Ley sobre la protección jurídica de las personas trans e intersex y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género

Ante el vigente texto legal las personas trans del Estado español se han organizado en una Plataforma por los Derechos Trans con el propósito de desterrar del ordenamiento jurídico una legislación que patologíza, excluye y limita el ejercicio de derechos asociados a la identidad y expresión de género. El 95% de las asociaciones trans del territorio nacional han consensuado la redacción de un borrador Ley sobre la protección jurídica de las personas trans e intersex y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que propone la derogación de la Ley 3/2007. Las personas trans han logrado organizarse y articular un discurso propio, no impuesto desde asociaciones que han dejado de cuestionar las desigualdades y el origen de la discriminación por motivos de identidad o expresión de género,  ni tampoco desde las formulas de galenos expertos que intentan perpetuar la sujeción de sus cuerpos.

La propuesta jurídica en la que actualmente nos encontramos enfrascados tiene como objeto reconocer y garantizar el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género de todas las personas, en especial a las personas trans e intersex. Propiciar, de igual forma, un marco jurídico adecuado para implementar políticas de discriminación positiva que faciliten la integración social y laboral, así mismo aquellas medidas de reparación efectiva y reconocimiento público de todos aquellos actos lesivos y contrarios a la identidad, expresión de género o caracteres sexuales de las personas.  

Derechos reconocidos en el borrador de la nueva Ley Trans

Desde una política jurídica consecuente con las demandas y necesidades de las personas trans el texto se propone reconocer aquellos derechos no atendidos por el legislador español en una norma de carácter estatal, entre los que se encuentran: el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, el derecho al libre desarrollo de los caracteres sexuales, el derecho a la gestión y autodefinición del propio cuerpo, el derecho a una atención médica donde la identidad de género no es concebida como una patología y son respetados los criterios de atención que prescribe el sistema nacional de salud para toda la población, el derecho a la identidad y expresión de género de los menores garantizándose el tratamiento adecuado para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, y en consecuencia prohibir las intervenciones quirúrgicas con el fin de modificar la anatomía genital de bebés intersex. Por primera vez en una iniciativa se recoge la posibilidad de que las personas que no se definan desde el binomio hombre/mujer puedan identificarse como no binarias (NB) y ser reconocidas jurídicamente, posibilidad que contemplan legislaciones de Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Canada, Alemania, Malta, Nepal, India y Pakistan, también se reconoce el derecho de las personas recluidas en centros de internamientos y penitenciarios a expresar y ser tratados de acuerdo a su identidad de género y se insiste en la obligación de los poderes públicos de implementar políticas laborales, educativas y sociales, así como, considerar a la población trans e intersex como sujetos en riesgo de exclusión social y laboral. Son propuestos mecanismos de monitoreo sobre los efectos y cumplimiento de la Ley desde la participación y representatividad de las personas trans e intersex, como una herramienta de empoderamiento, evitando esquemas paternalista y unilaterales seguidos por los Estados al momento de reconocer derechos relacionados con la identidad de género.

Políticas trans

Otro de los aspectos significativo del borrador lo constituye las políticas trans que parten de reconocer jurídicamente la identidad de género, como una categoría transversal que da cuenta de la existencia de nuevos sujetos de derecho y formas particulares de violencia, que no son atendidas desde las políticas de género o desde un enfoque jurídico binario de la realidad social. Se reconoce la participación y el papel que juegan las personas trans en la implementación de  estas políticas e iniciativas, que surgen desde las organizaciones específicas y vienen a denunciar, visibilizar y desarrollar acciones de empoderamiento del colectivo trans; son políticas que toman en cuenta la interseccionalidad y la complejidad de elementos que se vinculan a la identidad y expresión de género. Desde las propias políticas trans el borrador reconoce la necesidad de que los poderes públicos, establezcan mecanismos que permitan la reparación y compensación para quienes han sido víctimas de un sistema jurídico que les ha exigido someterse a tratamientos médicos y en los casos más extremos, es cómplice de las intervenciones de “normalización de sexo” o “mutilaciones genitales” sin el debido consentimiento informado. Para las personas trans e intersex, estos derechos no reconocidos, las políticas no implementadas, las prácticas administrativas y médicas lesivas de derechos fundamentales se convierten en argumentos y motivos para una ley específica.

Los antecedentes sobre la legislación que ha regulado cuestiones sobre el derecho a la identidad de género o cambio de nombre y sexo legal sin atender o escuchar a las personas trans, representan un riesgo de convertirse en dispositivos que refuerzan y reproducen aquellas formas de discriminación, procedimientos excluyentes y modelos de atención segregadores que se proponen erradicar desde la propia norma. La caducidad o la vigencia limitada de estos textos viene determinada por los efectos concretos sobre las vidas de las personas trans, quienes en un periodo no muy distanciado de su entrada vigor expresan nuevamente la necesidad de una nueva formulación jurídica y en consecuencia la derogación del texto aprobado. La Gender Recognition Act de 2004 en el Reino Unido y nuestra Ley 3/2007 son dos claros ejemplos de las limitaciones de esta forma de hacer derecho. La Resolución 2048(2015) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la Discriminación contra las personas transexuales en Europa (abril de 2015) recomienda a los estados miembros a considerar e implicar a las personas trans y sus representaciones asociativas en el desarrollo e implementación de políticas legislativas cuando sean sujetos beneficiarios. Recientemente el Parlamento griego aprobó una ley de reconocimiento legal de género que destierra el requisito de la esterilización y propone un procedimiento rápido, accesible y transparente basado en la autodeterminación, sin embargo limita este derecho a los menores entre 15 y 17 años quienes deben someterse a evaluaciones por parte de comisiones pisco-médicas o comparecer ante un juez quien evaluará la solicitud. El legislador español se enfrenta nuevamente a la realidad jurídica de las personas trans e intersex, escuchar sus demandas impedirá contradicciones en su formulación las cuales son compatibles con el principio de seguridad jurídica, muchas veces alegado para negar, reducir y contraer sus derechos.

Considerar las necesidades de las personas trans e intersex en cualquier iniciativa legislativa que pretenda ser garante del derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, supone no pasar por alto, de donde surge la violencia y discriminación por motivo de identidad de género. Supone propiciar la incorporación de términos mas inclusivos, así como herramientas y recursos jurídicos efectivos contra la violencia, la vulnerabilidad y marginación de estas personas dentro del Derecho, generando una perspectiva jurídica sensible a las cuestiones trans, o una perspectiva jurídica trans si cabe decirlo. También se requiere de la voluntad política y jurídica para generar una ruptura del sistema binario de género que subyace en todas y cada unas de las instituciones en las que se auxilia el derecho para organizar y gestionar la convivencia ciudadana. La presunción jurídica de que todos nacemos o nos identificamos mujer/hombre, la legitimación del sistema jurídico sexo/género desde distintos dispositivos son determinantes en la invisibilización y existencia de las personas trans en el discurso jurídico. Las categorías hombre/mujer desde prescritas significaciones legales quedan estrechamente vinculadas a hechos y actos jurídicos como el nacimiento, la designación del sexo, la inscripción registral, los sistemas de identificación personal, la organización de los espacios y las políticas segregadas por sexos, por solo mencionar algunos escenarios que debemos re-distribuir o re-configurar desde otra perspectiva no binaria.

Las personas trans e intersex que apoyan la iniciativa de una Ley específica, son conscientes que no parten de la misma situación de discriminación y reconocimiento jurídico que gais, lesbianas y bisexuales, que los derechos fundamentales a los que se les excluyen como la atención sanitaria, el acceso a la educación respetando su identidad de género o el acceso al mercado laboral (cuya tasa de desempleo asciende a un 90% en el caso de la población trans) no es un problema que se planeta en iguales circunstancias para el resto del colectivo. Cuarenta años después de aquella primera manifestación en las Ramblas de Barcelona, las personas trans demandan una ley específica desde otros presupuestos de reconocimiento que propicien una modificación al sistema de distribución de oportunidades, elimine el enfrentamiento: sistema de atención sanitario vs personas trans e intersex, y produzca una re-estructuración del sistema binario sexo/género, origen de distintas formas de violencia hacia esta población.

Es necesaria una ley sobre la protección jurídica de las personas trans e intersex, desde una perceptiva jurídica que refuerce el deber y responsabilidad de los poderes públicos para garantizar un marco consecuente con los derechos humanos donde la consagración de los principios de universidad, complementariedad e interdependencia queden revisados desde las necesidades y demandas particulares. Una perspectiva que toma en cuenta la diversidad sexual y de género de todas las personas, la autodeterminación y gestión del cuerpo, el respeto de la dignidad y el cuestionamiento de toda exigencia o requisito legal contrario a la libre determinación de la expresión e identidad de género.

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Autor: Liván Soto González

Asesor jurídico de la Plataforma por los Derechos Trans y la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Ryvera. Master en Estudios de Género y Mujeres – Gemma, UGR. Doctorando en Derecho por la Universidad de Granada.

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