El magistrado toma esta decisión partiendo de las premisas de que el servicio que presta Metro de Madrid es «esencial» para la Comunidad y se apoya en que los servicios mínimos establecidos para esta huelga (del 50 por ciento) «se incumplieron de manera total».
También recoge que los paros de los días 29 y 30 de junio afectaron a 3,5 millones de viajeros, generaron unas pérdidas por ingresos directos de 5,7 millones de euros y unas pérdidas totales de 4,7 millones de euros.
«Los días 29 y 30 de junio miles de ciudadanos se vieron impedidos o dificultados para realizar sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, se produjo un caos circulatorio al no poder absorber los transportes públicos alternativos, a pesar de ser reforzados, la demanda de los habitualmente usuarios del Metro», recalca.
