El Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), que representa a los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, ha celebrado la suspensión cautelar de la tasa judicial catalana que acordó este miércoles el Tribunal Constitucional, al establecer la suspensión de la aplicación de algunas disposiciones de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

Por su parte, el Presidente del Consejo, Pedro Yúfera, ha pedido la suspensión definitiva de la tasa porque asegura que supone un «obstáculo para el acceso a la justicia» y ha dicho que espera que se traduzca en un «primero paso que señale el camino hacia la derogación, también, de la Ley de tasas estatal». 

Entre las disposiciones suspendidas por el TC se encuentra el artículo 16 de la Ley, que estableció la tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de Justicia de competencia de la Generalitat, es decir, la tasa judicial que el Gobierno de la Generalitat estableció en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo y que se empezó a aplicar a partir del 1 de mayo de 2012. No afecta, porque no han sido objeto de impugnación, la tasa por emisión de segunda certificación y testimonio de sentencias y otros documentos que constan en los expedientes judiciales, ni la tasa por la utilización o el aprovechamiento de los bienes y derechos afectos al servicio de la Administración de Justicia.

El TC, que acordó esta medida como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno del Estado contra la Ley 5/2012, tiene un plazo máximo de 5 meses para ratificarla o levantarla. Por este motivo, el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Pedro L. Yúfera, ha pedido la suspensión definitiva de la tasa judicial catalanaYúfera recuerda que «el CICAC se ha mostrado siempre en contra de las tasas judiciales, sean catalanas o estatales, porque suponen una doble imposición y generan una justicia de ricos y de pobres. Entretanto, una mayoría de ciudadanos de clase media no tendrá recursos suficientes para pagar estas tasas pero tampoco podrá beneficiar de la justicia gratuita».

Entrada en vigor de la suspensión de la tasa judicial en Catalunya

El TC confirmó que la Generalitat fue notificada el 16 de enero al mediodía por el acuerdo de suspensión, por lo que a partir de ese momento queda suspendida la potestad tributaria del Gobierno sobre dicha tasa y no podrá reclamar el pago.

Los catorce colegios de Abogados que componen el Consell de l’Advocacia Catalana han asegurado que continuarán trabajando para lograr la supresión de la ley de tasas estatal y que no descartan realizar más acciones y movilizaciones para conseguirlo.

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