Pendientes de conocer la sentencia de las escuchas de Garzón, el CGAE insiste en la necesidad de una Ley que regule el derecho a la defensa

Pendientes de conocer la sanción, si la hubiera, al juez Garzón, por la vista que concluyó ayer por las escuchas telefónicas que promovió en el caso Gurtel, el CGAE ha vuelto a insistir en la necesidad que se promulgue una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa que evite situaciones de indefensión en el momento que se interceptan las comunicaciones del abogado con su cliente.

Si esta mañana en el programa «Asi son las mañanas», que dirige Ernesto Sáenz de Buruaga en la cadena COPE,  era entrevistado Carlos Carnicer, presidente del CGAE, para comentar entre otras cosas que  «El tribunal que está juzgando a Garzón deberá decir si vulneró el derecho de defensa. Para el Consejo General de la Abogacía es una violación clarísima del secreto profesional y un atentado gravísimo al estado de derecho. El derecho de defensa es sagrado«.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, tambien recordaba  la jurisprudencia precedente. «Hay dos resoluciones, una del TSJM y otra del TS que establecen que no se pueden intervenir las conversaciones entre abogados-clientes salvo, como recoge la Ley General Penitenciaria, en casos de terrorismo o que el letrado abuse de su condición profesional y actúe como delincuente. En cualquier caso el juez debe acordarlo motivadamente. Debe asumir el cumplimento de la ley como cualquier español«.

Carnicer subraya además  que en España la ley no se cumple escrupulosamente. «Tanto el Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos han sacado los colores por la pésima regulación que hay en esta materia. Las conversaciones no se pueden intervenir

Si quieres oir la entrevista de COPE, http://www.cope.es/audio-escucha-la-entrevista-completa-a-carlos-carnicer-134688

Sobre este proceso y las situaciones que se han sucedido la postura del CGAE queda reflejada en este comunicado que transcribimos a continuacion

1-El Consejo General de la Abogacía Española manifestó en octubre de 2009, nada más conocer los hechos que ahora son enjuiciados, que “la violación del derecho de defensa y del secreto profesional es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho” y que estas medidas “que la ley reserva de forma claramente restrictiva y exclusivamente para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar delinquiendo, no pueden ser aplicadas en cualquier circunstancia”, ya que no solo ponen en peligro el derecho universal de Defensa, sino además los también fundamentales derechos a no autoinculparse, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, “suponiendo además una ilegítima violación que no puede limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal”.

2.- El Consejo de la Abogacía actuó en defensa de esta opinión hasta que en 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, primero, y el Tribunal Supremo, después, por resoluciones judiciales firmes, resolvieron que se anularan totalmente los efectos y contenidos de estas intervenciones, proclamando que sólo son posibles en asuntos de terrorismo y, además, mediante resolución motivada del juez, confirmando de esta manera la opinión del Consejo.

3.- A lo largo de los últimos años, el Consejo General de la Abogacía ha pedido reiteradamente la promulgación de la una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que evite para siempre problemas como los que estamos viviendo. De alguna forma, este derecho se recogía en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que el anterior Gobierno envió al Congreso de los Diputados, pero que no llegó a ser debatido por la disolución de las Cámaras.

4.- El Consejo rechaza radicalmente las imputaciones indiscriminadas a abogados del delito de blanqueo de capitales, realizadas sin razón y sin prueba alguna, que producen injusto descrédito para todos los abogados que realizan la cada día más difícil función social de defender los derechos fundamentales y no fundamentales y las libertades públicas. Resulta de extrema gravedad la confusión intencionada de la función del defensor con las actividades de su cliente, y que es constitucionalmente imprescindible para la protección de los derechos y para la paz social.

5.- No es lo mejor para la democracia ni para el Estado de Derecho que un juez se siente en el banquillo, pero todos los ciudadanos somos, debemos ser, iguales ante la ley. Ni el Consejo General de la Abogacía se dedica a perseguir jueces ni a ser parte en juicios con una excesiva carga política y mediática, sino a defender el fundamental derecho de defensa, ahora y siempre, ante todas las instancias correspondientes y en toda su extensión

6.- Si queremos que la Justicia funcione bien, hay que procurar que actúe libremente en todo caso, preservar la presunción de inocencia de todo el mundo, evitar los juicios paralelos y acatar las resoluciones. El silencio no debe ser entendido como dejación de responsabilidades sino como respeto a la Justicia y a los derechos del justiciable. Y todos deberíamos contribuir a no enrarecer el clima en el que los jueces actúan.