La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) advierte que los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre balances del sector no financiero del primer semestre del pasado año ponen de manifiesto que la mayoría de las principales empresas españolas que cotizan en bolsa no pagan a sus proveedores en el plazo que marca la ley. Alertan que en un contexto como el actual, estos retrasos ponen en serios apuros a muchos de estos proveedores que en su mayoría son pymes y autónomos y proponen, a través de una nota, algunas medidas que servirían en su opinión para paliar esta situación.

La mayor parte de las empresas que cotizan en el selectivo español IBEX-35 pagaron a sus proveedores a 215 días durante el primer semestre de 2012, un retraso casi tres veces superior al que establece la Ley 15/2010, de Lucha contra la Morosidad que marca el plazo en 75 días. Es lo que asegura la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad tras analizar los balances del sector no financiero de los tres primeros meses del pasado año publicados por la Comisión Nacional del Mercado de valores – CNMV-.

Según estos datos, el sector de la Construcción e Inmobiliario es el peor pagador, alcanzando los 307 días de retraso en 2012. Le siguen, el sector Servicios y Comercio(234), el Industrial (216), y el de Energía (100).

Esta plataforma, que agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas , denuncia también que el trato que estas grandes empresas dispensa a sus proveedores no se corresponde con el que exige a los cobros que realizan a sus respectivos clientes. Según la misma nota, el plazo en el sector de la Construcción e Inmobiliario, es, en este caso, 136 días; Servicios y Comercio, 69 días; el Industrial, 89; y el de Energía, 60. “Estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”, denuncia el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete.

Ante situaciones como ésta, la PMcM insta a establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros. Otras propuestas son la creación del Observatorio de la Morosidad,que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; aplicar el criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y autónomos; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.

Añade Cañete que, “es preciso señalar que los datos que se deducen del informe de la CNMV muestran un descenso de casi un 12% en los plazos de pago a proveedores por parte de estas grandes compañías en el primer semestre de 2012 con respecto al cierre del año anterior, posiblemente por la puesta en marcha de la reforma de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad, pero este esfuerzo es todavía claramente insuficiente”.
En su opinión, “se hace ya necesario poner fin a esta lacra, que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.

En las últimas semanas también se ha percibido un esfuerzo por parte del Gobierno, concretamente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ha anunciado medidas para garantizar el cobro en las transacciones comerciales del sector agroalimentario, más allá de las posibilidades que otorga la Ley de Morosidad.

En este sentido, y tomando como ejemplo el anuncio realizado por parte del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ha asegurado que se pondrán medidas para garantizar el cobro en las transacciones comerciales del sector agroalimentario, más allá de las posibilidades que otorga la Ley de Morosidad, el portavoz de la Plataforma pide que el anuncio siente precedente y se haga extensible a otros sectores. Según Cañete “especialmente ahora, con la inminente transposición de la Directiva Europea sobre medidas de lucha contra la morosidad, es el momento de introducir mejoras en la legislación que aseguren su cumplimiento. La aprobación de un régimen sancionador, con multas que castiguen los pagos a plazos superiores a los legales, sería un medio eficaz para evitar que continúen estas actuaciones”, sentencia.

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