No ha tardado el ICAM en dar su opinión a las medidas presentadas hace unos días por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, de cara a ahorrar 1.000 millones de euros en este ejercicio. Una de ellas, la reducción en un 20 por ciento del presupuesto de la justicia gratuita madrileña ha tenido contestación en el propio colegio madrileño de juristas. 

 Según esta entidad jurídica , los recortes avanzados por la Comunidad de Madrid en materia de Turno de Oficio comprometen la continuidad de la prestación de los servicios de Justicia Gratuita. A los recortes anunciados de un 20%, debe sumarse la falta de actualización de IPC desde el 2003 que supone un 25,9%.

El Colegio de Abogados de Madrid recibe con indignación la noticia emitida por la Comunidad de Madrid, según la cuál se prevé recortar la remuneración a los abogados de Turno de Oficio en un 20% con carácter inmediato, sin haber recibido comunicación previa en este sentido.

Esta decisión se ve agravada por la falta de toda actualización desde 2003 de las cantidades a las que tienen derecho los profesionales y que, teniendo en cuenta el IPC acumulado, supone ya una pérdida total de un 25,9% de sus ingresos. La disminución anunciada, unida al paulatino deterioro del servicio por la desatención de la Comunidad, pondrá en riesgo la necesaria atención en asuntos de trascendencia social de primer orden, como los de violencia de género, menores y asuntos penales.

Desde el año 2003, los abogados del turno de oficio madrileño han venido percibiendo, con una demora en el abono de dichas cantidades hoy situada en no menos de 250 días, 180 euros por cada guardia de 24 horas que tiene una duración efectiva de 3 días. Los gastos de desplazamiento y gestión que la defensa lleva incorporados son siempre adelantados por los abogados.

Muestra de la imprevisión permanente en materia de justicia gratuita, la Comunidad de Madrid viene presupuestando desde el año 2008 una misma cifra anual, sistemáticamente muy inferior al gasto real del ejercicio precedente provocando su incapacidad para hacer frente cada año a las obligaciones de pago contraídas. A ello se une ahora el recorte anunciado que, suponiendo un ahorro insignificante de un 0,03% en el presupuesto total, compromete la continuidad de servicios que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente los de los
más vulnerables.

Ninguna otra Comunidad ha adoptado una medida equivalente situándose Madrid con estadecisión en una posición especialmente regresiva en materia de justicia pese a ser unaComunidad en la que concurren variables tan importantes como la capitalidad, la tasa de litigiosidad y la especial complejidad de su organización judicial que, sin duda, se verá afectada con la medida.

La decisión anunciada por la Comunidad de Madrid por lesionar gravemente el Derecho a la Tutela Judicial efectiva y situar a los ciudadanos en una posición de indefensión será combatida enérgicamente por el Colegio de Abogados de Madrid mediante el ejercicio de las acciones oportunas.

Desde DIARIOJURIDICO seguiremos informando de este contencioso, que, lejos de solucionarse, da la sensación que es como los incendios de verano, cualquier chispa puede reproducirlo, con el agravio que puede suponer para los abogados que viven de esta práctica, como de los propios justiciables, sin recursos económicos, y que según nuestra Constitución, tienen derecho a una tutela judicial efectiva.

Esperemos que el modelo de gestión de Turno de Oficio que el Ministro Gallardón quiere consensuar con las comunidades autónomas, tal y como se comentó en la Conferencia Sectorial con aquellas comunidades autónomas con competencias transferiedas en justicia,  sea suficiente para evitar problemas en este tema tan clave para nuestra sociedad. Sobre ese modelo nuevo de gestión, veremos al final si es esa Agencia Estatal que ha puesto sobre la mesa el propio Ministro o se buscará otra fórmula para que el modelo de justicia gratuita no quiebre y pueda funcionar de forma armoniosa.

 

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