Por Antonio Abril. Consultor Jurídico. Legal Manager IPS Farma 

            Mediante Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, se incorpora al Derecho español la Directiva 2009/109/CE modificadora de las Directivas 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE y 2005/56/CE, en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en caso de fusiones y escisiones.

Ésta simplificación en las obligaciones es consecuencia directa de una política diseñada por la Unión Europea para reducir costes y cargas en el derecho de sociedades. Entre los que destacan ejemplos recientes como la modificación de los requerimientos para constituir una sociedad anónima o sobre el mantenimiento y modificaciones del capital social (Directiva 2006/68/CE cuyo contenido se ha incorporado por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles). Por su parte, el legislador español ha proseguido por la senda de las reformas tendentes a la simplificación del derecho societario, en materias tales como la convocatoria de junta general, la publicidad de determinadas modificaciones estatutarias, el depósito de cuentas anuales o el régimen jurídico de la liquidación (todas ellas contenidas en la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital).

La promulgación del Real Decreto-ley 9/2012 implica la enésima modificación de la Ley de Sociedades de Capital, con objeto de añadir nuevas excepciones a la exigencia del informe de experto independiente para la valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima y para simplificar algunas particularidades del régimen jurídico de fusiones y escisiones.

Sobre éste último, simplifica, en determinados casos,  el número o el contenido de los documentos que han de ser puestos a disposición de los socios y agiliza las operaciones societarias. Establece la publicación, a través de la página web de la sociedad, de la documentación relativa al proceso de fusión o escisión, como alternativa a su depósito en el Registro Mercantil.

Sobre el derecho de oposición de los acreedores, amplía las posibilidades de acción para casos en los que, pese a la existencia de una prohibición legal, la fusión o escisión se lleve a cabo sin prestar las garantías necesarias a favor del opositor, concediendo a dicho acreedor la facultad de solicitar al Registro Mercantil que, mediante nota al margen de la inscripción, se haga constar el ejercicio del derecho de oposición y se permita, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la nota, presentar demanda ante el Juzgado de lo Mercantil contra la sociedad absorbente o contra la nueva sociedad solicitando la prestación de garantía del pago del crédito.

A través del Real Decreto-ley 9/2012, también se modifican las circunstancias relativas al derecho de separación de los socios en caso de fusión transfronteriza o en caso de traslado al extranjero del domicilio social; puesto que los socios de sociedades españolas que participen en una fusión transfronteriza intracomunitaria y que hubieran votado en contra del acuerdo de fusión, del cual resulte una sociedad que tenga su domicilio en otro Estado miembro, podrán separarse de la sociedad cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. También establece el régimen jurídico general de la página web y la previsión expresa de las comunicaciones electrónicas entre la sociedad y los socios, incluyendo una nueva Sección 4ª dentro del Capítulo II de la Ley de Sociedades de Capital. Dicho régimen jurídico sólo tiene carácter obligatorio para las sociedades cotizadas y en él se regula la creación, modificación, traslado y supresión de la página web, así como los deberes de los administradores sobre su contenido.

Volviendo a las fusiones y en relación directa con la página web corporativa, se establece la obligación, por parte de los administradores, de insertar el proyecto común de fusión en la página web de cada una de las sociedades que participen en la misma. De igual modo, antes de la publicación del anuncio de convocatoria de las juntas de socios que han de resolver sobre la fusión, los administradores estarán obligados a insertar en la página web (con posibilidad de impresión y descarga): el proyecto de fusión, los informes de los administradores de cada una de las sociedades y los informes de expertos independientes (si son preceptivos), las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios, el balance de fusión de cada una de las sociedades (cuando sea distinto del último balance anual aprobado), los estatutos sociales vigentes y los pactos relevantes, el proyecto de escritura de constitución de la nueva sociedad y la identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la cual desempeñan sus cargos. Si la sociedad no fuese cotizada y no tuviese página web los administradores deberán poner a disposición de los legitimados la misma información en el domicilio social.

Se exceptúa la necesidad de publicación o depósito del proyecto de fusión, así como del informe de administradores, cuando cada una de las sociedades que participan en la fusión haya aprobado dicho proyecto en junta universal y por unanimidad de todos los socios con derecho a voto.

La simplificación del derecho de sociedades suscita entusiasmo en los círculos políticos y económicos y está presente en la modernización de la estructura societaria española a través de nuestra propia legislación, de la trasposición de normativa europea y del derecho comparado. De entre los efectos conseguidos, cabe destacar la libertad de establecimiento, la simplificación del procedimiento de creación de empresas y de sus estructuras societarias y contables

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