La prohibición se hizo efectiva con la entrada en vigor de una norma aprobada en julio pasado y ratificada en octubre y avalada por la justicia.

La medida afecta a unos 130 locales y espacios municipales, desde centros cívicos hasta piscinas de esta circunscripción de Cataluña, principalmente dedicada a la actividad frutícola.

El alcalde de Lleida, Angel Ros, insistió en que el burka «discrimina» a la mujer, en declaraciones a Radio Nacional de España y precisó que para aplicar la ordenanza, los funcionarios responsable contarán «con los servicios de la Guardia Urbana en el caso de ser necesarios».

La nueva norma estipula que se podrá limitar el acceso a «personas que lleven el velo integral, pasamontañas, cascos u otras vestimentas o accesorios que impidan o dificulten la identificación y la comunicación visual de las personas».

Si bien el uso de estas prendas no es habitual en la ciudad sino de forma esporádica, la alcaldía leridana decidió esta prohibición tras una moción de los principales partidos en el poder local para defender los derechos de la mujer.

La medida provocó un recurso judicial de la islámica Associació Wataní per la Llibertat i la Justícia, que argumenta que se violan derechos fundamentales y solicitó al Tribunal Superior de Justicia la suspensión cautelar de su aplicación, que no prosperó.

«La única asociación que ha recurrido el recurso es el grupo más minoritario que existe dentro de la comunidad islámica del municipio», concluyó el alcalde.

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